Para adjetivar como histórico el acuerdo al que han llegado la pasada madrugada los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, deberemos dejar pasar al menos un par de años y ver como se implementa. Esto no desmerece el gran paso adelante -como lo ha calificado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen- que se ha dado con el pacto hacia la unión fiscal de la UE, al financiar por primera vez 750.000 millones de euros con emisiones de deuda conjunta.
A mitad de marzo y con una Europa dividida era difícil prever este desenlace, sobre todo, si tenemos en cuenta los antecedentes tras la Gran Recesión de 2008, y lo que tardó la UE en reaccionar a la crisis griega. En esta ocasión, y pese a las luchas entre los 27, la solución ha llegado en poco más de 4 meses. Las instituciones europeas vieron las orejas al lobo y junto a Francia y, de manera sorprendente, Alemania, quizás para tener libres las manos y poder apoyar a su tejido industrial con ayudas de estado por valor de 500.000 millones de euros; se pusieron manos a la obra para, en lugar de destruir Europa, construir el camino de la fiscalidad europea. Un camino que, según las conclusiones del Consejo Europeo, es excepcional y tendría su final en un período tasado tal y como han exigido los países “frugales”, pero en Europa una vez que se abre la puerta federal es complicado dar marcha atrás.
Para que el camino sea histórico habrá que ver como se pone en práctica. El presidente holandés, Mark Rutte, no ha conseguido que el Consejo Europeo pueda vetar de manera directa el desembolso de ayudas a los países que no apliquen las reformas estipuladas por el Semestre Europeo. Sin embargo, los planes de reforma estatales se aprobarán por mayoría cualificada de los 27 países y se podrá retrasar la llegada de esas subvenciones, si algún miembro del Comité Económico y Financiero (en el que están representados funcionarios de los Estados y del BCE) considera que no se gasta bien el dinero o las reformas no van en la dirección marcada por la Comisión.
Por esta razón serán muy importantes los planes que presenten España e Italia que son los países, en principio, más beneficiados por el plan de Reconstrucción. La Comisión Europea ya ha señalado los importantes problemas estructurales de España en educación, I+D o en la función pública. El gobierno Sánchez deberá elaborar un buen plan de cara a Europa centrado en la economía verde, la transformación digital, una mayor eficiencia de los servicios públicos, mayor inversión en ciencia y mejoras educativas. Para ello deberá tener en cuenta a las Comunidades Autónomas y a las empresas para poder canalizar las necesidades del país y ser capaz de absorber los fondos europeos, algo en los que se ha fallado en los últimos años, bien sea por falta de capacidad técnica para elaborar proyectos o por no tener capacidad de cofinanciación.
Para gastar los 140.000 millones que le corresponderán a España entre subvenciones y créditos europeos en un corto período de tiempo, el ejecutivo de Sánchez se debería plantear introducir perfiles más técnicos y con mayor capacidad de gestión en su gobierno. Los mejores planes nacionales serán los que recibirán más dinero, tendrán menos pegas por parte de los países “frugales” y evitarán enfrentamientos entre los líderes europeos que podrían envenenar el acuerdo que para muchos ya es histórico.
