Poca importancia suelen tener las elecciones europeas, tanto por el escaso entusiasmo que despiertan entre los votantes (la abstención suele ser mucho más alta que en otras votaciones) como por las mínimas consecuencias de sus resultados. En España, salvo los cinco escaños de 2014 del, hasta entonces bastante desconocido, partido Podemos, que supo utilizarlas para obtener un gran impulso nacional, o en 1989 cuando José María Ruíz Mateos obtuvo un puesto de eurodiputado que le dio inmunidad durante cinco años (ambos resultados debido a la ausencia de circunscripciones electorales que propician las sorpresas al unificar todos los votos del país), suelen pasar bastante desapercibidas. Se considera que la mayoría de los candidatos (Puigdemont fue la excepción que confirma la regla) son de segunda fila a los que el partido les busca un puesto bien cómodo y bien remunerado. Sin embargo, este 2024, y dada la inestabilidad del gobierno actual (segundo en coalición de nuestra historia, segundo en el que el presidente no es del partido más votado -el primero fue tras la moción de censura a Rajoy-, primero que depende para su mayoría parlamentaria de la eliminación de un delito de alguien que decide quién gobierna…), en clave nacional el resultado se mirará con lupa dado que, al ser circunscripción única, se se traslada con mayor fidelidad la voluntad directa del votante.
Más allá del resultado, y de las lecturas políticas que genere (ya podemos vislumbrar que quien pierda dirá que es por la alta abstención y le restará importancia), hay un especial interés de los inversores, y en especial de los que están directamente implicados en Talgo, Naturgy, Sabadell y BBVA. ¿Por qué? Porque el actual gobierno se caracteriza por su intervencionismo, cada vez más acusado. Y más allá de “asaltar” instituciones como el CIS, empresas públicas como Correos, semipúblicas como Indra, la fiscalía del estado, medios como RTVE, embajadas con militantes del PSOE ajenos a la carrera diplomática etc., se ha empeñado en combatir movimientos accionariales de empresas totalmente privadas. Y todo apunta a que tras las europeas, y dependiendo del resultado, algunas operaciones que están actualmente paralizadas podrían desbloquearse.
Este empeño por meter al estado en la composición accionarial de cotizadas privadas, se ha visto claro esta legislatura con el asalto a Telefónica. Con la excusa de equilibrar la inversión del fondo soberano saudí en la empresa, el gobierno decidió adquirir también un 10% de ella. Lo hizo sin ser necesario, pues podía haber bloqueado la compra de capital extranjero, tiene argumentos legales para ello dada la condición estratégica de Telefónica. Lo hizo mal, comprando más caro por ser muy poco discreto. Y lo hizo sin dinero, no sólo porque no hay PGE y, por tanto, nadie previó ese gasto en las cuentas generales,, sino que, dado el enorme incremento de la deuda pública española, se hace lo contrario de lo aconsejable para cualquiera: endeudarse para invertir. Que el estado vuelva a una empresa que se privatizó aprovechando la liberalización, es una decisión política, no económica, que ha propiciado que uno (probablemente acaben siendo dos) de los consejeros de esa casa sea nombrado por criterios políticos, y casualmente, un amigo directo del presidente Sánchez.
No queda claro por qué el gobierno se opone, ya que el comprador ya ha asegurado que mantendrá la sede en España, y el motivo de que puede haber dinero ruso detrás parece más bien una mala excusa
Este intervencionismo está frenando también el intento de una empresa húngara (de dentro de la UE) de comprar a un precio muy superior al de mercado, y con el acuerdo del actual principal accionista, la empresa Talgo. No queda claro por qué el gobierno se opone, ya que el comprador ya ha asegurado que mantendrá la sede en España, y el motivo de que puede haber dinero ruso detrás parece más bien una mala excusa. El caso es que Talgo es una buena empresa, con una gran cartera de pedidos y una tecnología puntera pero necesita inversiones que los actuales socios no son capaces de asegurar, por lo que la inyección de fondos nuevos garantiza más el futuro que seguir como hasta ahora. Se habla de intentar igualar la oferta húngara con alguien español, de intereses políticos con el PNV intentando que la vasca CAF adquiera Talgo (algo que financieramente sería muy arriesgado para ella), de pedir a Criteria (el brazo inversor de Caixabank) que entre en la compañía, incluso que el estado haga lo mismo que en Telefónica… pero lo mismo es que el gobierno no quiere asumir, antes de elecciones, un titular que rece que España pierda una de sus pocas empresas punteras de fabricación e innovación industrial, y por eso los accionistas, deseosos de vender a los húngaros, están pendientes de que acabe este ciclo de elecciones.
Naturgy es una empresa estratégica para la economía española, pero no hubo problema en que el fondo australiano IFM superara el 15% de participación en ella. Ahora es un fondo emiratí el que quiere lanzar una OPA y pasar a ser el principal accionista (ahora lo es Caixabank). Si resulta absurdo bloquear la operación de Talgo no siendo estratégica y viniendo la oferta de dentro de la UE, aquí sí que tiene sentido intervenir. De nuevo el fin de este ciclo electoral puede determinar la solución final a este culebrón. Tiene más sentido que el estado entre antes en el capital de Naturgy que en el de Telefónica (donde un 10% en manos de un fondo no cambian nada), y aún mejor es que entre un inversor español en lugar de usar dinero público. El motivo de este “nacionalismo” es que nuestras importaciones de gas natural dependen en gran parte de nuestra política exterior, no son un tema únicamente empresarial.
Finalmente, la oposición a la OPA de BBVA sobre Sabadell sólo sigue criterios electorales, una vez pasadas las europeas y constituida la nueva Generalitat (presumiblemente con Illa de presidente), la operación debería suceder o no, únicamente por lo que decidan los accionistas del Banco Sabadell. Porque las empresas no son de los países, son de los accionistas.
