En Cataluña hemos necesitado un golpe institucional y una crisis de convivencia sin precedentes para comprenderlo, pero empieza a verse con claridad, en cualquier aproximación medianamente honesta al asunto, que el discurso nacionalista no es en nuestro país una excepción europea ni está justificado en defensa propia, como le gusta blandir al separatismo para pasar por una ideología de simpática reivindicación. Hay sobrados ejemplos para acreditar la condición excluyente del procés desde su inicio, pero para identificar la retórica de la confrontación basta con comprobar si aplica un principio básico casi termodinámico: si para animar a los tuyos necesitas ofender o humillar al resto, probablemente estés embarcado en una aventura excluyente.
Esa imposibilidad de movilizar a los propios sin el agravio del contrario es lo que se ha constatado con la Diada de este 2018. La Diada es ya ese período del año en el que el separatismo oficialista urde nuevos objetivos tan irrealizables como suculentos para sus seguidores, a quienes posteriormente promete el oro y el moro con solo protestar en la calles. Así, como el año pasado, empezaron con la utilización del aniversario de los atentados terroristas. Se puede ser independentista con respeto a la ley como se puede discrepar del procesamiento de los líderes separatistas sin tener que predicarlo incluso ante las víctimas. Pero ni Puigdemont ni Torra tienen sentido institucional y la liturgia otoñal sigue, como sigue la amenaza a la democracia española. Así lo viene ratificando Torra estos días con las reiteradas advertencias de que sigue adelante con la República mientras busca alentar las movilizaciones a las que toda corriente populista atribuye fuente de legitimidad frente a las instituciones.
Lo que se ha constatado en esta Diada es la imposibilidad de que el independentismo movilice a los propios sin previamente agraviar al contrario
Lo que Torra y los suyos olvidan es que, con los hechos del pasado otoño, perdieron como nunca el patrimonio de la reivindicación. Olvidan que sus proclamas no sólo encienden a los suyos sino que ofenden también como mínimo a la mitad de los catalanes, a quienes recuerdan que para sus planes, no son sino un estorbo censurable cuya existencia puede volver a ser pisoteada cuando lo tenga a bien el separatismo. La legitimidad y la vigencia del plan secesionista contra media Cataluña es lo que blandirán los líderes independentistas tras la multitudinaria manifestación de ayer. Eso es lo que expresan las peticiones de anular la acción de la Justicia y no otra cosa, por mucho que se empeñen en limitarlo al carácter supuestamente anti-represivo al que pide sumarse a “cualquier demócrata”. De hecho, este año han sumado a la causa a personas perseguidas por la Justicia como el rapero Valtonyc, persiguiendo esa imagen que llaman transversal.
Para ese barniz democrático han contado con la ayuda, en los actos institucionales de la jornada -llamar institucional a una marcha de antorchas debería herir la sensibilidad de cualquier persona nacida en una democracia constitucional-, de viejos conocidos. No faltó la alcaldesa Colau, que decidió lucir un lazo amarillo, como tampoco se hicieron de rogar algunos dirigentes del PNV ni el propio Otegi, que el año pasado fue entrevistado en prime time en la televisión pública, donde prodigó lecciones de democracia a España. La presencia de estos últimos actores, sobre todo, es la manera que ha hallado el nacionalismo catalán para argüir que su causa es la de los ‘demócratas españoles’, sintagma al que tienen una altísima estima, pero que resulta humillante para muchos catalanes. Es como si todo lo español que hay en Cataluña incordiase al separatismo: pudiendo ser nacionalistas vascos, van y salen constitucionalistas.
Si el separatismo quiere dialogar, antes tiene que aceptar la actuación de la Justicia y reconocer a la media Cataluña que se ha dejado en el camino
Pero ninguna de estas artimañas puede -o al menos no debería- servirles para ocultar que su principal problema es que sometieron a la sociedad catalana a una tensión tan alta que ninguna demanda para legitimar sus abusos, por más disfrazada de democracia que la planteen, va a convencer a una mayoría de catalanes de que nada de esto va en su contra. Porque si esta Diada ha sido multitudinaria para el independentismo, ha sido todavía más excluyente para el resto, que ya no asiste a la cita como un espectador que toma nota atento a las peticiones de sus conciudadanos. El constitucionalismo en Cataluña asumió hace tiempo la existencia del separatismo, y ahora es necesario que ese reconocimiento sea recíproco. Visto que el Gobierno de Sánchez sigue instalado en el discurso nacionalista y ya les ha dado la razón con el mantra del Estatut, propongo un principio de solución desde dentro de Cataluña ante las cesiones contraproducentes del Ejecutivo. Al cabo, si el constitucionalismo tiene derecho a la reivindicación, aprovechémoslo. Si el separatismo quiere dialogar, antes tiene que hacer dos cosas: aceptar la actuación de la Justicia y reconocer a la media Cataluña que se han dejado en el camino.
