Desde este viernes, 109 escoltas engrosan las filas del paro. Y no se trata de un grupo de profesionales cualquiera: son los últimos especialistas en seguridad privada que protegían a políticos y empresarios durante los 'años de plomo' en el País Vasco, cuando el terrorismo de ETA ni siquiera permitía que estas personas salieran a la calle sin que alguien les guardara las espaldas.
Más de cinco años tras el cese definitivo de la violencia y con un desarme anunciado para el próximo 8 de abril, el Ministerio del Interior ha retirado el servicio de protección que aún conservaban un centenar de amenazados por la banda. En un país con más de 13.000 licencias de escolta y sin la amenaza de la banda terrorista, la mayoría se verán condenados al desempleo de larga duración.
La situación ha llevado a la desesperación a muchos de estos profesionales. Según relata José A. Carbonell, vicepresidente de la Asociación Marea Negra por la seguridad privada y escolta de empresarios, "algunos ya no pueden pagar el alquiler ni tienen para comer. Son profesionales que se han visto en la calle de la noche a la mañana".
Durante los años en los que el terrorismo azotó el país con más dureza, llegaron a ser 3.800. A partir de 2012, sin embargo, llegó la retirada progresiva de la protección y la época de las promesas incumplidas. Según Marea Negra, el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, prometió a estos trabajadores en 2011 que se encargaría de su recolocación en consulados, casos de violencia machista y vigilancia en prisiones.
La promesa la extendió en 2014 el por entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que justificó su plan de privatización de las cárceles alegando que se recolocaría a muchos de estos escoltas en tareas de vigilancia de los perímetros exteriores de los centros. Todo fue, según Carbonell, "una mera promesa que no se cumplió".
Algunos ya no pueden pagar el alquiler ni tienen para comer. Son profesionales que se han visto en la calle de la noche a la mañana"
Ahora el colectivo de escoltas vuelve a plantear una salida que lleva un tiempo debatiéndose: reocupar a estos especialistas en el ámbito de la violencia de género. Desde Marea Negra aseguran haber elaborado un estudio en el que demuestran que el gasto para la protección de las mujeres maltratadas en España es muy alto y, además, ineficaz. Y por eso proponen "un proyecto de colocación a nivel nacional" para estos profesionales que estaría basado en la asignación directa de un escolta a todas las denunciantes a través de los juzgados de guardia, en los que, proponen, se pondría a su disposición a 3 ó 4 profesionales preparados para ello en caso de incidencias.
Esta asignación se produciría con independencia del nivel de riesgo sufrido por la víctima porque, según explican, la "incertidumbre" y el "tedioso" proceso judicial al que se tienen que enfrentar las mujeres maltratadas hasta que se les concede vigilancia o una orden de alejamiento les ahuyenta de denunciar. Y eso en el mejor de los casos: en el transcurso de la valoración del riesgo, las víctimas pueden ser asesinadas.
"El riesgo existe desde que la mujer pone la denuncia", relata Carbonell, que insiste en que, en el espacio de tiempo en el que el juez decide si conceder o no protección a una víctima "están muriendo mujeres". El vicepresidente de Marea Negra defiende que la protección de un escolta sería la herramienta más efectiva para las denunciantes frente a sistemas como las casas de acogida -que están "colapsadas"-, el 016 -que muchas temen marcar al quedarse grabado en el terminal- o las pulseras telemáticas, un sistema que "ni siquiera ven fiable los jueces" ya que activa las alarmas por problemas de batería, genera incidencias con el GPS por falta de cobertura o es inútil si el agresor utiliza un inhibidor.
Un modelo eficaz en País Vasco y Navarra
En la actualidad, alrededor de 150 escoltas trabajan protegiendo a las mujeres víctimas de violencia de género en País Vasco y Navarra. Se trata de casos de especial riesgo en los que cada escolta tiene asignadas "entre 10 y 11 mujeres", según confirma Carbonell.
Esta enorme carga de trabajo y el "100% de efectividad" del sistema justificaría, para Marea Negra, que este modelo se extendiera al resto del territorio español. Se trataría, además, de una forma de "liberar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" de estos menesteres, empleando a profesionales con una formación y especialización que sólo necesitaría de reciclaje.
