El Gobierno del PP tiene prisa para tumbar cuanto antes la resolución soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña en enero del pasado año. Para eso necesita agilizar la decisión del Tribunal Constitucional, atascada ahora por un virtual empate entre sus miembros. La idea de que se repita el caso del Estatut, que permaneció atascada durante casi cuatro años, horripila en La Moncloa. La situación catalana es tan delicada que el Gobierno pretende agilizar los trámites para que el Tribunal se manifieste en forma diáfana contra esta iniciativa parlamentaria. Se trataría de una victoria jurídica de notables repercusiones políticas dentro del farragoso pulso que el gobierno de Artur Mas mantiene con el Estado.
Intento fallido
El primer intento en el Constitucional por solventar este trámite resultó fallido. Un fiasco. Un serio revés para los intereses del Gobierno. La ponencia elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Adela Asúa, una nacionalista que ocupa ese cargo a propuesta del PSOE, resultó una sorpresa y un desastre. El borrador de la ponente afirmaba que la declaración de la Cámara catalana no incurre en defecto de inconstitucionalidad por tratarse de un texto estrictamente político sin consecuencias jurídicas. La fractura en el seno del Constitucional fue notoria. Seis votos contra cinco. Un resultado muy estrecho. Pretende el Gobierno que el rechazo a la iniciativa catalana resulte más claro y contundente para despejar todas las dudas sobre una cuestión que considera crucial.
Para ello ha dispuesto acelerar los trámites en la designación del nuevo magistrado que ha de suceder en el Tribunal al fallecido Francisco Hernando. La maquinaria ya se ha puesto en marcha. El nuevo miembro del Constitucional ha de ser normbrado por la vía autonómica, por lo que el Senado trabaja a toda velocidad para cerrar cuanto antes la elección. Es muy posible que el pleno de la Cámara Alta solvente la selección del aspirante antes de dos semanas, y pueda tomar posesión este mismo mes.
De esta forma, la incorporación del nuevo miembro, que lo sería a instancias de la mayoría del PP, disolvería el empate actual. De un raspado 6 a 5 se pasaría a un 7 a 5, un resultado mucho más holgado y, por ende, más airoso que el actual. El Gobierno pretendía que al menos 8 magistrados votaran contra la resolución catalana pero no ha sido posible. La minoría denominada 'progresista' apoyó semanas atrás el documento de la magistrada Asúa. Ahora la ponente elabora en estos días un nuevo texto, quizas más conciliador, para conseguir que pase el filtro del Tribunal.
El precedente del Estatut
En el caso de que no sea así, el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, decidido a sacarse este asunto con la mayor celeridad posible, tiene proyectado encargarle la sentencia a otro ponente, para eludir el actual impasse, de acuerdo con fuentes jurídicas. Un trámite muy polémico, que se prtende evitar a toda costa. Pérez de los Cobos está determinado a que no se repita lo que ocurrió con el famoso debate sobre el Estatut, cuyas deliberaciones se prolongaron durante meses y años sin dar con una solución satisfactoria. La imagen del TC resultó sumamente dañada en aquella ocasión. Esto no puede repetirse.
A ello se suma el hecho de que el Gobierno tiene también prisa en que el Tribunal tumbe cuanto antes la propuesta soberanista. Lo que ocurrirá, de acuerdo con las mismas fuentes, antes de las elecciones europeas. Una cuestión fundamental para los intereses del PP, ya que este atasco jurídico juega en contra de su interés por aislar legalmente la deriva secesionista de Artur Mas.
Mariano Rajoy contaba con que Pérez Rubalcaba habría sondeado a la ponente Asúa para que fuera capaz de elaborar un texto que concitara la adhesión de una mayoría del Tribunal. No fue así. Asúa fue por libre lo que produjo una enorme contrariedad en La Moncloa.
El candidato conservador
La designación del nuevo magistrado, perteneciente a la mayoría conservadora, deshará el equilibrio en la votación. Siete votos son muestra sufuiciente del rechazo al texto catalán. Quizás se logre alguno más, pero nadie cuenta ya con ello. El candidato más favorecido para sentarse en el TC es, según todas las versiones, Ricardo Enríquez, magistado del Supremo, avalado por ocho comunidades autónomas del PP. Cataluña ha propuesto a Antoni Rovira, nacionalista, pero se trata de un empeño simbólico y seguramente inútil.
Contar con una mayoría conservadora en el Constitucional puede ser de enorme eficacia para los planes del Gobierno, que no tendrá ya que pugnar en esta instancia jurídica para desatascar asuntos importantes que permencen ahora pendientes de resolución.
Este martes se supo que la Generalitat de Cataluña piensa recurrir en bloque cuatro reformas del Gobierno por considerarlas como "una reforma de la Constitución encubierta". Las leyes impugnadas son las de administración local, evaluación ambiental, unidad de mercado y la Ley de Educación. El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, señaló que pretenden "desnudarnos de nuestra capacidad de decisión en materias como la educativa, la lingüística, la económica o la medioambiental". Más trabajo, pues, para el TC, que con su nueva incorporación podrá ir dando salida, sin demasiados prolegómenos o disputas, asuntos que son particularmente sensibles en el momento político en el que nos encontramos.
