El Tribunal de Cuentas planteará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre la aplicación de la ley de amnistía y cómo debe actuar el órgano fiscalizador ante el procedimiento por los gastos millonarios del 'procés'. La consejera del departamento de Enjuiciamiento ha dictado una providencia dando audiencia a la Fiscalía y a las partes para que se pronuncien sobre este aspecto.
Ente las cuestiones a trasladar a Europa se encuentran la interpretación que el TJUE viene realizando sobre determinados preceptos del derecho comunitarios y que chocarían con los planteados por la Ley Orgánica de la Amnistía. Los artículos cuestionados por el órgano fiscalizador son los relativos a la "lucha contra el fraude y toda la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE". Unos preceptos relacionados con el principio de cooperación legal, principios de igualdad, de no discriminación, seguridad jurídica o principio del Estado de Derecho.
Un proceso fiscalizador en el que la Fiscalía pide a los demandados un total de 3,4 millones de euros por los gastos del 'procés' con dinero público, mientras que Sociedad Civil Catalana solicita más de 5 millones. La cifra exigida por el fiscal jefe, Manuel Martín-Granizo, es el resultado de la suma de los gastos derivados de la consulta de 2014, con Artur Mas a la cabeza de la Generalitat, con más de tres millones y los 883.695 euros de 1 de octubre de 2017.
Ahora, el Tribunal de Cuentas acuerda que el plazo para dictar sentencia queda suspendido hasta que se resuelva definitivamente sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE. Por su parte, Fiscalía y las defensas cuentan con un plazo de diez días para que se pronuncien sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial.
Ya el pasado mes de diciembre, los abogados de los demandados, entre los que se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros exaltos cargos del Govern, solicitaron que se suspendiera la tramitación de la causa por motivo de la tramitación de la ley acordada con los socialistas. Mantenían que la futura aprobación de la ley de amnistía, ya en vigor, dejaría sin efecto cualquier sentencia dictada por el órgano fiscalizador.
Por su parte, el Ministerio Público manifestó su intención de seguir adelante con el procedimientos, al menos, hasta que la norma fuese publicada en el BOE. No obstante, ya dejaba entrever su posición al incluir en su escrito de conclusiones que la norma tramitada en las Cortes "extinguirá la responsabilidad contable" que se juzga esta causa.
Y es que el texto aprobado por el Congreso, gracias a la mayoría liderada por Sánchez y sus socios, recoge expresamente -además de la exoneración de los delitos penales-, aquellos aspectos relacionados con el orden contencioso-administrativo y contable. La norma incluye en su artículo 1 aquellos "actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023".
De esta forma, quedarían incluidos en la amnistía los delitos contables cometidos por la administración de Artur Mas. Los de Junts consiguen, así, amnistiar las multas interpuestas por el 'procés', lo que abocaría al Tribunal de Cuentas a anular la condena de 5 millones de euros al expresidente catalán por el 9-N.
