La justicia ha dado la razón al vocal del Consejo Audiovisual de Cataluña, Daniel Sirera, en el proceso que inició en 2017 después de que el presidente del organismo, Roger Loppacher, le impidiera votar una polémica resolución que se encontraba sobre la mesa.
En concreto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona ha estimado en su totalidad el recurso que presentó Sirera después de que Loppacher le obligara a abstenerse en la votación en la que el CAC se pronunció sobre la actitud de Mónica Terribas, la periodista de la radio pública Catalunya Ràdio, quien el 22 de septiembre de ese año apeló a los ciudadanos para que delataran los movimientos que “los furgones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil” realizaban para tratar de evitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
La sentencia del juzgado –a la que ha tenido acceso Vozpópuli- recuerda que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil presentó el 24 de septiembre una denuncia contra Terribas por estos hechos.
Un día después, la decana del Colegio de Periodistas de Cataluña publicó en la red social Twitter un mensaje de apoyo a Terribas en el que defendía su libertad de expresión. Tras leer ese tuit, Sirera respondió con la siguiente frase: “Periodismo al servicio del régimen”.
Eso llevó a la responsable del Colegio de Periodistas a elevar una queja ante el CAC por la actitud de Sirera, que fue utilizada por Loppacher para forzar su abstención durante la sesión en la que se trató la actitud de Mónica Terribas.
Dura sentencia
La sentencia judicial rechaza la actuación del presidente del CAC y declara nula de pleno derecho la resolución tomada ese día por el organismo. “Ha quedado acreditado que el acuerdo “se ha alcanzado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y de las normas que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”, expresa.
Y añade: “La abstención forzosa que se materializó fue una forma encubierta de eludir fraudulentamente el procedimiento necesario para alcanzar una recusación”.
Cabe recordar que el CAC está controlado por consejeros designados por los partidos independentistas y que, actualmente, los constitucionalistas se encuentran en minoría. Eso provoca que, salvo excepciones, la mayoría de las resoluciones respalden los intereses de la Generalitat.
En lo que respecta a Mónica Terribas, cabe incidir en que, pese a que trabaja para la radio pública catalana, nunca ha ocultado especialmente su posición contraria a los intentos del Estado de derecho por frenar la declaración de independencia de esta comunidad autónoma.
