El incremento de la esperanza de vida en España (la más alta de la UE) es un logro innegable del conjunto de nuestra sociedad que tenemos que celebrar, pero también constituye un desafío en muchos aspectos de la realidad social al que importa que sepamos responder con acierto. Uno de ellos, sin duda, es el incremento del número de personas que precisarán apoyos y cuidados de larga duración por tener una situación de discapacidad o dependencia. Se trata de un asunto que preocupa a las propias personas mayores, a sus familias y a los responsables de la política social de todo el mundo, hasta llegar a identificarse como uno de los más grandes retos de las sociedades modernas.

Como viene recomendándose por la comunidad experta y los grandes organismos internacionales, para evitar que el fenómeno del envejecimiento se convierta en un problema muy grave para nuestra sociedad, y, en especial, para las familias (son ellas y, en especial, las mujeres las que asumen a su cargo el mayor peso de los cuidados), se precisa un fuerte desarrollo de recursos sociosanitarios de calidad que debe ser impulsado y financiado desde las Administraciones Públicas, apelando también al compromiso ciudadano. A este respecto, la Ley de Promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia de 2006, aprobada por todos los partidos políticos, constituyó un hito de nuestras políticas sociales y prometía situarnos entre los países más avanzados de Europa. Sin embargo, pasados casi veinte años de esta iniciativa legal, los déficits en su desarrollo, tanto por su insuficiente financiación como por la escasez e inadecuación de muchos de los recursos que se destinan para atender la creciente demanda de cuidados, ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos que se pretendían y se continúa penalizando a las propias personas y a sus familias.

El nuevo modelo apuesta por transformar el concepto de residencia hacia el modelo hogar. Hay que planificar una red de dispositivos de alojamiento alternativos que sean lo más parecidos posible a la idea de “vivir en casa”

Conocemos bien que las personas que requieren apoyos y cuidados en su vida diaria prefieren continuar viviendo en su propio domicilio y sentirse incluidas en su entorno familiar y comunitario. Para actuar desde esta filosofía, que es la que se propone y defiende desde los grandes Organismos Internacionales, incluida la Unión Europea, el actual Gobierno de España y buena parte de las Comunidades Autónomas, es preciso transformar el modelo tradicional de cuidados y dar un fuerte golpe de timón en el rumbo hacia el que dirigirse. El norte de la brújula del nuevo modelo implica hacer un énfasis muy especial en el impulso de los programas y servicios que se prestan en el domicilio para que ofrezcan soporte, acompañamiento y cuidados que se acomoden a las preferencias de las personas que los necesitan y las de sus familias cuidadoras. Para ello, hay que trabajar en ampliar, diversificar y mejorar los servicios de atención en el domicilio, los de asistencia personal, los centros de día, los centros sociales, la teleasistencia y otros productos tecnológicos, y buscar la coordinación entre servicios sociales y sanitarios y con los recursos de la comunidad… La “Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad 2024-2030” que acaba de ser presentada por el Ministerio de Derechos Sociales, y que se ha elaborado de manera colaborativa y participada con muchos agentes sociales y civiles, así como con miembros de la comunidad científica de reconocido prestigio, sigue esa misma línea de apostar y priorizar los servicios que permiten a las personas continuar viviendo en su casa y en su entorno comunitario.

Pero en ocasiones no es posible continuar viviendo en casa. Cuando el grado de dependencia es muy importante y no se cuenta con servicios profesionales ni con apoyos familiares adecuados y suficientes, el propio domicilio puede no ser ya el lugar adecuado para vivir… El nuevo modelo también apuesta por transformar el concepto de residencia hacia el modelo hogar. Para ello, hay que planificar en adelante una red de dispositivos de alojamiento alternativos al propio hogar, pero buscando que sean lo más parecidos posible a la idea de “vivir en casa”. Las viviendas compartidas, intergeneracionales, colaborativas (cohousing) y los apartamentos con servicios comparten la visión de un espacio hogareño en el que se prestan los cuidados que se precisan, pero también se ofrecen los apoyos y estímulos necesarios para que las personas puedan ver reforzada su identidad y las posibilidades reales de continuar realizando las actividades que prefieren y que son las que para cada una otorgan sentido a su vida.

En cuanto a las residencias de corte tradicional, que son la mayoría de las que existen hoy, ha de evitarse a toda costa que continúen produciéndose casos como los que de vez en cuando saltan a los medios de comunicación, como ocurrió sobre todo durante la pandemia de la COVID19, que certificaron la existencia de algunos casos, no sólo de lamentable mala atención, sino de actitudes profesionales (¿?) que lesionan los derechos humanos más básicos, lo mismo que ciertos comportamientos de algunos responsables públicos y proveedores que miran hacia otro lado y, por tanto, consienten que la vida de las personas constituya, en sus últimos estadios, una afrenta a su dignidad. Lamentablemente, todavía hay algunos casos que muestran que quedan espacios parecidos a lo que el antropólogo Marc Augé denominó atinadamente no lugares. Pero flaco favor haríamos a la justicia y a la realidad misma si las lamentables excepciones mencionadas consiguen borrar ante la opinión pública lo que constituye la regla general: el inmenso caudal de ternura, abnegación y correcta atención que, en general, las y los profesionales ofrecen a personas que requieren cuidados en los centros de atención.

Hay que partir de una buena valoración gerontológica y del conocimiento de la historia de vida de la persona, consensuando con ella (o, en su caso, con su familia) el plan de atención más conveniente

La Estrategia de Cuidados mencionada no pretende acabar con las residencias, como algunas voces indican, sino que propone su transformación: trabajar desde cada una de ellas en la senda de ir eliminando prácticas asistencialistas que no tienen en cuenta a las personas y caminen hacia el modelo hogar. Conseguirlo pasa porque exista un claro liderazgo de las y los responsables de cada centro y se provea un acompañamiento técnico que ayude a incorporar progresivamente a la vida de los mismos los elementos clave de un modelo de atención que sea integral y esté centrada en las personas. Hay que partir de una buena valoración gerontológica y del conocimiento de la historia de vida de la persona, consensuando con ella (o, en su caso, con su familia) el plan de atención más conveniente y los apoyos que precisa para seguir realizando las cosas que le gustan y otorgan sentido a su vida. Afortunadamente, este camino se ha emprendido ya en muchos lugares a lo largo y ancho de la geografía española con resultados de evaluación muy positivos.

El objetivo a conseguir en cualquiera de los recursos que se cobijen bajo el nuevo modelo no es otro que el de apoyar desde el trabajo profesional el logro de ambientes que promuevan el ejercicio de derechos, la salvaguarda de la dignidad inherente a todas las personas y que estas puedan mantener el máximo control de su propia vida. En eso consiste la desinstitucionalización, lo que exige que se abandonen prácticas asistencialistas y heterónomas que deciden por las personas lo que les conviene, en lugar de apoyar que sean ellas las que continúen tomando decisiones y controlando su vida.

Las estancias cortas o temporales en una residencia u otro alojamiento son una opción que es y debe ser cada día más utilizada, bien entendidas como apoyo familiar para descansar de los cuidados

No deben, pues, plantearse desde el nuevo modelo como alternativas excluyentes la casa o la residencia. El lema más ajustado que habríamos de proponernos sería: “en casa mientras sea posible; en otro alojamiento que sea también mi hogar cuando sea necesario”. La apertura de los centros a la comunidad, ofreciendo sus servicios, además de a las personas residentes, también a quienes viven en sus domicilios es una fórmula idónea que permite rentabilizar servicios como el comedor, el gimnasio, los baños, los programas de estimulación cognitiva y de prevención de la dependencia, etcétera. Del mismo modo, las estancias cortas o temporales en una residencia u otro alojamiento son una opción que es y debe ser cada día más utilizada, bien entendidas como apoyo familiar para descansar de los cuidados, ya sea como fórmula para la convalecencia de una enfermedad o de un alta hospitalaria.

¿Cómo han de ser las residencias y el resto de alojamientos y viviendas alternativas al propio hogar que anhelamos? En dimensiones, de tamaño adaptado al territorio, y nunca demasiado grandes; en su ubicación, integradas en el entorno comunitario; en cuanto a su diseño y ambiente, accesibles, seguras y confortables; con habitaciones individuales; atendidas por suficiente personal, con salarios dignos y formado técnicamente para que se garantice una asistencia humana y de calidad en ellas. El Acuerdo propuesto por el Gobierno sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, aprobado por buena parte de las CC.AA. en julio de 2022, fue un primer paso y señala el camino que en todos los territorios deberían seguirse para avanzar en esa transformación necesaria.

Se trata de que la vida en el propio hogar o en otro alojamiento no sea, cuando se necesitan apoyos y cuidados, el inicio de un proceso de despojamiento de la dignidad personal y que no signifique una sobrecarga para las familias o un alejamiento de ellas o vivir en soledad. Al contrario, que las personas que precisan apoyos puedan elegir dónde vivir y recibirlos y que se les garantice el derecho a consensuar un programa personalizado de cuidados integrales que den satisfacción a sus propias necesidades y, cuando existen, a las de sus familias cuidadoras. Siempre salvaguardando los principios de autonomía y dignidad, en el sentido kantiano de estos términos.

Decía Simone de Beauvoir que no sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos y si no integramos en la consideración completa de nuestra vida el periodo de la propia vejez (reconócete en ese viejo, en esa vieja, pedía). Desde esta exhortación, y desde los principios de una sociedad democrática y de derecho, hemos de considerar que el acceso a unos cuidados de calidad durante la vejez es algo tan necesario y exigible como es el acceso a la educación o la salud. Se trata de un compromiso en el que la colaboración de todos (administraciones públicas de todos los niveles, proveedores de servicios, familias, asociaciones, entidades de la iniciativa social, sociedades mercantiles) es esencial con independencia de las opciones políticas que se tengan.

Para dejar de vivir con la incertidumbre de quién nos cuidará cuando lo necesitemos y dónde podremos vivir, lograr un pacto de Estado por los Cuidados suscrito por todas las Administraciones Públicas y partidos políticos, con la financiación suficiente, es algo que resulta ya obligatorio. Así lo hemos solicitado desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas de España (PMP), esperando que más pronto que tarde podamos verlo hecho realidad.

Pilar Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal y de la Comisión de Cuidados de la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

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