Los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 han estado presentes en Europa desde hace décadas. Hoy, dichos objetivos han sido reeditados y reforzados gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia diseñado para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, la invasión de Ucrania ha precipitado nuevas necesidades que, de un modo u otro, deberían no solo convivir sino también complementarse con una transformación del sistema energético europeo que la hiciera suficiente y por ello independiente de autocracias como la rusa.
Este reto de complementar ambos objetivos, aunque necesario, no implica que no se encuentre con desafíos y problemas que dificultan que ambas metas vayan de la mano. Así, por ejemplo, el alineamiento es más fácil de conseguir a medio y largo plazo. A corto plazo, en cambio, las prioridades pueden ser otras, como es la innegable necesidad de reducir la presión que ejerce la inflación sobre los ciudadanos y las empresas europeas. Además, este desfase entre el largo y el corto plazo arroja más dudas sobre la mejor combinación energética que servirá para llegar a ambos objetivos. Las energías renovables son la opción obvia, pero las barreras para su despliegue y la necesidad de materias primas clave indican que habrá un límite al grado de independencia que podremos disfrutar. Y, por último, los costes de esta transición no se distribuyen simétricamente en la sociedad, y tampoco entre los países que componen la UE, lo que puede disminuir el apoyo social y político a ambos objetivos.
Aunque en el contexto actual el manejo de la inflación es clave, sería conveniente dejarlo en manos de los bancos centrales y evitar el uso de controles de precios y subvenciones para mantener la señal de precios
Ya más en clave nacional, del paquete de medidas aprobado por el gobierno para frenar el impacto de la subida de los precios energéticos (y del IPC) tras la invasión de Ucrania destacan singularmente dos: el descuento de 20 céntimos por litro a los combustibles y la excepcionalidad ibérica en el mercado de electricidad. El primero, dejando a un lado los problemas de implementación y seguimiento, va en contra de los objetivos de descarbonización y beneficia en mayor medida a los hogares de renta alta. Sería conveniente, una vez pasado lo más acuciante, disponer otras medidas como transferencias directas a quienes más lo necesiten. En cuanto a la excepcionalidad ibérica, pendiente de entrar en vigor, pese a que la propuesta puede beneficiar a los consumidores también conlleva riesgos. Alternativamente, se podrían utilizar los beneficios caídos del cielo para financiar transferencias directas a la población afectada, establecer contratos a medio plazo indexados a precio del gas o contratos por diferencias. En resumen, aunque en el contexto actual el manejo de la inflación es clave, sería conveniente dejarlo en manos de los bancos centrales y evitar el uso de controles de precios y subvenciones para mantener la señal de precios.
Hasta ahora se han mencionado cuestiones de oferta, pero otra forma de avanzar en ambos objetivos es racionalizando la demanda energética y aumentando nuestro poder de negociación en los mercados. Para reducir nuestro consumo energético las políticas más prometedoras son las que afectan al precio de la energía mediante impuestos y similares acompañadas de transferencias para evitar efectos regresivos. El establecimiento de estándares y regulaciones, la rehabilitación de edificios y la mejora de la información disponible también son instrumentos útiles. En cuanto a ganar poder de demanda, propuestas para cartelizar las compras son interesantes. Más allá de su aplicación específica, la coordinación de la demanda de la UE sería de considerable ayuda para nivelar un campo de juego que está desequilibrado a favor de la oferta
Debemos aprovechar las sinergias entre el gas y el impulso al hidrógeno. En este sentido, España tiene gran potencial para convertirse en uno de los principales distribuidores de gas, y en un futuro próximo de hidrógeno a Europa
También sería necesario definir un mix energético realista y justo. Para ello tenemos que actuar en varios frentes. Primero, debemos hacer efectivo el despliegue de las energías renovables atajando las barreras para su desarrollo (impacto territorial, distribución de beneficios y acceso a materias primas clave). Segundo, debemos disponer de los recursos necesarios. El plan REPowerEU, aprovechando la arquitectura puesta en marcha durante la pandemia, indica que los recursos provendrán, fundamentalmente, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, en menor medida, de la venta de permisos de emisión de CO2 de la reserva estratégica. Este último punto, sin embargo, peca de estar poco alineado con los objetivos de descarbonización del Green New Deal al aumentar los permisos en circulación. La reacción del mercado no se ha hecho esperar y hasta el 31 de mayo los precios han bajado un 8%. También debemos aprovechar las sinergias entre el gas y el impulso al hidrógeno. En este sentido, España tiene gran potencial para convertirse en uno de los principales distribuidores de gas, y en un futuro próximo de hidrógeno, a Europa. Por último, tenemos que reevaluar el rol de la energía nuclear. En el actual contexto parece más razonable empezar considerando la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes antes que plantear la construcción de nuevas instalaciones.
Finalmente, no podemos perder de vista el aspecto social de esta transformación. Es necesario tener la consideración redistributiva más presente en la toma de decisiones para reducir las asimetrías en el impacto de los costes de este doble objetivo de descarbonización e independencia. Si no, corremos el riesgo de que su aceptación social disminuya y dificulte su consecución.
Artículo escrito en colaboración con Natalia Collado, economista de ESADEEcPol.
