La política de transparencia de Radiotelevisión Española ha generado una elevada conflictividad, hasta el punto que esta empresa pública ha recurrido en algunas ocasiones a los tribunales para evitar difundir determinada información. El Consejo de Transparencia le obliga, en una reciente resolución, a hacer públicos en los próximos días los sueldos de sus directivos.
Este Consejo equivale a la 'segunda instancia' dentro del proceso de petición de datos a la Administración. La primera serían los buzones de transparencia que habilitan los instituciones.
Las resoluciones del citado Consejo se pueden impugnar posteriormente ante los tribunales, como ocurrió, por ejemplo, cuando RTVE se negó a desvelar el coste de su participación en Eurovisión en 2015.
En el caso más reciente, fue el sindicato USO el que preguntó a RTVE sobre la “retribución anual bruta percibida por el personal directivo de la corporación”. Pidió la “identificación del perceptor, el literal del puesto del organigrama y su retribución realmente percibida para todo el personal que haya ocupado un puesto de dirección y subdirección en este período”.
Negativa de RTVE
Radiotelevisión Española no reveló esa información, al entender, entre otras cosas, que vulneraba la privacidad de estos directivos. De hecho, en sus alegaciones se escudó en “el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de los afectados”.
USO citó una sentencia de la Audiencia Nacional que incidía en que “las retribuciones del personal directivo de RTVE no se incardinan en los datos de carácter personal especialmente protegidos por la ley orgánica 15/1999” sobre la protección de datos. En otras palabras, consideró que el interés público estaba por encima del derecho a la privacidad.
El Consejo insta a RTVE a desvelar la información solicitada por este sindicato “en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desgloses por conceptos retributivos”.
En la documentación de la resolución, llama la atención que Transparencia afee una práctica habitual en la televisión pública, como es la de agotar el plazo de dos meses para ofrecer una respuesta a los demandantes de información.
En principio, este período debe ser de un mes, salvo que la respuesta requiera la búsqueda y elaboración de información abundante o difícil de conseguir. En este caso, el Consejo considera que RTVE no justificó la prórroga de la forma necesaria.
En 2015, tal y como figura en la resolución, el presidente de RTVE percibió 159.531 euros, el director general corporativo, 180.356; el secretario general, 159.374; el director de Comunicación, 156.584, el director de TVE, 156.275; el director de RNE, 173.875; y el director de Informativos de TVE, 146.374.
A partir de ahí, queda por ver los emolumentos de los directivos de los siguientes ejercicios. Entre los que se encuentran aquellos en los que Rosa María Mateo y su equipo han comandado la corporación.
