Lunes 25 de octubre. Inauguración del XXIV congreso de la Empresa Familiar en Pamplona, con discurso de apertura a cargo del rey Felipe VI. En uno de los descansos del evento, un reducido grupo de empresarios departe con el presidente de la institución, Marc Puig, cabeza ejecutiva del Grupo Puig, en torno a una de las cuestiones más calientes del momento, la situación de los fondos Next Generation UE llamados cual maná a volver del revés, en el mejor de los sentidos, el panorama empresarial y la entera economía española. Las preguntas se vienen al galope entre el desconcierto general sobre lo que está ocurriendo con esa ingente suma de dinero (72.000 millones regalados y otros tantos en forma de créditos blandos). Todo son rumores. Nadie sabe nada concreto. Y entonces Puig cierra el cambio de impresiones con una frase que resume bien el estado de la cuestión: "Lo cierto y verdad es que a día de hoy no conozco a nadie que haya cobrado un euro de esos fondos y, si me apuras, ni siquiera conozco a alguien que los haya pedido".
Tres meses después de ese evento, la situación sigue siendo más o menos la misma: nadie ha oído hablar de persona, física o jurídica, que haya puesto en marcha un proyecto con dinero procedente de esos fondos, a pesar de que la propaganda oficial nos bombardea casi diariamente con la especie de los miles de millones ya aterrizados sobre la piel de toro. Año y medio después de que, en modo rey Midas, Pedro Sánchez fuera recibido con una salva de aplausos a la entrada del consejo de ministros, 21 de julio de 2020, porque esos fondos, por los que él había peleado como nadie en Bruselas, significaban la confirmación de su carrera política, lo único claro es la falta de transparencia, la absoluta opacidad que rodea la adjudicación de ese dinero, y quizá también la sospecha que empieza a tomar cuerpo entre la gente consciente: la incapacidad de la Administración pública, Gobierno a la cabeza, para gestionar adecuadamente, con criterios de transparencia democrática, una cuestión cuya complejidad les supera de largo.
Tenía razón Pablo Casado cuando el 21 de febrero pasado propuso en el Congreso la creación de una "autoridad independiente" encargada de la gestión de los fondos, siguiendo un esquema similar al puesto en marcha por otros países para evitar el "oscurantismo" que ya empezaba a percibirse en torno a los mismos. Una autoridad o agencia independiente, con el oportuno estatuto legal, apoyada por un comité de expertos, dotada del personal adecuado y de los medios, físicos y tecnológicos, pertinentes, encargada de poner en marcha la adjudicación de los fondos en base a los principios de libre concurrencia, con acceso universal a la información sobre los distintos proyectos. Para ser justos, el líder del PP ya había planteado esta cuestión en octubre de 2020, en una reunión con el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis. Pero está claro que a Sánchez nunca le interesó la transparencia en asunto tan importante como el manejo de un dinero concebido no como esencial para la recuperación de la economía, sino como recurso con el que apuntalar su presidencia sobre la base de un reparto clientelar del mismo.
Sánchez ha concebido siempre ese botín de los fondos europeos como "suyo", poniendo a su frente a Manuel de la Rocha, el típico apparátchik crecido a la sombra del partido, que no ha dirigido nunca una pyme
De hecho, Sánchez nunca ha tenido claro si esos fondos deben ser puestos al servicio de las necesidades de tesorería de un Gobierno vocacionalmente gastón como el suyo, o han de servir para apoyar a las empresas, rescatando a las viables de las dificultades provocadas por la pandemia y apoyando los proyectos de expansión de las punteras. Él ha concebido siempre ese botín como "suyo", lo que explica su determinación de radicar su manejo y control en Moncloa, poniendo a su frente a Manuel de la Rocha, pomposo "secretario general de Asuntos Económicos", el típico apparátchik crecido a la sombra del partido, que no ha dirigido nunca una pyme y que carece de la experiencia y de los equipos adecuados para hacer frente a tan gigantesca tarea. El proceso se eterniza. Pasan las semanas y el empresariado sigue preguntándose qué diablos está pasando con los fondos, dónde está el cuello de botella, y quien será el Deus ex machina capaz de sacar el carromato del barro y ponerlo en marcha.
Las alarmas han sonado en la Moncloa y en el propio PSOE, sobre todo después de las denuncias formuladas por Casado en Bruselas. "Están cagados. El intento de centralizar el reparto ha provocado un tapón en la Administración General del Estado impresionante y ahora le quieren pasar la patata caliente a Autonomías y Ayuntamientos", dice una fuente conocedora de la situación. Sánchez, en efecto, se ha abrazado al criterio de que sea el Estado, a través de los distintos Ministerios, quien gestione el 50% de los fondos y que las CC.AA. se encarguen del 50% restante. Vuelve la famosa "cogobernanza". No parece que esta división salomónica vaya a solucionar el problema. La información oficial asegura que Hacienda ha transferido ya 11.200 millones a las Autonomías, pero lo cierto y verdad es que a los potenciales interesados no ha llegado ni un euro, entre otras cosas porque, en la maraña burocrática que les caracteriza, las Comunidades deberán ahora poner en marcha las convocatorias correspondientes para la recepción de solicitudes, la selección de proyectos y su adjudicación final.
Las trabas burocráticas es uno de los obstáculos que impide a una mayoría de pymes el acceso a las ayudas. Pero no es el único, ni siquiera el más importante. Como aquí explican hoy Beatriz Triguero y Mercedes Serraller, "la exigencia de financiar de su bolsillo más de la mitad del presupuesto [30% público y 70% privado como media] de los proyectos es uno de los factores que están impidiendo a las empresas acceder al dinero europeo". Cuestión aparte son los cortos plazos con los que las Administraciones sacan las convocatorias, lo que impide el conocimiento de las mismas por parte de muchos potenciales interesados. El resultado de tal carrera de obstáculos es que nadie acierta a vislumbrar cómo ese dinero podrá servir de acelerador de la recuperación económica y potenciador del crecimiento. Falta visión global y una efectiva coordinación que solo podría haber proporcionado esa agencia independiente que, rindiendo cuentas periódicas al Parlamento, hubiera podido establecer criterios generales y unificar requisitos burocráticos en los que suele naufragar tanta pequeña y mediana empresa.
Un ejército de abogados, auditores, consultores y lobistas vive volcado en la expectativa de un proceso que debería en buena lógica aportar carga de trabajo y negocio para muchos de ellos, pero nadie sabe bien a qué atenerse. Las "big four" (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG) llevan tiempo tratando de meter la cuchara en ese pastel, pero sus esfuerzos quedan en nada cuando constatan que todo, o casi, pasa por Acento Public Affairs, el lobby de José Pepiño Blanco y sus socios, con gente de PSOE y PP en sus filas, caso de Elena Valenciano y Alfonso Alonso. "Si quieres pillar de esos fondos, ya sabes lo que tienes que hacer: vete a llamar a la puerta de Pepiño y déjate de rollos". Antonio Hernando, cofundador de la firma, acaba de ser nombrado "jefe de gabinete adjunto del presidente del Gobierno" a las órdenes de Óscar López. Imposible estar mejor informado de lo que se cuece en Moncloa. Son los fondos de Sánchez y de Pepiño. El propio aludido, exministro de Fomento y exportavoz del Gobierno de Zapatero, no ha tenido empacho en relatar, en cartas de presentación dirigidas a los capos del Ibex, su capacidad de acceso directo a tal o cual ministro, gente con la que le une no solo el espectro de la militancia sino el vínculo de la amistad. Lo de transformar la economía española, mejor lo dejamos para otro día. Como no podía ser de otro modo, el éxito de la firma de Blanco es algo de lo que todo Madrid se hace eco, como lo es la carga de trabajo que soporta, para envidia de sus competidores.
Miedo a que estemos en puertas del escándalo histórico que supondría la utilización ineficiente o corrupta de un dinero llamado en origen a cambiar la faz de nuestra economía
Como se ha escrito en esta página en otras ocasiones, es más que probable que, por desgracia, se estén gestando hoy los escándalos de corrupción que ocuparán la actividad de los tribunales de justicia durante los próximos 10 o 20 años, y las portadas de los medios de comunicación durante el mismo periodo. Las inversiones previstas en el llamado "kit digital" están en lista de espera, lo mismo que las dedicadas a la rehabilitación de viviendas. Parece que no se ha contado ni con las grandes telecos ni con la gran banca, que hubieran podido ayudar lo suyo. Y de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), asunto que hoy trata aquí también Juan Delgado, nada se sabe de momento. Sí se sabe, en cambio, que el Gobierno ha regalado nueve millones a CC.AA. gobernadas por el PSOE, y ha gastado un millón en viajes de "crecimiento personal" para cien autores, más 100 millones para reformar sedes sindicales, más 110 millones en subvenciones a dedo para "reducir desigualdades", más medio millón en publicidad para "infundir optimismo" a las pymes con el Plan de Recuperación…
Es el lacerante suma y sigue que diariamente se esconde en las páginas del BOE, convertido en ventana única desde la que divisar el paisaje, típicamente español, de nepotismo y corrupción. Para el diario gubernamental, la exigencia de transparencia son "provocaciones de la oposición" y "bulos injuriosos" (editorial de El País, 24 de enero), porque "España sigue siendo el primer y único país en cumplir con las estrictas condiciones de la UE" para la recepción de los fondos. El 17 de enero, Anabel Díez escribía en el mismo diario que "el Gobierno va a volcarse en explicar y difundir el laborioso proceso de reparto y la labor de vigilancia de todas las administraciones", pero cuando los periodistas preguntan a cualquier ministro, las más de las veces a la titular de Economía, doña Nadie Calviño arquea la ceja, requiere la espada, mira de soslayo y musita un "no dispongo de esos datos" antes de dar portazo.
Miedo a que estemos en puertas del escándalo histórico que supondría la utilización ineficiente o corrupta (tapar agujeros presupuestarios, cosa que ya podría estar haciendo este Ejecutivo; levantar las fortunas de un surtido ramillete de amigos del partido, o mejorar las cuentas de resultados de algunos "grandes" que tan buenos servicios nos prestan en otros terrenos) de un dinero llamado en origen a cambiar la faz de nuestra economía, con la posibilidad también de que una buena parte de aquella ingente suma quede sin utilizar por incapacidad de las Administraciones para gestionarla. No sería la primera vez que ocurriera.
