Ofensiva de los jueces para consultar si aplican la Ley de Amnistía o recurren a Europa para bloquearla

La Ley de Amnistía ha entrado en vigor. A primera hora de este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo y ratificada por el rey Felipe VI.

Con su publicación en el BOE, finaliza el recorrido político de la ley y comienza ahora su recorrido jurídico. Después de su entrada en vigor, quedan eliminados todos los cargos pendientes a más de 1.000 personas, entre ellos, independentistas catalanes involucrados en distintos procesos relacionados con causas de terrorismo, malversación de caudales públicos y otros delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O en 2017.

De esta manera, y como especifica la Carta Magna, a partir de ahora, los tribunales cuentan con dos meses para tramitarla, aunque puede que dicho proceso se alargue más tiempo. De momento, desde que se ha conocido su entrada en vigor, estos han comenzado a mover los hilos para saber si deben aplicarla o, por el contrario, bloquearla.

Así, diversos tribunales han empezado a preguntar a las partes sobre cómo afecta la norma a los distintos procedimientos.

Llarena y la orden de detención contra Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado a la Policía que la orden nacional de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue activa pese a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. Además, ha pedido opinión a la Fiscalía sobre si le afecta la norma o si la malversación que se le imputa queda fuera del perdón.

Con la entrada en vigor de la amnistía, el alto tribunal ha pedido a acusaciones y defensas que presenten sus informes sobre cómo afecta la norama a los respectivos procedimientos, tanto el relativo al 'procés' por el que algunos líderes fueron condenados y otros huyeron, como el del 'caso Tsunami Democràtic', que también implica a Puigdemont.

En el caso de Llarena, instructor de la causa que afecta a Puigdemont, a Marta Rovira, y a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, que nunca llegaron a ser juzgados al huir del país, pide a las partes que informen sobre "la aplicabilidad o inaplicabilidad" de la amnistía a los distintos hechos que se le atribuyen. El juez quiere saber qué opinan "sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares" contra ellos.

Marchena da el mismo plazo

Por otro lado, el tribunal que dictó la sentencia del juicio del 'procés', presidido por Manuel Marchena, ha dictado otra providencia en la que da el mismo plazo a los fiscales, a la acusación de Vox y a las defensas de los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que informen acerca de si la amnistía cubre el delito de malversación por el que fueron condenados. Da ese mismo plazo a Clara Ponsatí para que se pronuncie sobre el delito por el que fue procesada.

Como en el caso de Llarena, los jueces de la Sala de lo Penal recuerdan que la ley señala que "sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (…) cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley".

Polo y los acusados de terrorismo

Por último, la magistrada Susana Polo, que investiga a Puigdemont y a Rubén Wagensberg por presunto terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic, ha concedido diez días a las partes para que se pronuncien sobre si los hechos que se les imputan entrarían en el perdón fijado en la ley.

El Tribunal de Cuentas va más allá

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano Jávega, ha ido más allá y ha solicitado a la Fiscalía y al resto de partes que informen sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el 'procés'.

La consejera a cargo de este procedimiento contable, que ha suspendido el plazo para dictar sentencia, cuestiona si cinco preceptos de la ley "podrían oponerse a la interpretación" que viene realizando el TJUE del derecho comunitario, en relación, por ejemplo, a la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", entre otros.

La consejera del Tribunal de Cuentas también cuestiona en su resolución los preceptos de la ley que regulan los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, la obligación de tramitar la norma con carácter preferente y urgente, y el que afecta específicamente a un procedimiento contable.

Este procedimiento afecta a más de una treintena de ex altos cargos catalanes, incluidos los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, por su presunta responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para el proceso independentista catalán. También el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y dos exconsellers del Govern, de ERC.

El TSJC: cinco causas enmarcadas en el 'procés'

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tampoco ha tardado en pedir a acusaciones y defensas que se pronuncien sobre si debe aplicar la amnistía a cinco causas enmarcadas en el 'procés', entre ellas la de los preparativos del 1-O y las condenas por desobediencia a los expresidents Artur Mas y Quim Torra.

La Justicia catalana también ha movido ficha y ha dado diez días a Fiscalía, acusaciones y defensas para que emitan sus informes en relación con la aplicación de la ley a cinco de las causas que tiene en sus manos.

Se trata del caso por malversación por los preparativos del 1-O, que afecta a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y está pendiente de juicio, así como las condenas por desobediencia a Artur Mas -por organizar la consulta del 9-N-, a Quim Torra -por negarse a retirar un lazo amarillo de la Generalitat-, así como al exalcalde y exconseller de ERC Bernat Solé y al exdiputado de la CUP Pau Juvillà.

La Audiencia Nacional y 'Tsunami Democràtic'

Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa de Tsunami Democràtic por delitos de terrorismo para que también en el plazo máximo de diez días informen sobre la aplicabilidad o no de la ley de amnistía a los investigados.

En una providencia, el magistrado señala que "de conformidad con lo dispuesto en el art 9.1. de la ley, 'La amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos judiciales determinados en el artículo 11 de esta ley, de oficio o a instancia de parte o del ministerio fiscal y, en todo caso, previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes'".

Tal y como recuerda el magistrado, los investigados por esta causa en la Audiencia Nacional son Marta Rovira, Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay Rodríguez, y otras personas vinculadas al independentismo catalán como Josep Campmajo Caparrós; Marta Molina Álvarez; Oleguer Serra Boixaderas; Oriol Soler Castanys; Xavier Vendrell Segura; Jesús Rodríguez Selles; Jaume Cabani Massip y Nicola Flavio Guilio Foglia.