Cuentan dos altos ejecutivos de las televisiones privadas que, en 2013, antes de que el Tribunal Supremo ordenara el cierre de 9 canales por haber sido repartidos "a dedo" por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se reunieron con José Manuel Soria para trasladarle su preocupación al respecto. Tras escuchar sus quejas, el ministro les animó a mantener la calma y a no conceder una excesiva importancia a este asunto, pues el proyecto de su departamento era el de blindar estas licencias contra cualquier decisión judicial. Pocos días antes de que terminara ese año, el Alto Tribunal falló en contra de Atresmedia, Mediaset, Vocento y Unidad Editorial, lo que obligó a clausurar las cadenas. Eso abrió una grieta entre el Ejecutivo y estas empresas que nunca se ha cerrado.
Uno de estos dos directivos no duda en situar a Soria entre los peores gestores del sector audiovisual desde la Transición. “Siempre ha hecho lo contrario de lo que nos ha dicho. Nos ha mentido constantemente, sin rubor”. Y, lo peor: no sólo ha dejado sin resolver algunos graves problemas del sector, sino que ha creado otros que han costado muchos millones de euros al Estado.
Las televisiones privadas acusan a Soria de haberles mentido de forma recurrente durante toda la legislatura
A las televisiones privadas -siempre según la versión de estas empresas-, les prometió un Real Decreto que protegiera a sus canales de la acción del Tribunal Supremo, pero no cumplió su palabra. Nueve cayeron y otros ocho estuvieron a punto de desaparecer. Este hecho lo evitó un acuerdo extrajudicial alcanzado entre las televisiones y quienes habían denunciado la adjudicación ilegal de esas cadenas que obligó a estos medios de comunicación a desembolsar, a escote, 20 millones de euros.
Este pacto no se forjó a espaldas del Ejecutivo, puesto que los pagadores acudieron a Moncloa para informar a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría sobre su cara maniobra para salvar sus ocho canales amenazados. Pero, en ese proceso, Soria "quedó en un segundo plano" ante la desconfianza que generaba entre los firmantes del acuerdo, explican estos informantes.
Resulta imposible realizar una estimación acerca del precio político que ha pagado el Partido Popular como consecuencia del cierre de canales que el Gobierno no pudo o no quiso evitar. Ahora bien, el propio Mariano Rajoy atribuyó a la línea editorial contraria al Gobierno de cadenas como Cuatro y La Sexta la pérdida de fuerza de su partido en las elecciones autonómicas y locales del pasado 24 de mayo. Y no es ningún secreto que en las mesas de debate de estos canales ha sido la formación conservadora la que más críticas ha recibido durante la segunda parte de la legislatura.
La UE amenaza con un castigo ejemplar a España
Pero este problema no es el único relacionado con el sector audiovisual en el que la actuación de Soria ha sido cuestionada. Entre las cuentas pendientes que deja el ministro también se encuentra la relativa a las ayudas a la Televisión Digital Terrestre que el Gobierno concedió por un importe de 260 millones de euros y que la Comisión Europea obliga a devolver, al considerar que fueron adjudicadas de forma irregular.
Estas subvenciones salieron de las arcas del Estado a partir de 2005, después de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobara una línea de ayudas para que los habitantes de las zonas en las que resulta más complicado recibir la TDT -por causas geográficas- pudieran dar el salto del sistema analógico al digital, ante el apagón que estaba programado para cinco años después.
España no ha recuperado aún ni un euro de los 260 millones de ayudas a la TDT que concedió durante una década de forma ilegal
La Comisión Europea consideró que, a la hora de conceder estas ayudas, el Gobierno discriminó a otras compañías que también estaban capacitadas para llevar la cobertura de televisión a las zonas de sombra, como las de satélite. Eso obliga al Ejecutivo a reclamar estas subvenciones a cada comunidad autónoma beneficiaria y, posteriormente, confiar en que cada una de las regiones sea diligente a la hora de solicitar la devolución del dinero a las empresas concesionarias. Entre ellas, Abertis.
Pese a que el requerimiento de la Comisión Europea se produjo en 2013, España aún no ha recaudado ni un euro de estas subvenciones, lo que puede derivar en multas millonarias. Y, en estos casos, esta institución actúa con suma dureza, como se demuestra en un caso similar acaecido en el sector turístico italiano, en el que la UE multó al país transalpino con 12 millones de euros por cada semestre de retraso en la recuperación de unas ayudas públicas.
El “desastre” del dividendo digital
Si en este asunto la actuación de Soria ha sido ampliamente criticada, no lo ha sido menos en el relativo al primer dividendo digital. Es decir, al cambio de ubicación de los canales de la TDT dentro del espectro radioeléctrico para que las empresas de telecomunicaciones puedan dedicar más espacio a sus servicios de internet de banda ancha.
Cuando el dimitido ministro llegó a Moncloa, este asunto estaba sobre la mesa. Pero no lo resolvió hasta septiembre de 2014, cuando publicó el Plan Técnico Nacional de la TDT, necesario para definir la ubicación de los canales de televisión en abierto tras el dividendo digital. El retraso en elaborar la norma dejó un margen de tan sólo 3 meses para que miles y miles de hogares adaptaran sus antenas para recibir de forma correcta la señal de TDT, lo que provocó un auténtico caos en el sector.
Un segundo dividendo digital obligará a mover 150 canales en 2020
Las cadenas privadas clamaron contra una negligencia gubernamental que iba a dejar sin servicio de televisión a una parte de sus clientes. Los antenistas denunciaron que el escaso plazo que les habían concedido para adaptar los receptores había generado un cuello de botella en el mercado que era imposible de resolver. Y los ciudadanos observaron cómo las ayudas públicas que el Gobierno convocó (280 millones de euros) para sufragar la obra que el dividendo digital obligaba a hacer en sus comunidades de vecinos llegaban tarde y mal.
¿Y las 'telecos'? El Ejecutivo les entregó tres meses tarde la franja del espectro radioeléctrico que habían alquilado para desplegar sus redes de internet 4G, lo que supondrá un coste estimado para los contribuyentes de entre 25 y 30 millones de euros. Un gasto atribuido directamente a la falta de diligencia del Ejecutivo sobre este tema.
La distribución de los canales que fijó el Plan Técnico de la TDT obligará en 2020 a volver a mover 150 de su ubicación para liberar más espacio para los operadores de telecomunicaciones. No se puede decir que el Ministerio de Industria no fuera consciente de la inminencia este segundo dividendo digital cuando decidió dejar estos canales en esta última franja, puesto que expertos y autoridades de todo el mundo han debatido sobre este tema durante años y se daba por supuesto que la UE lo pondría en marcha tras la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015. Pero, “por alguna razón, no lo tuvo muy en cuenta durante el primer dividendo digital”, precisan fuentes del sector de las telecomunicaciones, que definen como “incomprensible” esta decisión del departamento dirigido hasta este viernes por José Manuel Soria.
