Una de las cosas que ocurren, y que más preocupan, es la ruptura de la fórmula que finalmente se reflejó en la Constitución sobre la realidad de España. El texto constitucional trató de conciliar los puntos de vista del regionalismo conservador, de los nacionalismos periféricos, de la tradición federalista de la izquierda española, y del nacionalismo español o de las visiones unitaristas. Visiones todas ellas que respondían a realidades sociales y políticas firmemente enraizadas en nuestro pasado común.

El nacionalismo periférico que hoy conocemos en España es el resultado de la transformación, o si queremos ser más preciso, de la secularización y modernización del foralismo o fuerismo que caracterizó al tradicionalismo español en el siglo XIX. Al asumir el nacionalismo como la ideología que reivindica las viejas demandas forales se estaba dando entrada a lo que, desde la Revolución Francesa, es el rasgo distintivo de todos los nacionalismos: la transformación de la Nación en Estado, con todos los atributos de éste. En consecuencia, con la transformación del regionalismo y foralismo en nacionalismo, la adquisición de la condición estatal se convirtió en el horizonte último de estas ideologías políticas.

El nacionalismo catalán es el resultado de una apuesta política (y bastante reciente, por cierto) y no el resultado fatal de la diversidad cultural o del devenir histórico. En consecuencia, nadie está obligado a compartir sus objetivos y menos si, como ocurre actualmente, los objetivos que se nos pide compartir son los que podríamos denominar “el programa máximo”, es decir, la segregación de España, buscando fórmulas más o menos imaginativas que le permitan saltarse la Constitución española.

Los poderes públicos, y sobre todo el poder ejecutivo, no deberían hacer dejación de su responsabilidad en la resolución de un desafío como el que se ha planteado, despejando dudas y aclarando hasta dónde es permisible estirar el texto constitucional y hasta dónde un Gobierno y un Parlamento democráticos nunca podrán llegar, nunca llegarán, y responsabilizando del resultado de lo que pudiera ocurrir a los que insisten en hacer saltar por los aires la voluntad de los ciudadanos que tienen reconocida la soberanía de España en los propios ciudadanos españoles, y no en una parte de los mismos.

Tiene todo el derecho a exigir al independentismo que aguanten sus aspiraciones; que su situación de privilegio es consecuencia directa de las medidas proteccionistas del nacionalismo español en el siglo XIX

Así que, sea cual sea la vía que se intente utilizar, referéndum, convocatoria electoral, etc., quien decide la soberanía de España son sus ciudadanos, todos sus ciudadanos. Cualquiera puede presentar en las Cortes Generales un proyecto soberanista para una parte del territorio, pero quien decide la pertinencia o no de ese proyecto son los españoles en su conjunto, a través de sus legítimos representantes o directamente en un referéndum.

El interior de España, que no es lo mismo que el centralismo, tiene todo el derecho a exigir al independentismo que aguanten sus aspiraciones; que su situación de privilegio es consecuencia directa de las medidas proteccionistas del nacionalismo español en el siglo XIX, continuadas, por esas paradojas de la política, por la dictadura de Primo de Rivera y por el franquismo que, además, les proporcionó capitales, mano de obra barata, infraestructuras, etc...

Romper la baraja

Tenemos derecho, desde el interior, a exigir respeto a las reglas del juego ahora que podemos jugar todos. Tenemos la autoridad moral suficiente para hacerles un llamamiento a la contención. ¿Cómo explicamos a los independentistas que ellos no son quienes para romper la baraja ahora que los que nunca tuvimos nada hemos sido capaces de formar un pequeño capital? ¿A qué tienen miedo?

España, lamentablemente nunca acaba de estar construida como nación. Siempre nos encontramos con reservas constitucionales o falta de lealtad a la Constitución, como si estuviéramos engañándonos los unos a los otros. Cuarenta y cuatro años después seguimos especulando sobre nuestra realidad como nación. No hay diálogo posible ni nada que negociar con el Independentismo. O Constitución y Estado Democrático de Derecho o República Catalana Independiente. Estas y no otras son las alternativas que están en juego. Los independentistas ya han manifestado, por activa y por pasiva, cuáles son sus premisas de partida: la celebración de un referéndum de autodeterminación que elimine el referéndum constitucional de 1978 por el que el conjunto de los españoles decidimos “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2). Mientras no se decida otra cosa por el conjunto de los españoles, nadie está legitimado para anular unilateralmente lo que decidió el conjunto de la ciudadanía. Su manido derecho a votar no puede anular el derecho que ejercimos cuando decidimos la España democrática que quisimos. Y ningún Gobierno de la Nación española puede saltarse la Constitución cualquiera que sea el señuelo que pretendan enseñarnos los independentistas.

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