La tragedia que se ha producido en la Comunidad Valenciana con un saldo de muertes aun sin confirmar pone de relieve la incompetencia, la irresponsabilidad, la insensibilidad y la fatal arrogancia gubernamental. Esta es la coronación lamentable de la peor gestión realizada por cualquier Gabinete desde la instauración de la democracia y, aunque su capacidad de sorprender a la ciudadanía es cuasi infinita, le resultará muy difícil superar esta siniestra cima. Y ningún español ha de olvidar un mensaje aterrador en cualquier sociedad civilizada, en cualquier Estado desarrollado: quien busque la protección del gobierno ha de solicitarla con humildad a quien es el amo del país.
Sin duda, lo prioritario en esta triste hora de España es intentar salvar lo salvable, ocuparse de las víctimas y dar sepultura a los muertos, pero también es esencial esclarecer y depurar responsabilidades porque ello es una reparación moral básica hacia quienes han perdido la vida y hacia sus familias. La primera obligación de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos y ese es el fundamento y la justificación última de su legitimidad. Y esa tarea básica casi una semana después de la tragedia no se ha materializado con la eficiencia exigible en cualquier sociedad desarrollada.
La Generalidad valenciana es probable que no haya estado a la altura de las circunstancias, pero es el Gobierno de la nación quien ha fallado de manera estrepitosa y persistente porque él tiene la competencia y los recursos necesarios para hacer frente a fenómenos como el acaecido en la Comunidad Valenciana como lo tiene el Gobierno federal en países tan descentralizados como los EEUU o Alemania. Por las razones que sean y ojalá no hayan sido las de erosionar al Ejecutivo de una región gobernada por la oposición, la coalición PSOE-SUMAR no ha actuado con la debida diligencia.
Ningún español ha de olvidar un mensaje aterrador en cualquier sociedad civilizada: quien busque la protección del gobierno ha de solicitarla con humildad a quien es el amo del país
Conforme a la legislación vigente, el Gobierno central tiene la potestad, lo pida una autonomía o no, para actuar de oficio cuando acontezcan catástrofes, calamidades o desgracias públicas como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud. Para abordar esas situaciones la Constitución en su artículo 116, desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio estableció la figura del estado de alarma cuya declaración corresponde al Gobierno de la nación mediante un Decreto en el que se determina el ámbito territorial de su aplicación, sus efectos y su duración que no podrá durar más de quince días sin la autorización del Congreso. Se produce en este caso una concentración de potestades en el Estado cuya constitucionalidad ha sido ratificada por la STC 133/1990, de 19 de julio, por entender que en estos supuestos aparece de forma indudable un interés general que la justifica. El Ejecutivo social comunista no ha estimado adecuado recurrir a esa fórmula.
Por otra parte, el Gabinete presidido por D. Pedro Sánchez podría haber recurrido también a la Ley 17/2015 de 9 de julio en la cual se establece el Sistema Nacional de Protección Civil para hacer frente a escenarios como el experimentado en la CAV. En este caso, el Ejecutivo bien por iniciativa propia bien por petición de una o varias de las Comunidades Autónomas afectadas puede declarar la existencia de una “emergencia nacional”. Y, clave, esta acción ha de ser decretada única y exclusivamente por el Ministerio del Interior. Este tiene conforme a la ley la responsabilidad fundamental bajo la dirección política del Gobierno. Tampoco ha actuado en esta línea.
Y para terminar la excursión legal, la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional determina en su artículo 15.3 que las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación. Resulta obvio que esta potestad tampoco estaba en manos de la Generalidad valenciana, sino del Ministerio de Defensa.
Este Gobierno es un verdadero peligro, bien por su incompetencia, bien por su falta de escrúpulos
En ninguno de los supuestos legales citados es obligatoria la intervención o la iniciativa de las autonomías para que el Gobierno central actué. La responsabilidad de las administraciones autonómicas en este tipo de decisiones es marginal ni siquiera una exigencia formal por una sencilla razón: carecen de los medios para hacer frente a una situación de las dimensiones y de la gravedad de las creada por la dana. En consecuencia, el intento gubernamental de atribuir a la Generalidad las culpas de la tragedia no tiene pase.
¿Por qué se ha comportado de esta forma el Gobierno de la nación? Sólo caben dos explicaciones posibles. Una, minusvaloró los potenciales daños que podrían causar las inundaciones lo que supondría un enorme fallo en todos sus sistemas de evaluación de riesgos; dos, deteriorar al Ejecutivo valenciano en manos del PP sin calcular el enorme coste humano de hacerlo. Cualquier de esas dos opciones arrojan una conclusión: este Gobierno es un verdadero peligro, bien por su incompetencia, bien por su falta de escrúpulos. Y sobre la fuga de Paiporta protagonizada por el Presidente del Gobierno no hace falta comentario alguno. El hecho retrata a su autor.
