Nunca he sido un fanático defensor de la condena carcelaria y, salvo en los casos de los terroristas, los asesinos, los violadores o los maltratadores, rara vez celebro públicamente que un sujeto entre en la trena. Salvo cuando se produjo el encarcelamiento de los dirigentes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, no hago grandes alardes de euforia. O sea, me parece esencial que se haga justicia pero no doy saltos de alegría, como si recordara que el mal está ya hecho y la entrada en prisión del delincuente, aun siendo justa y necesaria, no va a cambiar el pasado. Pero una cosa es no celebrar efusivamente determinadas condenas o no alegrarse del mal ajeno y otra permitir la impunidad y las injusticias, caldo de cultivo para que se produzcan otras.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia dictada en 2019 por la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, por la trama de los ERE, y ya ha dado comienzo el runrún sobre la posible concesión del indulto por parte del Gobierno a Griñán, para impedir que este entre en la cárcel. De hecho, no están faltando voces, declaraciones y escritos de personas respetables defendiendo la medida de gracia. Pedro Sánchez, por su parte, evaluará si tal decisión le beneficia o le perjudica electoralmente y obrará en consecuencia, al margen de lo que prometiera en su momento. Mientras tanto, ya se han activado los mecanismos para que la sociedad lo interiorice y acepte, por si se diera el caso.

Desde la confirmación de la sentencia, se han repetido varios supuestos argumentos que justificarían la concesión del indulto: por un lado, se trataría de evitar que ingrese en prisión un hombre de 76 años condenado por un delito no violento cometido hace más de una década. Además, se habla de incapacidad de reincidencia, de su condición de reinsertado y del hecho de que no supone un riesgo para la sociedad.

En relación a la edad del condenado, supongo que tal extremo habrá que tratarlo de manera general con la posible modificación de las leyes que correspondan, no a través de un indulto concreto a una persona específica para corregir lo que la ley vigente no evita. Respecto a los delitos cometidos, se trata de nada menos que los de malversación de caudales públicos y prevaricación, o sea, dos de los delitos que más graves repercusiones tienen para el funcionamiento de la democracia y la confianza de los ciudadanos en el sistema.

No hubo violencia pero hubo corrupción política, mala gestión y derroche de dinero público, los clásicos comportamientos que lastran a las sociedades modernas, tanto porque debilitan el Estado del Bienestar y el crecimiento económico como porque humillan al ciudadano corriente que paga sus impuestos, cumple las leyes y trata de salir adelante a pesar de las dificultades. No son, por lo tanto, delitos menores sino de los peores: es un ataque al conjunto de la sociedad, auténtica víctima de los desbarres económicos de los poderosos. Respecto a que los delitos se hayan cometido hace más de una década, supongo que tendrá que ver con el lento funcionamiento de la Justicia o con la complejidad de los hechos a juzgar o de las pruebas a recopilar, y no parece que el indulto sea, precisamente, la forma adecuada de corregir tales cuestiones.

Sin arrepentimiento ni asunción de responsabilidades

A la incapacidad de reincidencia, su condición de reinsertado y el hecho de que no supone un riesgo para la sociedad se puede contraponer que tampoco ha habido disculpas, muestra de arrepentimiento ni asunción de responsabilidades, ni por parte de los condenados ni por parte del PSOE, sino más bien lo contrario: ausencia de arrepentimiento, deslegitimación de la Justicia y legitimación de las actos llevados a cabo. No solo no se le ha censurado sino que se le ha aplaudido. Reincidir no reincidirá, es cierto, pero la posición social a la que ascendió o en la que se mantuvo (él mismo y el conjunto del PSOE) al menos en parte se debe a la trama financiera que se puso en marcha, a la red clientelar que se montó y a la compra de voluntades con dinero público que se articuló; y no se me ocurre mayor peligro social que permitir, normalizar o minusvalorar el delito de corrupción política, deslegitimar las instituciones y seguir avivando la llama de la desconfianza de los ciudadanos en el sistema, como si no hubiéramos soportado suficiente.

El indulto no puede ser ni parecer ser un instrumento de las élites en beneficio de las élites ni debe utilizarse para beneficiar a los partidarios o a los amigos por el simple hecho de serlo. Ya lo sufrimos con los indultos concedidos a los condenados del procés o a Juana Rivas, todos ellos escandalosos. El indulto no se puede conceder si no hay reconocimiento del daño causado, petición de perdón, resarcimiento a las víctimas y propósito de enmienda. El indulto no puede ser un premio a quien no se ha arrepentido.

En todo caso, deberá ser Pedro Sánchez, si finalmente lo concede, quien deberá aportar sus razones para defender un indulto a un condenado por corrupción política después de que él mismo dijera sentir vergüenza por el hecho de que políticos indulten a políticos condenados por corrupción política. Claro que entonces no era Pedro Sánchez presidente del Gobierno de España sino únicamente un aspirante a serlo.

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