La Casa Real ha 'sacado un diez' en transparencia. Esto es lo que se desprende del informe agregado de la Evaluación de los Órganos Constitucionales y de Relevancia Constitucional, realizado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El estudio califica a la monarquía con un 100 sobre 100 en este ámbito.
De las siete recomendaciones para mejorar que Transparencia le otorgó en el año 2021, Zarzuela ha cumplido con al menos seis. En este punto hay una pequeña contradicción. Mientras que en el informe agregado, donde se incluyen todas las instituciones evaluadas, destaca que ha corregido las siete, el organismo asegura en el informe individual que han cumplido con seis: solo ha fallado en las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad de empleados.
En cualquier caso, la Casa Real ha pasado de sobra el examen de Transparencia y son, según su lista, la institución que mejor lo hace. En el informe individual se lee que "el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) se sitúa en el 93%. Respecto de 2021 se produce un incremento de 14,4 puntos porcentuales atribuibles a la aplicación de la mayoría de las recomendaciones efectuadas en 2021". Añaden, además, que el "CTBG no puede menos que valorar muy positivamente la evolución del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de la Casa Real".
Las seis correcciones que Zarzuela ha realizado a lo largo de este año incluyen la publicación de toda la información sujeta a obligaciones de publicidad activa en el Portal de Transparencia, aportar los datos estadísticos sobre contratos, publicar con periodicidad inferior a la anual la ejecución presupuestaria, actualizar las retribuciones de los máximos responsables, hacer públicas las indemnizaciones percibidas por Altos Cargos con ocasión del abandono del cargo y mejorar la calidad de la información en el aspecto de reutilización.
Las otras instituciones evaluadas
Además de la Casa Real, el estudio ha analizado el trabajo del Tribunal Constitucional (ha sacado igualmente un 100), del Defensor del Pueblo (100), del Consejo General del Poder Judicial (98,2), del Tribunal de Cuentas (98,2), del Senado (97,1), del Congreso de los Diputados (93), del Consejo de Estado (84,2), del Consejo Económico y Social (80,6) y de la Fiscalía General del Estado. De ellas, la que sale peor parada es esta última, que se ha quedado con 63,7% y solo ha cumplido con una de las ocho recomendaciones que le hicieron.
Casi a la par que la Zarzuela se encuentran el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, que también han alcanzado en el informe general un 100 sobre 100. No han conseguido el primer puesto porque no han realizado tantas mejoras como la Casa Real. Mientras que el TC ha aplicado tres de las cuatro recomendaciones derivadas de la evaluación realizada en 2021, el Defensor del Pueblo ha cumplido con las cinco que le hicieron.
Con respecto al resto de instituciones, el CGPJ ha cumplido con las cinco que le hicieron, pero en la evaluación de este año le ha añadido otras dos correcciones, por lo que se ha quedado en el cuarto puesto de este examen de Transparencia y ha sacado un 98,2. Por su parte, el Tribunal de Cuentas tuvo que llevar a cabo tres cambios para mejorar en este aspecto.
La institución que ocupa la sexta posición es el Senado. A lo largo del año pasado, solo solucionó cuatro de los cinco problemas que detectaron desde Transparencia, aunque en la valoración final también califican su trabajo "muy positivamente". En el séptimo puesto, y con una nota muy alejada de la del Senado (97,1 frente a 93) se encuentra el Congreso de los Diputados. En su caso, ha aplicado únicamente cinco de las ocho recomendaciones. Además, se han detectado otros fallos: dos de las citadas recomendaciones han sido correcciones parciales y, por otra parte, "aunque se publica la información estadística sobre contratación, los contenidos no se ajustan exactamente a lo estipulado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que en su artículo (LTAIBG) 8 a)".
Los tres últimos puestos son para el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y la Fiscalía General del Estado. El primero de ellos, ha solventado cinco de los nueve problemas; el Consejo Económico y Social diez de los 14 y la Fiscalía solamente ha corregido uno de los ocho. Además, esta institución debe corregir otras siete nuevas recomendaciones.
Transparencia destaca en el informe la mejora de las instituciones en este punto, pues "en promedio se publica casi el 96% de las informaciones obligatorias, aumentando notablemente la proporción de informaciones obligatorias que se publican respecto de 2021". Sin embargo, señalan que todavía hay pasos que mejorar.
Constantes acusaciones de opacidad
Este informe destaca en un momento clave para la Casa Real, con la llegada del rey Emérito a España. Es llamativo que haya sacado esta nota cuando durante casi dos años no se ha sabido prácticamente nada de él y cuando las críticas por opacidad son constantes. ¿Cuánto cuesta la monarquía a las arcas públicas? ¿Qué cantidad de personal tienen? ¿Quién pagaba los escandalosos caprichos del exmonarca? ¿Cuánto sabían de verdad sobre el caso Nóos? ¿Cuánto gana cada uno de los miembros de la familia? Son una muestra de las cientos de preguntas que durante mucho tiempo se ha hecho la sociedad sobre los Borbones y que no han obtenido respuesta.
Sin embargo, este año Zarzuela ha realizado una intensa labor para cambiar la imagen de opacidad que persigue a la Casa Real. En el mes de abril, Felipe VI hizo público un patrimonio personal de más de 2,5 millones de euros, algo que no se había hecho hasta ese momento. Lo hizo como medida de ejemplaridad y transparencia y para "dar cumplimiento a su compromiso de renovar la monarquía para un tiempo nuevo".
De este patrimonio acumulado desde 1998, 2,26 millones son depósitos bancarios y fondo de inversión y 305.450 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. Según el comunicado del Palacio de la Zarzuela, el Rey no tiene bienes inmobiliarios, ni tampoco dinero en el extranjero. También detalla que el monarca presenta cada año la declaración de la renta y del patrimonio asistido por la Agencia Tributaria.
El origen de su patrimonio se debe principalmente a las retribuciones que ha percibido del Estado en los últimos 25 años, tanto como Príncipe de Asturias como ya siendo rey. Esas retribuciones globales han ascendido a 4,27 millones de euros brutos.
Además, tal y como informó este periódico, los contratos de la Casa Real serán públicos y sometidos al principio de publicidad, y el personal de alta dirección de la Corona tendrá que presentar declaración de bienes.
