Que se escuche la voz de la Cataluña silenciada es el punto de partida del manifiesto que el domingo día 24 han suscrito tres asociaciones de derechos civiles coincidiendo con la apertura de negociaciones para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno. Lo firman Impulso Ciudadano, Asamblea por una Escuela Bilingüe y S’ha acabat!, que apelan a los partidos constitucionalistas y a los representantes de la soberanía nacional en demanda de amparo a los catalanes ahora atropellados por las autoridades oficiales de signo nacionalista.
Sostienen que el oficialismo separatista, instalado en el poder de la comunidad autónoma, les ignora para apropiarse indebidamente de su voz para despreciarla o silenciarla como si no existieran, de modo que la Cataluña oficial expulsa a la otra media Cataluña que no se siente representada por la Generalitat. Por eso, consideran urgente la búsqueda de puntos de encuentro que articulen un discurso armónico, alejado de cualquier veleidad totalitaria, que asuma la realidad plural de la sociedad en los ámbitos políticos, lingüísticos y culturales y alcance los imprescindibles consensos respetando las reglas del Estado de derecho.
A partir de ahí, reclaman que en los acuerdos para un pacto de investidura o un acuerdo de Gobierno entre distintas formaciones políticas deje de ignorarse a los catalanes que defienden en condiciones muy difíciles la vigencia de la Constitución española en Cataluña y pasan a formular las siguientes reclamaciones previas:
- El cumplimiento de las leyes y el acatamiento de las sentencias que protegen los derechos individuales de los ciudadanos amenazados por la desobediencia militante y el autoritarismo de los gobernantes nacionalistas y por los colectivos separatistas antisistema.
- El respeto a los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en una sociedad bilingüe, con especial protección de los que atañen a los niños en las escuelas y con seguimiento riguroso y respuesta democrática a las múltiples denuncias por adoctrinamiento en los centros educativos.
- La reforma de los medios de comunicación públicos para que dejen de ser altavoz del discurso nacionalista y se conviertan en punto de encuentro entre las diversas sensibilidades existentes en la sociedad.
- La consideración debida a los símbolos oficiales comunes y la neutralidad de los espacios públicos, evitando la apropiación ilegítima del mobiliario e instalaciones públicas tiznados con propaganda de parte.
- La defensa radical de la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su etnia, lengua, raza, religión, sexo o condición económica o social, sin alzar fronteras por motivos étnicos, lingüísticos o económicos.
- La igualdad de derechos laborales para todos los ciudadanos de España, suprimiendo las barreras lingüísticas en las administraciones públicas.
- El cese del discurso victimista e hispanofóbico que promueve el nacionalismo identitario y la articulación de un mensaje de solidaridad entre todas las comunidades de España y entre todos los españoles.
- El rechazo a cualquier clase de privilegio penitenciario a los políticos y líderes sociales condenados en sentencia firme por haber tratado de derogar el orden constitucional en Cataluña.
A quienes se rindieran a una política de contentamiento con el nacionalismo identitario les advierten de que incurrirían en un error que les haría corresponsables de sus consecuencias probablemente irreversibles. Además, invitan a todos a poner fin al enfrentamiento entre catalanes y a dar visibilidad a las reivindicaciones del constitucionalismo en Cataluña.
El libro Les droits de l’homme rendent-ils idiot? de Justine Lacroix y Jean-Yves Pranchère (Éditions du Seuil Paris, septiembre de 2019) permite prevenirse de la emergencia de las “democracias sin derechos” que en modo alguno son democracias, habida cuenta de que “la voluntad mayoritaria de los electores, tal como se expresa en las urnas, no es el único criterio de la democracia; sino una consecuencia de otros primeros criterios, que son la igualdad de derechos y la libertad de todos. Porque incluso para un teórico de la indivisibilidad de la soberanía popular tan radical como Rousseau, la “voluntad general” resulta de un contrato cuyo objeto es asegurar a cada individuo en sus derechos. Continuará.
