Ecuador atraviesa una de las mayores crisis de su historia, con el recién declarado "conflicto armado interno" que ha enfrentado al Estado con las bandas, en un estallido de violencia que ha provocado ya decenas de muertos y cientos de rehenes en las prisiones nacionales. Para gestionar el caos, su presidente, Daniel Noboa, ha anunciado que emprenderá un "urgente saneamiento del sistema penitenciario" con un comunicado, en el que comparte sus planes de construir dos prisiones de máxima y supermáxima seguridad.
Con este planteamiento de reforma del rendimiento de cuentas en su país, Noboa se acerca a la senda de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador cuyo Centro de Confinamiento del Terrorismo encierra a miles de pandilleros -un 90% sin una sentencia firme-. La medida al salvadoreño le ha granjeado tanto seguidores, por su persecución del crimen en el país, como detractores, por su falta de respeto a las convenciones de derechos humanos -el propio Bukele ha acusado al Comité Internacional de DDHH de estar del lado de los delincuentes por sus críticas-.
Con esta decisión, por su parte, Daniel Noboa trata de sanear un sistema penitenciario que, dice, lleva décadas "controlado por las mafias". Los "desmanes" en las cárceles y calles, ha dicho Noboa en el comunicado emitido en vídeo, son un símbolo del "temor" de los criminales a sus medidas. Cabe a destacar que el estallido de violencia desatado esta semana puede tener como punto de partida la fuga de 'Fito', uno de los criminales más peligrosos del país y al que se le señalan "actividades terroristas", de la cárcel en la que se encontraba recluido en Ecuador.
"Centros de privación de libertad" en lugar de prisiones: el plan de Noboa en Ecuador
"No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga el país", ha sentenciado Noboa. Para llevarlo a cabo plantea la construcción de dos prisiones -a las que denomina "centros de privación de libertad"- con módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada o guardias sin rostro.
Con este planteamiento, Noboa habla de controlar no la criminalidad, sino, con un término más duro, el terrorismo y al crimen organizado. Cabrá la posibilidad de extraditar a los actores más peligrosos.
A todo ello lo acompañará un endurecimiento de las leyes y "jueces más honestos" en una previsible depuración de la judicatura por parte del Ejecutivo.
La medida ya estaba en los planes del Gobierno antes de que se declarara el conflicto. En una conversación con el canal Ecuavisa, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ya planteó la creación de un total de tres prisiones, siendo dos de ellas "cárceles específicas". Las dos presentadas por Noboa, que se llamarán Pastaza y Santa Elena, son posiblemente las de carácter 'específico', cuyo funcionamiento o finalidad están aún por esclarecer.
Cerca de 200 rehenes retenidos en las cárceles
El servicio nacional de prisiones de Ecuador (SNAI) ha confirmado que al menos 178 personas siguen retenidas en siete cárceles del país. Concretamente, son 158 agentes de los servicios penitenciarios y 20 del administrativo retenido.
Desde que comenzó el 'conflicto', las prisiones han sido el escenario de algunas de las escenas más duras, con ejecuciones a los rehenes grabadas por los asaltantes que se han difundido en vídeo en las redes sociales.
"Trabajamos de forma permanente, continua y responsable para salvaguardar la integridad del personal penitenciario", ha expresado el servicio de prisiones en un comunicado.
Estas personas se encuentran retenidas en las cárceles de El Oro, donde se han registrado "incidentes" que todavía no han sido sofocados, así como en Cotopaxi, Loja, Azuay, Tungurahua, Cañar y Esmeraldas, donde los presos han intercambiado disparos con los militares que se encuentran en el exterior, según reporta Europa Press.
Este miércoles por la noche, la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime con 135 votos el Decreto 111 presentado por el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, en el que se declara como conflicto armado interno la actual crisis de seguridad en el país, se califica como terroristas a 22 grupos delictivos y se aprueba la intervención de las Fuerzas Armadas para neutralizarlos.
