El Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido ha iniciado el desmantelamiento de las sentencias que el Tribunal Supremo emitió para los responsables de malversación en el escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción de nuestra historia democrática, cuyo protagonista y beneficiario fue el PSOE de Andalucía: un fraude de 680 millones de euros. Antes fue el borrado parcial de la condena en firme por prevaricación de la exministra socialista Magdalena Álvarez. Y el primer condenado por malversación excarcelado por el TC fue Miguel Ángel Serrano, el que fuera director de IDEA, la agencia pagadora de los ERE en la Junta de Andalucía. Y continuará en el camino ya iniciado para exonerar de responsabilidad penal a otros políticos del PSOE, hasta llegar a José Antonio Griñán, exconsejero de Hacienda y expresidente de la Junta de Andalucía, que será excarcelado próximamente. Según el TC, el Tribunal Supremo vulneró el derecho a la legalidad penal y la presunción de inocencia de los condenados. Según el TC, no hubo malversación. Hemos pasado de la desjudicialización política (o sea, que los políticos y socios parlamentarios no tengan la obligación de cumplir las leyes, al contrario que el resto de los mortales) al revisionismo judicial y a la deconstrucción de sentencias condenatorias. Es solo el inicio de una amnistía parcial encubierta que se saldará con los principales responsables en la calle. 

No hubo desfalco, ni comisiones, ni arbitrariedades administrativas, ni fondo de reptiles, ni tratos de favor, ni sindicatos afines, ni apropiación indebida de dinero público, ni prevaricación, ni malversación, ni, en general, prácticas ilegales

Así que, consecuencia de la decisión del TC, en los próximos días irán saliendo muchos de quienes fueron responsables, según el TS, de una trama corrupta que dilapidó millones de euros de dinero público. O eso pensábamos. El objetivo que se pretende alcanzar es la excarcelación de los condenados socialistas, y la idea que se pretende trasladar a la opinión pública y a los ciudadanos es que nada relevante sucedió: no hubo desfalco, ni comisiones, ni arbitrariedades administrativas, ni fondo de reptiles, ni tratos de favor, ni sindicatos afines, ni apropiación indebida de dinero público, ni prevaricación, ni malversación, ni, en general, prácticas ilegales. No hubo años de fraude ni sentencia condenatoria. O la hubo pero fue injusta. Cosa de algunos jueces, que son muy fachas. Lo habéis soñado. Y no hubo prácticas clientelares después de cuarenta años de gobierno socialista en Andalucía, qué ocurrencia. Y, por lo tanto, nada sucedió o no fue para tanto: quizás alguna irregularidad de poca monta, errores personales sin ninguna intención delictiva, algún atajo legal para acelerar el reparto de ayudas públicas o pequeñas erratas al rellenar determinados formularios de esos que son un galimatías cumplimentar y un exceso burocrático. Nada que las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía no ampararan, esas que aprobaron los que a posteriori se vieron beneficiados. Casualidades de la vida. A lo sumo, cuatro aprovechados de esos que sí cumplirán la condena, mandos intermedios sin padrinos importantes que los rescaten, chivos expiatorios que salvaguarden el buen nombre de los socialistas, incapaces históricamente de meter la mano en el bolsillo de nadie, salvo para repartirlo entre los necesitados. Abrase visto. Que sois unos tiquismiquis y unos formalistas exagerados, y así no hay manera de aplicar el presupuesto público, atender a los más desfavorecidos y solucionar los problemas de la gente.

Algo había que hacer para sortear los incómodos trámites burocráticos. Y los 680 millones defraudados no fueron corrupción sino redistribución social en beneficio de los más débiles, todos socialistas con cargo público y mando en plaza o simpatizantes del partido. O futuros simpatizantes. Que las prebendas tienen un precio y lo barato al final sale caro. Si hay que invertir, se invierte, que los votos no llueven solos. Todo fue producto y construcción de la máquina del fango, medios de comunicación al servicio del PP y jueces de extrema derecha, que ya por entonces existían, coaligados todos ellos en el objetivo común de sacar al PSOE del Gobierno de Andalucía, como ahora pretenden sacar a Sánchez de la Moncloa. Una auténtica cacería política de la fachosfera.

El TC no es tribunal de casación y no es una tercera instancia que juzga y sentencia, sino un tribunal de garantías. Y no puede entrar a hacer una nueva valoración de las pruebas

De vuelta a la realidad, la decisión del Tribunal Constitucional resulta insólita e incluso extravagante (por mucho que extrañar, lo que se dice extrañar, pocas cosas nos extrañen ya en España), dado que la decisión corrige las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo. Además, el TC, que no forma parte del Poder Judicial, no tiene entre sus competencias la interpretación última de los tipos sancionadores, o sea, no es esta su tarea. El TC no es tribunal de casación y no es una tercera instancia que juzga y sentencia, sino un tribunal de garantías. Y no puede entrar a hacer una nueva valoración de las pruebas. Y si se excede en sus funciones, está asumiendo tareas que no le corresponden. Porque si lo hiciera, y ya lo ha hecho, nos encontraríamos ante un órgano político capaz de subvertir las decisiones adoptadas por los jueces, por lo que cualquier sentencia sería revisable por un órgano que, no olvidemos, es de naturaleza política. Lo dicen los expertos en la materia. Pero el TC lo sabrá mejor, donde se sientan hoy un exministro socialista, una ex directora general del Gobierno de España, un antiguo fiscal general del Estado y una galardonada por Griñán, lo cual no parece garantizar su independencia. Pero qué sabrán los expertos en la materia.

La forma de Pedro Sánchez de atajar la corrupción y regenerar la vida política es indultar a corruptos, malversadores y golpistas y atacar a los medios críticos; y, a través del Tribunal Constitucional, cuyo presidente es amigo, partidario y hombre de confianza, desmantelar y deconstruir las sentencias de los ERE que afectan a compañeros de partido en uno de los mayores casos de corrupción de la democracia. Si no hay sediciosos, no hay sedición; si no hay malversadores, no hay malversación; si no hay corruptos socialistas en la cárcel, no hay corrupción socialista.  

No hay colonización de las instituciones del Estado ni politización de la Justicia. No hubo golpe de Estado en Cataluña. Y no hubo corrupción sistemática para desviar dinero público a los amigos y comprar voluntades en Andalucía. Lo habéis soñado. Y ya os vale.

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