El expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido puesto en libertad este miércoles tras la orden de liberación emitida por el Tribunal Constitucional del país.

Así, el exmandatario ha salido de la cárcel de Barbadillo a las 18.30 horas (local), según ha informado el diario peruano 'El Comercio', y a pesar de que una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se oponía a ello.

Tras su excarcelación, ha sido trasladado a la vivienda de su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori, que en principio será su residencia permanente.

Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Tras varios años de trabajo del equipo de abogados del expresidente alegando problemas de salud por su avanzada edad, el Constitucional ha acabado dando 'luz verde' a su excarcelación.

Keiko y Kenji Fujimori, hijos del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), se han desplazado hasta el centro penitenciario donde se encontraba su padre ante los rumores previos sobre su liberación. Hasta el lugar también se trasladaron numerosos parlamentarios.

Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal por esterilizaciones forzosas a 350.000 mujeres y 25.000 hombres.

Asimismo, decenas de simpatizantes del expresidente peruano se habían concentrado en los exteriores de la cárcel a la espera de que Fujimori saliese de prisión, un objetivo perseguido por él y su equipo de abogados desde hace años, pero que la Justicia ha impedido en varias ocasiones.

Fujimori: matanzas y esterilizaciones forzosas

Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.

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