Ya han pasado casi tres semanas desde la inundación en la Comunidad Valenciana (cuenca del Bajo Turia: Utiel-Requena, Horta Sud y otras zonas), Región de Murcia (Letur en Albacete), Castilla-La Mancha (Mira en Cuenca). El daño humano estremece: 226 muertos (más de 100 tenían 70 o más años; 9 son menores) y aún quedan desaparecidos.

La crudeza de la devastación la sufren quienes la viven; ha sido inmensa e irreparable en daños personales, todavía se encuentran muertos entre el fango y desaparecidos; las imágenes presentes en todos los medios dan cuenta gráfica de los daños materiales en bienes, servicios y empresas. La reconstrucción costará tiempo y recursos. En medio de tanto mal, es una constante humana buscar un responsable, alguien en quien derivar la culpa como resorte mental liberador para soportar las desdichas. El responsable debe pagar; es el precio depositado en el otro plato de la balanza que, al menos simbólicamente, equilibre el otro plato en este caso de la muerte y devastación.

Está en ebullición la guerra política y mediática para señalar al culpable. Quien logre asociar la desgracia, en el sentir colectivo, con un responsable habrá ganado la batalla. El foco mediático se proyecta, por un lado, en Sánchez y su entorno y, por otro, en Mazón y el suyo. Son los presuntos culpables. Uno ganará y el otro perderá. Así se están construyendo los relatos con independencia de la objetividad de los hechos y las responsabilidades respectivas de uno y otro.

Más allá de esta forma beligerante de construcción social del poder político, están la realidad de los hechos y las responsabilidades en su evitación preventiva, abandonadas durante décadas. Veámoslo a dos semanas de los hechos.

La perspectiva en este corto plazo de tiempo evidencia tres factores objetivos:

-Uno: la cantidad de agua vertida por la DANA de más de 2.000 m3 por segundo es motivo de catástrofe en cualquier lugar, mucho más aquí en la cabecera de la cuenca del Bajo Turia, zona inundable densamente poblada con historial previo de inundaciones. La ejecutoria de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dependen de la ministra Ribera. Desde Bruselas puso un tuit a las 12:45 horas pidiendo “máxima cautela” y llamó a Mazón con el barranco del Poyo desbordado. En el undécimo día ha cargado contra Mazón en la SER. La CHJ omitió 15 veces la alerta que exige el protocolo. Los medidores indicaron a las 17:25 que superaba los 150 m3/s lo que les obligaba a informar de forma inmediata. No informó que el barranco del Poyo llevaba un caudal cuatro veces el del Ebro. No tenía implantado un sistema de predicción en el barranco del Poyo como tienen otras confederaciones. En conjunto evidencia deficiencias de protocolos burocráticos ineficientes: no garantizan la coordinación y parcelan las responsabilidades. Al principio la CHJ puso el foco en el río Magro y en la presa de Forata, no en el barranco del Poyo, pues su caudal se había reducido a las 16:13 horas (a las 15:50 h informó a la Generalidad Valenciana que el caudal había descendido a 28,7 m3/s), pero más tarde a las 17:25 h. el caudal aumentó de forma exponencial y se produjo el trágico desbordamiento. La CHJ no volvió a informar a la Generalidad hasta las 18:43 h cuando el caudal era de 1.686 m3/s, 60 veces más.

Zapatero y el Plan Hidrológico

Con todo, lo más importante es lo que no se hizo antes para prevenirlo. La cantidad de agua vertida en la cabecera de la vertiente, discontinua a mediodía, pero muy intensa y continuada horas después, hacía inevitable la fatal inundación del barranco del Poyo.

Un hito preventivo fue el Plan Hidrológico Nacional (2001) que incluía la construcción de la presa de Cheste (capacidad de unos 8 Hm3), para evitar inundaciones en 16 municipios, muchos de ellos ahora afectados por la inundación. Además de las siguientes medidas: restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet con dos diques de contención; encauzamiento de los Barrancos de Carraixet y Palmaret; encauzamiento del río Seco entre la autopista A-7 y su desembocadura al mar; restitución y adaptación de los cauces naturales del barranco del Poyo. (Fase I); Azud de regulación diaria en el tramo bajo del río Turia; acondicionamiento del Bajo Turia y nuevo cauce del río; mejora del drenaje del Marjal sur del río Júcar. Mantenimiento y explotación del Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca hidrográfica del Júcar. Zapatero, en 2004, decidió suspenderlo. No se ejecutó ninguna de sus disposiciones. He aquí una responsabilidad que, por no ser inmediata a los hechos, no se tiene en cuenta.

La cuenca del Bajo Turia es una bomba de relojería. Ahora ha estallado y lo volverá a hacer si no se ataca la causa: el barranco del Poyo, de Chiva, la seguridad de las presas y el urbanismo

Los planes de la Generalidad Valenciana de 2007 y la modificación del 2021 (Decreto 112/20921, de 6 de agosto) están orientados a la ordenación de los recursos naturales del Turia, agricultura y ganadería, forestal e industrial, abastecimiento de agua y depuración, etc., pero estos planes no establecieron medidas efectivas de prevención de las zonas inundables. Responsabilidad tanto del PP como del PSOE.

La Confederación Hidrográfica del Júcar elevó un informe a la ministra Teresa Ribera (2020) con propuestas de remodelación del cauce del barranco del Poyo a su paso por los municipios afectados por la DANA con la construcción de un azud (construcción que deriva parte del caudal en una red de acequias) para derivar aguas en las crecidas, pero puede favorecer la expansión de especies invasoras. No se ejecutó. La ministra en 2021 paró el proyecto de adecuación y drenaje del barranco del Poyo por problemas ambientales, declarado incompatible con la Ley de la Huerta de Ximo Puig de 2018. He aquí otras responsabilidades que tampoco se tienen en cuenta. En 30 años se han suspendido 9 proyectos para proteger a los ciudadanos de la Huerta Sur de las inundaciones.

Sánchez excluyó de su plan climático con 235.000 ME la presa de Cheste que evitaría inundaciones en Valencia Sur. Todas estas responsabilidades preventivas desatendidas presentan una relación causal mediata con los hechos. La cuenca del Bajo Turia es una bomba de relojería. Ahora ha estallado y lo volverá a hacer si no se ataca la causa: el barranco del Poyo, de Chiva, la seguridad de las presas y el urbanismo. Ahora el foco, está puesto, como debe ser, en las responsabilidades inmediatas del Gobierno y de la Generalidad que en lugar de sumar están en una guerra política de unos contra los otros para sacar tajada de la desgracia.

-Dos: la dejación del poder del Estado, tanto de la prevención exigible habida cuenta de los riesgos potenciales de esta zona inundable con ríos, barrancos y embalses, como de la intervención unitaria, coordinada, inmediata y efectiva para atender a la población, garantizar el salvamento, seguridad pública, necesidades básicas, salubridad y reparación. El responsable directo de este abando es el presidente del Gobierno, Sr. Sánchez.

El poder del Estado no es otra cosa que los medios institucionales y materiales que los ciudadanos individuales hemos depositado en el Estado democrático para nuestra defensa, seguridad y desarrollo: ejército, policía, bomberos, instituciones públicas (centrales, territoriales y locales) de conocimiento (Aemet, Confederaciones hidráulicas, etc.) y de gestión (presidencia del Gobierno, de la Generalidad, ministerios, consejerías, diputaciones y ayuntamientos con todos sus organismos y recursos de gestión).

En esta tragedia, el Estado en su conjunto ha sido incompetente e ineficaz en las medidas de prevención e intervención rápida y suficiente con relación a la magnitud de los hechos. Las primeras 72 horas después del diluvio fueron un caos; los ciudadanos, abandonados a su suerte.

Errores e incapacidades

En este punto es importante señalar que el Estado central tenía la información y los recursos para intervenir y no lo hizo. Seguridad Nacional informó a primera hora del fatídico martes (29.10.2024) que la DANA podía provocar inundaciones. A las 16:00 horas el alcalde de Utiel daba la alarma por la inundación que afectaba a su pueblo. La Confederación del Júcar, pasó más de dos horas sin decir nada. El Gobierno avisó a Mazón cuando la riada había inundado Paiporta. El Estado convocó el Comité de crisis por la noche, después de la catástrofe, presidido por la vicepresidenta Primera del Gobierno, Sra. Montero, con los ministros Bolaños, Robles, Marlaska y Ribera. Llamaron a los presidentes de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia para poner a su disposición medios que pudieran pedir. Esta decisión de eludir la responsabilidad directa de la competencia estatal que prevalece sobre cualquier otra consideración y transferirla a las autonomías fue determinante de los errores e incapacidades posteriores. Sánchez debió activar el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (Plegem) que define el protocolo de actuación ante emergencias de interés nacional, definidas por la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, 17/2015, bajo tres supuestos: cuando exista un estado de alarma, excepción y sitio, cuando las emergencias afecten a varias CCAA, o cuando, «por sus dimensiones efectivas o previsibles, [las emergencias] requieran una dirección de carácter nacional» (art. 28) aunque afecten sólo a una Comunidad Autónoma. Y en el art. 29 (a propuesta del grupo socialista se aprobó este texto) «Cuando la declaración de emergencia de interés nacional se realice a iniciativa del Ministerio del Interior se precisará, en todo caso, previa comunicación con la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas afectadas, por medios que no perjudiquen la rapidez de la declaración y la eficacia de la respuesta pública». El grupo socialista lo justificó así: «La declaración de emergencia de interés nacional corresponde, obviamente, al Ministerio del Interior, pero cuando éste actúe a iniciativa propia habrá de comunicarse con la Comunidad Autónoma o las Comunidades Autónomas afectadas sin que ello pueda perjudicar la eficacia de la respuesta». Además, la jurisprudencia del TC es clara ante emergencias de interés nacional: «El Estado tiene una habilitación plena para ejercer sus poderes en materia de protección civil».

Se habría creado un mando unificado en el Comité de Coordinación, compuesto por la Secretaría de Estado de Seguridad, la Guardia Civil, la Policía, la DGT, el Departamento de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa, la Aemet y un representante de la Comunidad Autónoma afectada (en este caso, Valencia)

Correspondía al ministro del interior, Sr. Marlaska, «bien por propia iniciativa o a instancia de las CCAA o de los delegados del gobierno en las mismas» (art. 29) … “en todas sus fases y situaciones operativas” (5.1.1.) la coordinación legal y declarar la situación operativa de nivel 3 sumando a la Generalidad Valenciana, diputaciones y ayuntamientos. Se habría creado un mando unificado en el Comité de Coordinación, compuesto por la Secretaría de Estado de Seguridad, la Guardia Civil, la Policía, la DGT, el Departamento de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa, la Aemet y un representante de la Comunidad Autónoma afectada (en este caso, Valencia).

Este Comité apoyaría la Dirección Operativa de Emergencia, que recaería en el general en jefe de la UME, encargada «del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones sobre el terreno, de la asignación de misiones, del establecimiento de las prioridades operativas y de la designación de la jefatura del Mando Operativo Integrado» (5.1.3.1). También sería responsable «de recabar la intervención de otras capacidades de las Fuerzas Armadas».

La estructura incluiría dicho Mando Operativo, Puestos de Mando Avanzados, Grupos de Acción, Centros de Logística y Centros de Atención Ciudadana, cuya labor sería «confeccionar los listados de personas afectadas, distribuir alimentos y enseres, facilitar lugares de albergue y abastecimiento de productos esenciales y prestar apoyo psicológico» (5.2.5). 

No lo hizo, por propia iniciativa o por voluntad de Sánchez, pero esta decisión de inhibición y poner el foco en Mazón es fundamental para entender la evolución de los acontecimientos con trascendencia política. Supuso un cambio radical de la coordinación habida en los primeros momentos entre el Gobierno y la Generalidad Valenciana hasta que se tuvo noticia de la catástrofe.

La batalla del relato para atribuir las culpas anega los medios y las redes. El foco se ha desplazado de las calles y plazas de las ciudades inundadas con la imagen del fango y las labores de limpieza a la caza del culpable

El Gobierno se vio obligado a una creciente intervención del Ejército, siempre insuficiente con reticencias de la ministra Robles y descontento de militares de alta graduación. Además de Protección Civil y más allá de la UME, el Ejército es la institución más preparada para afrontar una emergencia así. En la provincia de Valencia están el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (que incluye el Despliegue Rápido de la OTAN), cinco Regimientos y un Batallón de Helicópteros de Emergencia. En Alicante está además el Mando de Operaciones Especiales, y en Murcia un Regimiento de Infantería. Todas ellas pudieron desplegarse muy rápidamente requiriendo necesidades logísticas menores, pero el gobierno no quiso dar la orden.

Con el huracán Katrina, EE. UU. ya tenía 10.000 hombres de la Guardia Nacional en alerta antes de su llegada en previsión de la catástrofe; llegarían a desplegarse un total de 61.000 soldados en los siguientes días. En España, durante la riada de Bilbao de 1983 (mucho menos grave y con la décima parte de muertos), en 48h había 2.000 militares desplegados, 200 vehículos y 50 máquinas pesadas, y en 72h, se encontraban sobre el terreno 10.000 soldados.

En todo este tiempo ha quedado en evidencia la falta de liderazgo de Sánchez al eludir su responsabilidad y pasar la patata caliente de la tragedia a Mazón y la incapacidad de éste, superado por los hechos, con carencias de liderazgo y errores de comunicación y gestión. Con todo, en materia de responsabilidades la equidistancia es moralmente rechazable por lo que afirmo que la responsabilidad directa e irrenunciable, por acción y omisión, es de Sánchez y su entorno.

-Tres: la politización partidista e ideologizada de la tragedia. Como indicaba al principio, la batalla del relato para atribuir las culpas anega los medios y las redes. El foco se ha desplazado de las calles y plazas de las ciudades inundadas con la imagen del fango y las labores de limpieza a la caza del culpable. El día 20 después de la tragedia el foco está puesto en Mazón (Sánchez está más allá del bien y del mal). El foco no está en lo que hizo o dejo de hacer Sánchez, Ribera o Marlasca que objetivamente son los máximos responsables, pero así se hace la construcción social de la realidad en esta época de posverdad. El foco busca y refuerza unir en un vínculo estable al responsable con la tragedia para culpar a unos y salvar a otros. Unos pierden para que otros ganen.

Los muertos serán enterrados con honores, la devastación se irá restaurando. La vida sigue, pero la conciencia interpela, duda, cuestiona y va más allá del relato del poder. La cuestión candente es y seguirá siendo cómo prevenir estas catástrofes evitables, especialmente en vidas humanas. Unir conocimiento, presupuestos y gestión en un proyecto que libere a las ciudades del Bajo Turia de las inundaciones trágicas. Se hizo después de la inundación de Valencia en 1957.

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