Las televisiones públicas autonómicas siguen dando que hablar. Y no por motivos precisamente edificantes. Esta misma semana ha trascendido que Euskal Irrati Telebista (EITB), la cadena pública vasca, impidió la emisión de un vídeo del programa Euskadi Movie porque aparecían críticas a Josu Jon Imaz, expresidente del PNV y consejero delegado de Repsol. Por otro lado, han sido imputados varios exdirectivos de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), a quienes Compromís responsabiliza de la mastodóntica deuda de 1.300 millones de euros que tuvo que asumir la Generalitat. Una imputación que ha provocado la dimisión de Lola Johnson, mano derecha del presidente del Ejecutivo regional, Alberto Fabra. Dos asuntos que ponen la lupa, una vez más, en los dos grandes problemas de las cadenas públicas: la financiación y la censura.
No es una novedad que todas las cadenas públicas en España, tanto TVE como el conjunto de las autonómicas, siempre generan controversias por la presunta utilización partidista de sus gestores, sean de la formación política que sean. Y estos días se ha conocido un ejemplo tan evidente como demoledor de esa manipulación informativa al servicio de las siglas de turno. Esta vez ha ocurrido en el País Vasco. Según denunció la coalición EH Bildu, la cadena EITB censuró un sketch del programa de humor Euskadi Movie en que se criticaban las puertas giratorias, a raíz del llamativo fichaje del citado Imaz por Repsol. Es decir, EITB, en manos del Ejecutivo del PNV, decidió que no se molestase al expresidente del partido. El vídeo censurado habla por sí solo:
https://youtube.com/watch?v=QE9-jHh_q7o%3Frel%3D0
No es el único caso de esta semana relacionado con el control ideológico de los medios públicos. La polémica ha salpicado durísimamente a la presidenta del Ejecutivo de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Y es que la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (RTVCM) interpretó de una forma cuanto menos extraña un suceso acaecido en el Ayuntamiento de Toledo. En concreto, la cadena pública contó que los concejales del PP habían recibido "amenazas de muerte" e incluyó severas críticas al alcalde de la localidad, Emiliano García-Page, del PSOE, pero no destacó demasiado que lo ocurrido tenía que ver con la protesta de unos padres de niños con cáncer que se quejaban de los recortes en Sanidad. Otro vídeo que habla por sí solo:
https://youtube.com/watch?v=ArXlzJB8TPg%3Frel%3D0
Tras el cierre, siguen los problemas...
La cadena pública valenciana ya no existe como tal. Pero continúa generando polémicas de alto voltaje en la comunidad autónoma. El pasado jueves trascendió que el juzgado de Instrucción número 6 de Paterna acababa de citar a declarar como imputados a cinco exdirectivos de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). La juez así lo decidió para investigar penalmente la posible comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, concretamente de un "agujero" de 1.300 millones de euros. Esa cifra es la deuda que llegó a contraer la cadena pública en 2009 y que finalmente fue asumida por la Generalitat.
La enorme deuda, con 1.300 millones en 2009, y una plantilla desmesurada están en el origen del abrupto cierre de RTVV
Este asunto judicial, nacido merced a una denuncia interpuesta por Compromís, ha provocado el enésimo terremoto político en Valencia relacionado con RTVV. El revuelo en la comunidad autónoma ha sido monumental. Y ha afectado al núcleo del Ejecutivo del PP que preside Alberto Fabra. Su gurú en temas relacionados con los medios era Lola Johnson, que se ha visto obligada a dimitir por este escándalo. Ella ocupaba el cargo de secretaria autonómica de Comunicación desde el pasado diciembre. En el pasado fue directora de la corporación autonómica, primero, y portavoz y consejera de Turismo, Cultura y Deportes, después. La pésima gestión de Canal Nou durante años y años es evidente. La enorme deuda comentada y una plantilla desmesurada están en el origen del abrupto cierre de RTVV del pasado noviembre.
No puede olvidarse que, como ya informó este diario, el modelo de las televisiones autonómicas en España ha resultado fallido. Entre todas las autonómicas, gastaron la friolera de 927 millones de euros en 2013 y prácticamente ninguna es rentable. Su deuda acumulada asciende a unos 500 millones. Como se ha dicho, Canal Nou ya no emite después de un abrupto cierre por parte de la Generalitat. Telemadrid estuvo a punto de correr la misma suerte, pero finalmente el Tribunal Supremo no tumbó por completo el ERE que costó el puesto a más de ochocientos empleados. Ahora mismo están en ebullición los problemas laborales en Canal Sury TV3. Una crisis perpetua, en definitiva.
