El ciudadano español de nuestros tiempos puede estar orgulloso del funcionamiento de su Administración. Habrá quien trate de demostrar lo contrario con un discurso cínico, pero lo cierto es que la atención que se dispensa a la población desde cualquiera de las múltiples ventanillas que custodian los funcionarios es excelente. Hay quien afirma que obtener una cita para renovar el DNI en un corto plazo de tiempo es imposible. Incluso se han producido denuncias malintencionadas que inciden en que los turnos de teletrabajo o los protocolos covid-19 han provocado cuellos de botella para realizar algunos de los trámites más simples y frecuentes. Pura palabrería. Todo va bien. mejor que nunca.

Tampoco es cierto que la justicia esté colapsada y que eso haya incrementado la inseguridad jurídica. ¿Tiene usted un conflicto con una herencia o con un vecino? No tema: denuncie y la sentencia, y la ejecución, se materializarán en muy pocos días. Es innegable que en todo servicio público se producen anomalías, pero eso suele ser culpa de los políticos (de los austericidas de la derecha). Nunca de sus trabajadores. La recepcionista de su centro de salud que descolgaba el teléfono para no recibir llamadas y a la vez abroncaba a los ancianos que acudían al mostrador para consultar algún asunto -”bombas víricas”- es inocente. Sigue instrucciones.

A fin de cuentas, España dispone de una de las mejores sanidades públicas del mundo y ese dogma es incuestionable. Es una de esas verdades que los dirigentes del país impusieron en los 90 y que resulta imprudente cuestionar. La sanidad, el tren de alta velocidad... Cada español debería estar agradecido por su funcionamiento. Todos aquellos que lamentan que les hayan imprimido un volante para el dermatólogo para 2024 deberían avergonzarse. Eso no existe. Tampoco las auxiliares que no descuelgan nunca cuando les llama. ¿Dónde lo ha visto usted? Si acaso, en Madrid. En la capital, donde se producen fallos y tropelías excepcionales que en ningún otro punto del país se conocen.

Por eso, los sindicatos y asociaciones que siempre buscan que el sector público respete el interés general y se gestione de forma eficiente -no se atreva a cuestionarlo- han convocado para el 13 de noviembre una manifestación para denunciar el destrozo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha realizado a la sanidad madrileña. Personalidades como Pepe Álvarez -UGT- y Luis Tosar -actor- han apoyado la movilización, en una clara muestra de solidaridad. Hay quien les ha recordado que ellos son pacientes de 'la privada' e incluso ha difundido una fotografía de Tosar a la salida de la Clínica Ruber, con la familia. No entienden nada. Todo es para evitar colapsar los hospitales públicos. Es pura solidaridad.

Formalidad poca, pero que dure... hasta que gane el PP

Habrá quien considere que la izquierda quiere aprovechar esta ocasión para iniciar una cruzada contra Díaz Ayuso, al igual que en 2018 lanzó a los pensionistas a la calle a las pocas semanas de que Pedro Sánchez presentara su moción de censura contra Mariano Rajoy y compañía. Algún malpensado podría llegar a deducir que los convocantes de la marcha han sido excesivamente livianos con el Gobierno durante los últimos tres ejercicios, en los que se han producido desde estados de alarma anti-constitucionales hasta situaciones de inflación que han empobrecido a los españoles. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Alguien de verdad podría pensar que estos sindicatos son menos combativos con la izquierda en el poder que con la derecha?

Ellos son finos y objetivos analistas. Por eso, son conscientes de que el problema con la salud pública se reduce a la presidenta madrileña y sus políticas, de ahí la manifestación. La política de privatizaciones del Gobierno regional fue la que provocó que aquí, y sólo aquí, cayeran los ancianos como moscas en los geriátricos en marzo y abril de 2020. Y aquí y sólo aquí existen listas de espera, las operaciones se retrasan pese a estar programadas y los recepcionistas de los centros de salud cuelgan teléfonos y abochornan a los asistentes.

Podría llegar a cuestionarse el porqué, entre 2016 y 2020, aumentó el gasto sanitario en 16.842 millones de euros (1,5% del PIB), pero, en cambio, las deficiencias del sistema se agravaron. ¿Por qué se invierte más y todo funciona peor? ¿De veras el fenómeno apareció con la pandemia o es algo que ya se producía y sólo ha empeorado? La respuesta es evidente.

En este tiempo, las comunidades autónomas han pasado de gastar 61.000 a 77.300 millones de euros anuales en sanidad. Aragón es la comunidad autónoma con una lista de espera más larga (183 días de media), seguida de Cataluña (156), Extremadura (145) y Cantabria (144). En el otro extremo, se sitúan País Vasco (71) y Madrid (73). Pudiera parecer que los problemas son generalizados y que en la capital de España no son más agudos que en otros puntos, donde los ciudadanos sufren la nefasta gestión del sistema, como sucede en otras áreas. Pudiera parecerlo, pero no es así. Por eso, la manifestación del sábado es en Madrid, es contra Díaz Ayuso y es contra su modelo de atención primaria. En el resto del país, todo va como la seda.

Así que, una vez más, quienes dirigen con primor sus Administraciones y crean escudos sociales que llegan, sin duda, a todos los ciudadanos, se movilizarán para denunciar que en las modélicas instituciones españolas hay una grieta que convendría taponar. Se localiza en Madrid y podría definirse como un caso aislado.

Podría decirse que el declive de 'lo público' y del país, en general, se debe a su empobrecimiento y a los cada vez más insoportables compromisos con los acreedores, que son los que financian el déficit y los que ganan dinero -con intereses- gracias a la irresponsabilidad de quienes apuestan por el gasto público indiscriminado. El que busca que las inversiones sean gigantescas, pero nunca apuesta por la eficiencia.

Podría decirse eso, pero se mentiría. Porque aquí hay un objetivo claro. El resto, son inocentes. Estadistas y administradores de lo público que aplican en su día a día el mismo mimo que el dueño de una sociedad limitada. Ninguno entiende que el colapso de la atención primaria es generalizado. Y ninguno es culpable, por supuesto. Todos los sindicatos y los funcionarios son víctimas. Tan sólo hay una responsable y, oh, casualidad, es la rival política de la izquierda.

Habría que ver si su batalla acabará cuando mejore el (deficiente) servicio o cuando caiga su rival. Ése es su verdadero interés en lo público. En lo de todos. Y en lo que (no se engañen) controlan siempre ellos.

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