La resolución del concurso público que ha servido para elegir a los 20 aspirantes a sustituir a Rosa María Mateo al frente de Radiotelevisión Española ha recibido varios recursos por las irregularidades que algunos de los candidatos excluidos consideran que han acompañado al procedimiento. Uno de estos alegatos, firmado por el periodista Alfonso Díez, denuncia la mala praxis del Comité de Expertos que se encargó de evaluar los proyectos presentados por los 95 candidatos. También incide en que sus miembros podrían haber prevaricado a la hora de establecer la puntuación de los presidenciables.
En el recuso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el candidato expone que la puntuación que se le ha adjudicado por sus méritos profesionales, de 42,37 puntos, no se corresponde -según las normas del concurso- ni con el currículum presentado ni con la trayectoria que ha acreditado. "Mis méritos acumulados a lo largo de 49 años de profesión periodística y 45 en RTVE arrojan la cifra de valoración, conforme al baremo (del concurso) de 67 puntos (...) y no de 42,37.
Para Díez, esto vulnera las reglas del procedimiento y convierte la resolución del Comité de Expertos en "nula de pleno derecho" por "desentenderse del procedimiento de puntuación establecido". Y añade: "Además, se puede suponer que esa conducta de sus miembros (...) es incurrir en el tipo penal de prevaricación, de considerarlos funcionarios públicos por el ejercicio de funciones que se les confió para este negociado".
La resolución de los 'expertos', cuestionada
El candidato señala en su recurso que todo el concurso público ha estado "viciado" por los cambios continuos en sus reglas de funcionamiento, que se han realizado al margen de la norma de la convocatoria. "El plazo de admisión de candidaturas se cerró el 30 de julio, cuando todavía no se conocía la composición del Comité de Expertos que haría la valoración, ni el baremo que se pensaba aplicar", ni "cómo se debía presentar la documentación", expone.
A partir de ahí -continúa-, se fueron incorporando normas al margen de la convocatoria, como las que determinaban la puntuación que recibirían los aspirantes a presidir RTVE por su currículum y por el proyecto de gestión que estaban obligados a presentar.
Entre otras cosas, Díez apunta a que el reglamento del concurso se pedía a los candidatos que presentaran un proyecto de gestión que debía haberse valorado como un "todo indivisible". Sin embargo, en mitad del proceso, y cuando el 'Comité de Sabios' ya tenía en las manos todos los documentos presentados por los candidatos, decidieron establecer un baremo y crearon tres apartados y cinco subapartados, lo cual supondría una modificación de las bases del concurso.
En el reglamento del concurso, también se especifica que las decisiones de la citada Comisión debían ser avaladas por una mayoría de sus miembros, bajo la dirección de un presidente y la certificación de un secretario. Aun así, en la resolución no se habla de la certificación de secretario alguno, ni de los miembros que asistieron a cada reunión, ni de las valoraciones de los expertos de cada uno de los candidatos.
Todas estas acciones erráticas -en su opinión- han creado una "enorme inseguridad jurídica" y han "liquidado la apariencia de imparcialidad" que debe regir la actuación de todo funcionario público. Por estas razones, Díez solicita que se proceda a la "inmediata anulación" de la resolución del Comité, en corrección del "atropello" que considera que ha padecido.
Procedimiento torpedeado
El recurso de Díez, presentado el pasado 27 de diciembre, es uno de los varios que amenazan con paralizar el procedimiento, ante las supuestas irregularidades que le han acompañado. Esto podría retrasar la sustitución de Rosa María Mateo al frente de Radiotelevisión Española, lo que, en principio, beneficiaría a Moncloa.
Vozpópuli ha tenido acceso a varios de estos alegatos, en los que se critica desde los fallos procedimentales que ha cometido este grupo, de 17 personas, hasta la subjetividad que han demostrado al evaluar a los candidatos, que ha perjudicado a algunos de ellos, consideran. El de Alfonso Díez ha un paso más allá y habla de la posible prevaricación cometida por los 'examinadores' de los candidatos.
