El auto mediante el que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha aquilatado la imputación del fiscal general hasta situarlo más cerca del banquillo contiene algún pasaje de elogio a la UCO cuya sola inclusión permite hacerse una idea de la enorme presión institucional que debe de pesar sobre los agentes de la Guardia Civil que ofician de Policía Judicial en la instrucción de la causa contra Álvaro García Ortiz.
"Sobre su cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales, cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente", dice el magistrado para resaltar la diligencia con que se conduce la unidad del Instituto Armado en sus pesquisas.
El papel de la Abogacía del Estado
El que puso la proa a la Guardia Civil fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando desde Bruselas pretendió que toda España pidiera perdón a fiscal general del Estado tirando de la interpretación sesgada de uno de los informes de la UCO. Ocurrió el pasado 19 de diciembre. Ese día, el jefe del Ejecutivo se agarró al análisis de los investigadores sobre el teléfono móvil de García Ortiz en el que se significaba la inexistencia de comunicaciones durante los días clave en torno a la filtración de los datos personales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
En concreto, la Guardia Civil refirió haber hallado “cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado”. La conclusión de un Sánchez que obviaba el borrado de los mensajes es que se debía una disculpa a García Ortiz.
Las acometidas institucionales contra la labor de la UCO han venido también de parte de los propios señalados por los indicios policiales, como el propio fiscal general. Así, la Abogacía del Estado, en defensa de los intereses de este, ha llegado a atribuir a los agentes del Instituto Armado la comisión de imprecisiones e "irregularidades" en el desarrollo de las investigaciones que apuntaban al máximo representante del Ministerio Público como punto de origen de la filtración de datos de carácter personal concernientes a González Amador.
La avanzadilla
Al margen del propio concurso de terminales del Estado en esta campaña de descrédito a la que el Supremo trata de poner coto con aseveraciones como las contenidas en el auto del instructor de la causa contra el fiscal general, poner a la UCO en el disparadero parece haberse convertido en uno de los vectores clave en la estategia general de asimilar las causas judiciales que cercan al PSOE y al propio Gobierno con una campaña de la derecha en connivencia con las 'cloacas' del Estado. Y en esto la avanzadilla es José Luis Ábalos, quien ha fiado a su denuncia ante la Fiscalía contra ciertos procedimienos de la UCO a la (improbable) opción de lograr la nulidad de la causa que le ha llevado al Tribunal Supremo.
Pero hay otros, como el propio Koldo García, quien en una reciente entrevista concedida a Europa Press no se andaba por las ramas: acusaba a la UCO de "tergiversar" su información patrimoial y aseguraba que los agentes de esa unidad no estaban al servicio de la verdad, sino al de "sus generales".
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