Las presidencias de las Salas de lo Penal y Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo siguen trayendo grandes quebraderos de cabeza a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acuerdo ni está, ni por ahora, se le espera.

Ninguno de los dos bloques cede, por lo que se prevé que el nombre de las personas que se harán cargo de las dos salas clave tarde en conocerse unos meses más. Ni tan siquiera existe la previsión de que la presidenta Isabel Perelló lleve este debate al próximo Pleno que tendrá lugar el 23 de abril, explican fuentes consultadas. De modo que esta situación se puede alargar meses. 

Y es que, los vocales conservadores apuestan por situar a Andrés Martínez Arrieta al frente de la Sala de lo Penal -también conocida como Sala Segunda- al ser el magistrado más veterano y el número 1 en el escalafón. Al igual que quieren a Pablo Lucas para la de lo Contencioso-Administrativo, denominada también Sala Tercera.

Sin embargo, los vocales progresistas quieren todo lo contrario. Apuestan por Ana Ferrer para la Primera y por Pilar Teso para la Tercera. Para los vocales afines al Gobierno, si una de las salas no está presidida por una mujer, no habrá acuerdo. Pues para ellos sería incumplir con la ley de paridad, comentan fuentes consultadas. No obstante, están dispuestos a ceder en una de ellas.

Estas dos salas son consideradas las más relevantes. Cabe recordar que en una de ellas tuvo lugar uno de los juicios más importantes que ha habido en España, que es el de los líderes del procés, y en otra se han llevado a cabo decisiones de gran calibre como, por ejemplo, la nulidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática.

Ahora están centrados en la ley de eficiencia y en las reformas

Las fuentes consultadas explican a Vozpópuli que, como el debate por las presidencias de estas salas genera "mucha tensión" y no se habla de ello si no está en el orden del día, actualmente están priorizando otros asuntos distintos. Por ejemplo, todo lo relacionado con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que entrará en vigor el próximo 1 de abril y que fue aprobada por el Pleno del Congreso 19 de diciembre. Desde el CGPJ están ayudando a los órganos judiciales a implementarla teniendo en cuenta que es una ley que en algunos aspectos es abierta y en otra requiere muchos cambios, detallan estas voces. 

Al igual que también han estado priorizando las diversas reformas de los reglamentos. Es más, justo en el Pleno de este mes de marzo aprobaron por unanimidad el informe sobre la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal que planteaba el Gobierno. Sin embargo, fueron muy críticos con Bolaños en algunos aspectos. Cuestionaron varios aspectos del nuevo sistema de promoción en la carrera judicial aprobado por el Gobierno, que considera "discriminatorio", y pide un periodo de adaptación para cambiar al nuevo sistema de oposiciones.

En definitiva, poco a poco y muy a fuego lento, las presidencias en el alto tribunal se han ido cubriendo tras 5 años de bloqueo. Las últimas incorporaciones han sido, por un lado, Ignacio Sancho Gargallo, que será el encargado de estar al frente de la Sala de lo Civil y, por otro lado, Concepción Ureste, que dirigirá la Sala de lo Social. Ambos magistrados tomaron posesión este lunes en el Salón de Plenos. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó su nombramiento por unanimidad en la sesión celebrada el pasado 26 de febrero.

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