Este mes de septiembre se presenta aciago. Las negociaciones para la investidura presentan un cariz que para muchos ciudadanos resulta intolerable y no sólo por la negociación en sí sino porque el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos del Estado de Derecho hace temer con bastante fundamento que cualquier cosa es posible. Y no están preocupados sólo los que voten a la derecha, sino que muchas viejas glorias del PSOE, algunas de las cuales fueron decisivas para la instauración de la democracia, han puesto graves reparos. Felipe González, Alfonso Guerra, Jordi Sevilla, Jáuregui, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo se han pronunciado estos días de una forma inequívoca. Mi compañera opinóloga en Vozpópuli, Ignacia de Pano, hacía referencia en Twitter -o cómo se llame ahora- a la necesidad de hacer una lista de socialistas dignos. Los comentarios en esta red tan cruel resaltaban que ya lo podrían haber hecho antes o que no tiene mérito ahora que no son relevantes y no aspiran a cargo alguno.

Podemos discutir si es un acto de dignidad o no, pero no es eso lo que me interesa destacar. Para mí lo esencial es que aunque hubiera mucha gente en desacuerdo dentro del PSOE su opinión es difícil que cuente. Uno de los principales problemas políticos, de los muchos que tenemos hoy, es que todo el poder se concentra en los partidos o, más concretamente, en las cúpulas de los partidos, por lo que algunos se han atrevido a señalar que lo que tenemos, más que una verdadera democracia, es una partitocracia o cupulocracia, porque, en un sistema de listas cerradas y bloqueadas, el que manda no es el pueblo soberano, sino el que hace las listas electorales de los partidos. Lo de la separación de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial es una aspiración casi ilusoria.

Los sistemas mayoritarios disminuyen la representación, pero es fácil exigir responsabilidades. Los proporcionales son más representativos, pero es más difícil pedir la rendición de cuentas

Y el problema, en el fondo, reside en el propio sistema. En la elección del sistema electoral y político de cualquier país debe atenderse a dos factores: la adecuada representación y, también, a la rendición de cuentas y responsabilidades y consiguiente posibilidad de expulsar al político del poder. Los sistemas mayoritarios disminuyen la representación, pero es fácil exigir responsabilidades. Los proporcionales son más representativos, pero es más difícil pedir la rendición de cuentas. Como decía en su día Politikon en La Urna rota, el sistema español, proporcional con sesgo mayoritario y conservador, a través de las listas cerradas y bloqueadas ha favorecido unos partidos cerrados donde la selección de elites recae en un núcleo de dirigentes centralizado y el papel del votante en la selección intrapartido es nulo. Eso refuerza a los líderes y pone pocos incentivos para el control interno, no permite la rotación de las elites y favorece la aplicación de Ley de Hierro de la Oligarquía de Michels, según la cual con el crecimiento de la organización, ésta se vuelve jerárquica y profesionalizada, por lo que deviene en poco democrática y cartelizada, pues lo que busca es el control de los puestos de gobierno, más rentas que repartir entre los suyos y evitar la entrada de nuevos actores. Se prima la lealtad, no la competencias. Estos partidos cártel están dirigidos a ganar las elecciones y concentrados en atraer votantes y no satisfacer a las bases. Qué les voy a contar que no sepan de primera mano.

Todo ello hace que sea muy difícil la contestación interna. En ese mundo en el que linda el Derecho y la Política, hace tiempo tuve ocasión, junto a Rodrigo Tena, de escribir para Hay Derecho un artículo sobre aquella rebelión interna que intentó echar a Sánchez por vía de la dimisión de 17 de sus 36 miembros, lo que implicaba la cese del Secretario General y la constitución de una gestora. Nosotros, Estatutos en mano, opinamos que no estaba cesado Sánchez, pero lo cierto es que dio igual, porque luego él se repuso, volvió a ser Secretario General y consiguió modificar los estatutos para reforzar todavía más su poder: básicamente se regulaba cómo se elige al líder de PSOE en primarias (se establece una segunda ronda), los barones no pueden cesar al líder porque se elimina la dimisión de la ejecutiva y se establece una moción de censura con consulta a las bases.

En definitiva, se reforzaba el poder del líder apoyado en las bases, y se reducía el de los barones. Sin embargo, y he aquí lo interesante, se establecía la obligación de consultar a las bases en caso de acuerdos de gobierno y además se establece una iniciativa popular de un 20% de los militantes para pronunciarse sobre un determinado tema: Copio los interesantes artículos de los Estatutos de 2021:

Artículo 10. De la militancia. 2. Son derechos de los/as militantes, los siguientes:….l. El derecho de iniciativa política, un derecho individual de ejercicio colectivo, que se ejercerá ante los órganos correspondientes, de acuerdo con el Reglamento Federal de Desarrollo. Las iniciativas que superen el 20% de las firmas de los militantes del ámbito territorial correspondiente serán de obligado tratamiento.

Artículo 31. Competencias de la Comisión Ejecutiva Federal La Comisión Ejecutiva Federal es el órgano encargado de aplicar y dirigir la política del Partido. Son competencias de la Comisión Ejecutiva Federal:…. u. Convocar las consultas a la militancia y afiliación directa sobre aquellos asuntos de especial transcendencia que se determinen en el Reglamento Federal de Desarrollo. Será obligatoria sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Gobierno a otro partido político.

Y ahora vuelvo al principio. Los ciudadanos estamos preocupados y deprimidos, pero podemos hacer poco. Como decía en Twitter Pedro Vallín: “No os tiréis de los pelos. En julio dijisteis que eligiéramos entre Vox y Txapote. Ganamos los de Txapote. Así que a callar”. Y, aunque supongo que es una boutade de mal gusto, tiene razón, poco podemos hacer (aunque no callar, claro) y el Tribunal Constitucional no lo veo por la labor. Quizá –llámenme ingenuo- el único que podría hacer algo es el militante socialista, usando el Derecho para reclamar la Justicia y la dignidad. Ahí sí me creería las declaraciones de algunos exdirigentes. ¿Lo harán? Seguramente no, porque el sistema está diseñado para evitar la disidencia de los barones–y aquí radica el problema- y, encima, a veces las bases son más radicales que las cúpulas.

Pero harían un gran favor al país si tuvieran esa valentía. Si lo hicieran y saliera un no a estos pactos, quizá pudiera volver la sensatez a esta política. Una política que, como decía Alfonso Guerra en la COPE, hace que el 73 % de la Cámara de diputados sea dominado por quien tiene el 6%. Llámenme ingenuo, sí.

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