Francisco Granados ponía las influencias políticas y su mano derecha hacia el resto con la ayuda de su esposa. Las detenciones dentro del caso Púnica de Ignacio Palacios Arazuri, jefe de Gabinete del dirigente del PP madrileño durante toda su carrera política, y su mujer, María José Marijuan Alonso, han servido para estrechar el cerco judicial sobre el que fuera número 3 del Gobierno de Esperanza Aguirre y que permanece encarcelado desde su arresto en octubre de 2014. Como adelantó ayer en exclusiva Vozpópuli, el matrimonio fue arrestado el martes pasado por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que los considera presuntos 'testaferros' del político para que éste se hiciera con contratos públicos. De hecho, la mujer ha figurado como administradora de tres empresas dedicadas al marketing. Con una supuestamente consiguió adjudicaciones en Madrid para organizar todo tipo de actos, como inauguraciones y la colocación de primeras piedras. Otra ya había sido investigada en uno de los sumarios que se instruye en Baleares contra el expresidente Jaume Matas.
La mujer de la mano derecho de Granados ha figurado como administradora de tres empresas, una de ellas ya investigada en un sumario de Baleares contra Matas
Los arrestos se realizaron en Valdemoro, la localidad donde el matrimonio reside y que se ha revelado como el auténtico epicentro de la trama de corrupción. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no sólo procedieron a practicar las detenciones, sino que también registraron la vivienda en este municipio que ambos ocupaban y otros dos inmuebles, uno en la provincia de Ávila y el segundo en el mismo Valdemoro propiedad de Granados. Para realizar este último, el magistrado ordenó que el político fuera trasladado desde la cárcel madrileña de Estremera, donde esta recluido, para que estuviera presente. Según fuentes cercanas a la investigación, se encontró abundante documentación que va a ser analizada para encontrar nuevas pruebas sobre los negocios ocultos del dirigente 'popular'.
La declaración de Marjaliza
En toda esta operación ha sido clave el testimonio prestado por el amigo de Granados y también cabecilla de la trama, el constructor David Marjaliza, quien poco antes del verano llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para tirar de la manta a cambio de un trato benévolo en el futuro juicio. De hecho, las once horas de declaración que prestó ante el juez han permitido ahondar en buena parte de las pesquisas ya iniciadas, pero también abrir nuevas líneas de investigación. Entre ellas se encuentra la que ha desembocado ahora en el arresto de la mano derecha de Granados y su esposa.
Ignacio Palacios, que será interrogado este jueves como imputado por el juez Velasco, ya había prestado declaración en el 'caso Púnica' como testigo
Ignacio Palacios lleva estrechamente ligado a Granados desde que éste se hizo con la alcaldía de Valdemoro en 1999. En este consistorio fue responsable de personal y cuando el político dio el salto al Ejecutivo autonómico, se convirtió en jefe de su gabinete. Con Granados como número 3 del Ejecutivo autonómico también ocupó el puesto de director general del Centro Regional de Coordinación e Información y fue nombrado consejero de las empresas públicas Campus de la Justicia de Madrid SA, y Arpegio, la sociedad ahora bajo sospecha en el 'caso Púnica' por la gestión que hizo de los fondos Prisma. Cuando Granados fue arrumbado en el Senado, Palacios se convirtió en directivo de la empresa Vía y Obras, propiedad del constructor Ramiro Cid Sicluna, también imputado en el sumario .
Varias llamadas y un yate
El nombre de Ignacio Palacios ya había aparecido en varias ocasiones en el sumario del 'caso Púnica' e, incluso, él mismo había tenido que ir a declarar como testigo. Este jueves, sin embargo, lo hará como imputado. Así, por ejemplo, algunos informes de la Guardia Civil sobre las intervenciones telefónicas recogen numerosas conversaciones que éste mantuvo con Granados y que ya entonces los agentes consideraron relevantes para la investigación. Además, el juez Velasco le interrogó el pasado 5 diciembre para conocer detalles sobre el yate de 15 metros de eslora que disfrutaban Granados y Marjaliza, pero que sobre el papel era propiedad de la familia de José Miguel Villar Mir, dueño de OHL. El juez quería saber quién pagaba los gastos de mantenimiento de la embarcación y si, como sospecha, el verdadero propietario de la misma era el político 'popular' y el constructor. Su antiguo jefe de gabinete se escudó en muchas ocasiones en el "no sé" para no salpicar a su jefe. Lo único que reconoció fue que "el señor Granados alguna vez manifestaba su indignación con Javier López Madrid [yerno de Villar Mir] porque le reclamaba dinero del barco, pero no sé en concepto de qué", añadió. Ahora las preguntas abarcarán muchos más detalles de sus negocios con el encarcelado cabecilla de la trama.
