Nuestro país tiene un problema con el euro, no hay otra manera de explicar que sea lìder continental en restricciones legislativas y administrativas contra la moneda común de los europeos. En el año 2002 los billetes y monedas en euros entraron en circulación y hoy es la moneda de veinte países de la UE y de más de 346 millones de europeos, además de ser la segunda divisa de reserva en el mundo (en billetes físicos) y el principal medio de pago en el mundo y en Europa, pero con la nueva ley de vivienda España consigue el dudoso honor de ser el primer país en prohibir el dinero físico como medio de pago. El BCE advirtió hace unos meses al Estado español, con nulo resultado, que la limitación a 1.000€ de los pagos en efectivo ponía en riesgo el curso legal del euro, junto con otros problemas no menores, pero ahora nuestro país da un paso más en una posición mas que cuestionable.

La nueva Ley de Vivienda prohíbe el pago de alquileres en efectivo salvo en el caso prácticamente imposible en nuestro país de no disponer de una cuenta bancaria o el acceso a medios de pago electrónicos. Un mensaje sorprendente de las instituciones españolas a pocas semanas de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, la pretensión unilateral de irrogarse la facultad de negar el curso legal del euro, su no aceptación como medio de pago para liquidar deudas, cuestionando una soberanía económica y política que se materializa, entre otros elementos esenciales, en el privilegio exclusivo de emitir una moneda propia y común con el carácter de curso legal que incorpora. Un derecho que parece no ser percibido por nuestros legisladores como un factor de unidad política con nuestros socios continentales, al rebajar al euro a la condición de mero instrumento de pago sin una significación política concreta, demonizando su uso y a la vez subestimando su importancia en la construcción del proyecto europeo.

Una privatización de un bien público, el dinero físico de curso legal, con un dudoso argumento de fondo perfectamente aplicable a otros servicios públicos

Una prohibición que recuerda a la campaña publicitaria de un rescatado banco español que hace unos años invitaba a sus clientes a no pagar con dinero sus compras, susituido por plataformas extranjeras de pagos en línea. En el fondo se trata de lo mismo, sustituir la moneda de curso legal emitida por nuestro Banco Central Europeo por la mediación forzosa de intermediarios en las transacciones económicas, obligando a los consumidores a someterse a sus condiciones de servicio. Una privatización de un bien público, el dinero físico de curso legal, con un dudoso argumento de fondo perfectamente aplicable a otros servicios públicos, como el de correos o cualquier otra atención presencial a los ciudadanos, se pueden suprimir porque ya existe gmail o whatsapp.

Precisamente ahora, cuando reverdece la tensión geoestrategica sobre las divisas y los posicionamientos regionales en el comercio internacional, en España parece instalarse una idea de archipiélago europeo de islas monetarias donde cada país pueda hacer lo que quiera con la divisa que les une, olvidando que la cesión de soberanías nacionales en beneficio de un proyecto político compartido también incluye el euro, al que no puede someterse al libre capricho de los legisladores en cada Estado. La enfática retórica europeísta parece aparcarse en nuestro país cuando se trata del acceso y uso del único dinero público existente, los billetes y monedas que emite el banco central de los europeos.

Una norma que va en sentido contrario a la flamante legislación de protección al consumidor vulnerable, que ha regulado expresamente la aceptación obligatoria del efectivo como medio de pago

Una decisión legislativa que afectará especialmente a las personas más vulnerables, precisamente los que pagan alquileres más bajos, incluidos los arrendatarios de viviendas sociales cuyos alquileres parten desde los 150 euros mensuales, dado que ya existía una restricción legal a los pagos superiores a los 1.000 euros. Una norma que va en sentido contrario a la flamante legislación de protección al consumidor vulnerable, que ha regulado expresamente la aceptación obligatoria del efectivo como medio de pago, precisamente para salvaguardar sus derechos, su dignidad y su calidad de vida. Y para qué hablar de otros derechos como la privacidad o la libertad de elección, que también se ven lesionados con esta última decisión legislativa.

Prohibir pagar el alquiler de una vivienda con billetes de curso legal y poder hacerlo con criptomonedas evidencia una chocante percepción de cómo funciona el dinero en la economía pero inquieta aún más que sea un precedente de lo que está por venir sin una conciencia clara de los riesgos reales de esa estrategia. Como señala el Banco Central Europeo, ”la economía necesita una determinada cantidad de efectivo para funcionar” y ”el efectivo es el principal medio de pago en la zona del euro”, pero en nuestro país, en un acto insólito en la historia de la humanidad, sus instituciones hostigan a su propia moneda, perjudicando además a la población más vulnerable, y tristemente abandonando el guion histórico de la vocación europea de España. Están a tiempo de rectificar.

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