La jueza Coro Monreal, al frente del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, ha suspendido la declaración a la que estaba citado este viernes el exdirector del ya extinguido Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Álvarez Conde acusado de malversación.
Así lo han confirmado fuentes próximas al caso, que han detallado que la decisión se ha comunicado a las partes de forma verbal sin justificar la razón de la suspensión.
En una providencia dictada el pasado 25 de septiembre, la instructora citaba a comparecer al catedrático de Derecho Constitucional por un delito de malversación de fondos públicos.
Recientemente, esta juez asumió esta causa tras ser rechazada por la juez Carmen Rodríguez Medel ante la pretensión de Coro de que se acumulara en el caso de las presuntas irregularidades detectadas en el máster que cursó Cristina Cifuentes.
El pasado lunes, la juez de Instrucción número 51 de Madrid dictó el sobreseimento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero seguirá investigando si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes.
Denuncia de la URJC
El pasado mayo, Ramos interpuso una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.
En la providencia, se mandan requerimientos a dos sucursales bancarias, una española y otra italiana, para que remitan información sobre los movimientos bancarios de las cuentas del instituto. Y que se detalle quiénes eran los administradores y cuántas tarjetas estaban asociadas a estas cuentas.
Malversación en el IDP
Ramos llevó las anomalías a los tribunales tras las "graves irregularidades económicas" detectadas en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
A su vez, exponía que el informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP "destapa" que el Instituto "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial".
"Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", recogía el informe.
También detectaba la existencia de transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago" y que hay "disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros".
"El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto...", exponía el documento.
