Si el PP de Casado no es capaz de sostener la promesa de devolver la independencia al poder judicial habrá fallado a su electorado de una forma irreversible. No es posible seguir sosteniendo que el sanchismo tiene un alma totalitaria que nos está despeñando por el precipicio del autoritarismo y, al tiempo, pactar con este PSOE los nombres de los vocales del CGPJ.
Un pacto así, sin contrapartida democrática, sería la debacle electoral del PP. Ya no estamos en los tiempos del bipartidismo imperfecto en el que no había alternativa a los dos grandes partidos salvo reductos testimoniales y de protesta. Si los populares fallan el mercado político tiene otras ofertas. Esto debería ser primordial para Génova, muy por encima de supuestos “centrismos” y de trasladar una imagen de negociador moderado.
El electorado del centro-derecha está deseando creer que existe una alternativa a Pedro Sánchez que rectifique estos años de voracidad fiscal, menoscabo del Estado de Derecho, destrucción del proyecto nacional, y de desprecio a los derechos individuales, a las Cortes y a la separación de poderes.
La ansiedad de los sanchistas por renovar cuanto antes a los miembros del CGPJ es una alerta para cualquiera que quiera defender la democracia liberal. Hemos leído y oído durante estos años proyectos de renovación y elección de dichos vocales que eran propios de regímenes autoritarios. Las propuestas de designación por mayoría simple o por la mayoría de grupos parlamentarios, como sostuvieron el PSOE, Podemos y sus terminales periodísticas, eran un insulto a la inteligencia. Si esos proyectos hubieran salido de la derecha española, hubieran sido tildados de “fascistas” por los mismos izquierdistas que los defendieron.
Teniendo en cuenta que los socialistas sostienen su Gobierno en alianza con los filoetarras, los golpistas catalanes y los comunistas, odiadores profesionales de la libertad, el PP tiene que arrancar un acuerdo sólido. Esto, además, hará olvidar o dejar en un segundo plano el triste espectáculo de la batalla de los populares en Madrid.
Ya no se trata solamente de una cuestión electoral, de no traicionar una promesa, ni siquiera de difuminar la esencia liberal del partido, sino de hacer un servicio a la democracia en plena crisis política
El PP de Casado debe sacar al Gobierno un proyecto de ley que devuelva a los jueces la elección de los vocales del CGPJ. Si al tiempo quieren negociar una transición es admisible, pero el horizonte ha de ser la independencia. Ya no se trata solamente de una cuestión electoral, de no traicionar una promesa, ni siquiera de difuminar la esencia liberal del partido, sino de hacer un servicio a la democracia en plena crisis política. Esa es la responsabilidad de las élites, verdadero sustento de cualquier sistema representativo.
No cabe una distinción de poderes, que es lo han mantenido en el pasado el PSOE y el PP, sino que es precisa una verdadera separación justo cuando el pulso al Estado democrático de Derecho es tan evidente. Ningún juez debe actuar como un político ni seguir un dictado partidista, del mismo modo que no es admisible que un diputado actúe como juez.
La salud pública, como se está viendo en los casos de Grande Marlaska y Dolores Delgado, aconseja que no existan puertas giratorias entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. De no establecer un sistema de incompatibilidades, sí debería existir por precaución un tiempo entre el desempeño de cargos. Es decir; un juez no puede ser ministro y al día siguiente ser fiscal, por ejemplo, sin que medie un plazo largo, quizá de años.
La Unión Europea, mecanismo insaciable de intervencionismo y de intromisión en la vida privada, aconseja la separación de poderes. Incluso ha amenazado a Polonia porque su Gobierno se empeña en tener a su servicio al Tribunal Constitucional, que no es poder judicial sino un órgano vigilante. Este principio de salud democrática es el mismo que defiende la mayoría de la Carrera Judicial, de sus asociaciones y jueces. Es más que evidente, por tanto, que es un camino equivocado dar rienda suelta a la vocación autoritaria de los socialistas.
Si el sanchismo se retrasa o resiste, los populares tienen que adelantarse y presentar su proposición, bien construída, dialogada con los jueces, y con el respaldo de los grupos parlamentarios europeos
La propuesta legislativa del Gobierno, que ahora el PP de Casado quiere forzar para dar pasos en la renovación del CGPJ, debería estar en el primer semestre de 2022. Su discusión y trámite parlamentario no deben interferir con los procesos electorales de 2023. De no ser así, si el sanchismo se retrasa o resiste, los populares tienen que adelantarse y presentar su proposición, bien construída, dialogada con los jueces, y con el respaldo de los grupos parlamentarios europeos. Es una cuestión de solidez y madurez, de responder a la necesidad de que el centro-derecha cuente con una esperanza.
Esta es la manera de tener la iniciativa, de llenar las portadas y los informativos con noticias positivas. Es preciso tener un protagonismo proactivo que se adelante al Gobierno. Eso es hacer oposición con ambición de llegar a La Moncloa.
Crítica destructiva
¿Quién va a criticar un pacto para renovar el CGPJ a cambio de devolver por ley la independencia al poder judicial? Lo harán los populistas de izquierdas, que quieren asumir todos los poderes para la “transformación social”, vamos, lo que siempre se ha llamado dictadura. A esto se sumarán los nacional-populistas de todo pelaje y condición, aunque con argumentos distintos. Unos dirán que así se demuestra que no hay diferencia entre el PSOE y el PP, y otros dirán que el Estado solo quiere impedir la expresión democrática del independentismo.
El PP no debe asustarse por esto, porque tanto unos como otros viven de la crítica destructiva y demagógica. La tarea ahora de los populares es avanzar en la recuperación de la democracia, asegurar sus instituciones, y luego, responder al deseo de sus electores y cumplir sus promesas.
