Los cambios de Gobierno han traído aparejadas profundas reestructuraciones en Radiotelevisión Española (RTVE), donde los partidos de Moncloa han aprovechado tradicionalmente para poner a personal de su confianza al frente de la corporación. El último gran proceso de este tipo tuvo lugar en verano de 2018, cuando se produjo la designación de Rosa María Mateo como administradora única provisional.
El Tribunal de Cuentas ha auditado los primeros meses de mandato de Mateo en la corporación y ha puesto el foco sobre los ceses que se produjeron en su cúpula, los cuales fueron calificados como “purga” por parte del Partido Popular. En total, la entidad fiscalizadora ha detectado 53 destituciones de directivos en esa época, un 31% de la plantilla total de empleados de esta categoría.
En concreto, Mateo consintió la destitución de las ocho personas que ostentaban cargos de alta dirección, lo que supuso el 100% de quienes desempeñaban dichos puestos a 30 de julio de 2018, así como de cuarenta y cinco directivos distintos a los de alta dirección, lo que supuso el cese del 27% del total de dicho grupo de directivos.
Durante ese período, "se amortizaron una alta dirección, cuatro direcciones y seis subdirecciones, creándose durante el mismo una alta dirección, cuatro direcciones y cinco subdirecciones”, según apunta el tribunal, que critica la falta de justificación de la necesidad de estos cambios por parte de RTVE.
Ceses sin motivación
“No consta en ninguno de los expedientes de cese motivación alguna de la correspondiente decisión”, añade el tribunal. Esta manera de proceder se repite en las contrataciones, donde la institución asegura que "no consta en ninguno de los supuestos la existencia de motivación alguna en la selección de cada uno de los directivos nombrados con referencia a la formación académica, experiencia profesional, mérito, capacidad e idoneidad de la persona seleccionada para el desempeño de la correspondiente responsabilidad".
También añade que "en ningún supuesto consta que las distintas resoluciones mencionadas de modificación del organigrama fueran respectivamente respaldadas por memorias justificativas, ni por cualquier otro tipo de soporte documental que proporcionase motivación a las mismas".
El organismo que encabeza María José de la Fuente incide en que nada de esto es ilegal, pero insta a RTVE a justificar mejor las decisiones de este tipo, así como la creación de nuevos puestos y los perfiles más idóneos para cubrirlos. "Sería conveniente que la entidad [RTVE] incorporara expresamente a su proceso de selección de personal directivo principios de buena gestión como los de mérito, capacidad, idoneidad, libre concurrencia y publicidad".
El dinero que costó
Los costes asociados al cese de personal directivo perteneciente a la plantilla de la RTVE, distinto al de alta dirección, fueron de 316.151 euros, mientras que los de los tres directivos contratados que recurrieron a los tribunales, de 123.847 euros.
Los costes asociados a los nombramientos habidos en el personal directivo distinto al de alta dirección se elevan a 14.000 euros anuales, que se desglosan en 8.000 euros anuales correspondientes al personal directivo nombrado que previamente carecía de esta condición, y en 6.000 euros anuales correspondientes a directivos objeto de cese con simultáneo nombramiento para otro puesto también directivo.
En estos primeros meses de mandato de Rosa María Mateo se produjeron diversas contrataciones en la plantilla, como se aprecia al observar que el número de eventuales subió de 413 a 586 efectivos.
A fecha 30 de julio de 2018, momento inicial del periodo fiscalizado, la estructura organizativa de la radio-televisión pública se integraba de un total de 171 puestos directivos, que se desglosaban en 8 altos directivos, 92 directores, y 71 subdirectores. La plantilla de directivos era de 169 efectivos, una vez descontadas las vacantes. Todo ello, sobre una plantilla que ronda los 6.500 empleados, es decir, más que la suma de las de Atresmedia y Mediaset.
