Con cierta frecuencia, las decisiones de los gobiernos se asemejan a esos números de prestidigitación en los que se atrae la mirada de los espectadores hacia un lado mientras la acción principal transcurre en otro: a la vista de todos pero desapercibida por casi todo el mundo. En política, no todo es lo que parece.
Un caso paradigmático es el salario mínimo, siempre controvertido por sus efectos sobre el desempleo, su influencia sobre la distribución de los ingresos o la pobreza. Pero rara vez se identifica como una práctica para restringir la competencia, una vía para expulsar del mercado a empresas de menor tamaño o impedir la entrada de nuevos competidores. Muy pocas veces se enfoca como una estrategia favorable a las grandes corporaciones, que acaban apropiándose de la cuota de mercado de las expulsadas, acrecentando así su capacidad de fijar precios más elevados.
Pudiera resultar desconcertante que grandes grupos empresariales como Amazon, Facebook, Cotsco, JP Morgan o Bank of America no sólo no se opongan a aumentos sustanciales del salario mínimo sino que los defiendan, alienten e, incluso, los apliquen de manera unilateral. ¿Por qué las grandes corporaciones aceptan voluntariamente este aumento de costes? Descartada la generosidad hacia el prójimo, quizá porque descubrieron que el aumento del salario mínimo incrementa en mayor medida el coste de sus competidores de menor tamaño que el suyo propio. En los Estados Unidos, la National Federation of Independent Business, que representa a las pequeñas empresas, se queda sola en la oposición esta medida.
España, enero de 2020, gobernantes, sindicatos y representantes de las empresas acordaban elevar el salario mínimo de 900 a 950 euros. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, señaló que aceptaba la medida como un mal menor, "porque podía haber llegado a 1.000 euros". Pero su escasa beligerancia invita a sospechar que las grandes empresas españolas también se encuentran muy complacidas por el incremento del salario mínimo.
Restringir la competencia
Como señaló Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776) "los empresarios del mismo gremio rara vez se reúnen, incluso si es por entretenimiento o diversión, sin que la conversación acabe en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para aumentar los precios". Restringir la competencia en connivencia con los políticos constituye hoy día una estratagema demasiado frecuente, una tentación irresistible para notables empresas que alaban la libre competencia... siempre que sea para otras.
Desde los tiempos de Smith, estas conspiraciones y artimañas se han multiplicado, diversificado, adoptado formas cada vez más complejas. Se han desarrollado procedimientos disimulados, ocultos, casi inescrutables, con frecuencia disfrazados de intenciones aparentemente altruistas. Algunas empresas inducen a los gobernantes a imponer regulaciones sumamente complejas, asumibles para los grandes del sector pero muy difíciles de cumplir para competidores de menor tamaño o para nuevos emprendedores que desearían entrar en el mercado. Otras descubrieron que la manipulación de los salarios era una vía muy prometedora, más indirecta, más sibilina y, sobre todo, dotada de un tremendo blindaje frente a la crítica. Porque el público suele olvidar que los salarios no solo son una renta o ingreso para las personas: también constituyen un coste para las empresas. Y, con esta visión unilateral, ¿quién es el malvado que osaría oponerse a una subida salarial?
Sin embargo, la posibilidad de limitar la competencia mediante estrategias de fijación salarial es bien conocida desde hace años. La discusión surgió a partir de un pleito que llegó en 1965 al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se trataba del caso United Mine Workers versus Pennington, que afectaba a la minería del carbón bituminoso. El sindicato había pactado con las grandes empresas unos incrementos salariales muy sustanciales. Y acordado que estos términos se aplicarían obligatoriamente en otras empresas de menor tamaño ajenas a la negociación que, al ser menos productivas, no podían permitirse semejante aumento de costes. Al mismo tiempo, la coalición formada por sindicato y grandes empresas había ejercido una influencia exitosa sobre las autoridades para establecer un salario mínimo sectorial notablemente superior al de otras industrias.
Los representantes de los pequeños productores alegaban que se trataba de dos violaciones de la Sherman Act, una ley federal que prohíbe la conspiración para restringir la competencia. La parte contraria argumentaba que las actividades sindicales quedaban, por definición, excluidas de la legislación antimonopolio.
En su sentencia, el Tribunal Supremo sostuvo que la acción sindical "pierde su exención de la legislación antimonopolio cuando el sindicato se pone de acuerdo con un grupo de empresas para imponer una cierta escala salarial a otras empresas distintas, uniéndose así a una conspiración para reducir la competencia". Y que "tampoco puede permitirse a una empresa condicionar su firma en un acuerdo con el sindicato a que este acuerdo sea impuesto también a sus competidores". Sin embargo, la sentencia también señalaba que "la acción concertada para influir en las decisiones de los cargos públicos no viola la ley antimonopolio, aun cuando su propósito sea eliminar la competencia". En otras palabras, formar una coalición de grandes empresas y sindicatos para inducir a las autoridades a elevar el salario mínimo no era una acción recurrible ante los tribunales si bien, admitían, también podría constituir una conspiración contra una parte de la industria.
Tres años después, Oliver E. Williamson analizaba desde una perspectiva económica el caso United Mine Workers vs Pennington, concluyendo que los incrementos salariales obligatorios pueden utilizarse como estratagema anticompetitiva siempre que estos aumentos eleven en mayor medida el coste medio de las empresas pequeñas que el de las grandes. Y esto ocurre cuando las grandes utilizan proporcionalmente más maquinaria y menos mano de obra.
Enorme impacto sobre empresas menores
En España no han sido infrecuentes los casos de connivencia entre sindicatos y grandes empresas en la negociación de los convenios como estrategia para perjudicar a las empresas pequeñas, limitando así la competencia, aprovechando que los acuerdos son de aplicación obligatoria en su ámbito. Pero hoy están más de moda las subidas extraordinarias del salario mínimo quizá porque esta medida provoca incrementos de costes mucho más dispares en función del tamaño. Así, una empresa más productiva que ya paga a todos sus trabajadores por encima del nuevo salario mínimo... no sufrirá incremento de coste alguno. El encarecimiento de los costes laborales tiende a guardar relación con el porcentaje de trabajadores afectados por esta medida en cada empresa.
El salario mínimo castigaría de manera desproporcionada a las empresas más pequeñas, de entre 1 y 10 trabajadores (tabla 2), por tener un porcentaje muy elevado de empleados con remuneraciones situadas en el entorno de las subidas del salario mínimo. Y el impacto se reduce considerablemente según aumenta la escala de la empresa. Pero el tamaño no es lo único que importa: el impacto inicial también es muy distinto en cada sector económico (tabla 3). No sorprende que las primeras protestas provengan del sector agrario.
Un disparo con trabuco repleto de perdigones
Sin embargo, la intensidad con la que una subida del salario mínimo perjudicará a una empresa no depende solo del porcentaje de trabajadores afectados. También de su capacidad de adaptación ante este cambio: el tipo de tecnología, la opción de reducir empleo, de sustituir trabajo por aparatos mecánicos o electrónicos y, no menos importante, la posibilidad de repercutir a precios los incrementos de costes (algo que resulta mucho más difícil en sectores muy abiertos al comercio internacional).
En definitiva, un aumento del salario mínimo nacional tiende a expulsar del mercado a pequeñas empresas, al igual que en United Mine Workers vs Pennington. Pero sus efectos son mucho más complejos e imprevisibles porque afectan a sectores muy diversos de la economía, con productos muy distintos, tecnologías muy diferentes y mercados muy dispares. La conspiración en la minería bituminosa norteamericana estaba muy bien planeada, tenía objetivos muy claros y conocía con certeza qué empresas se verían obligadas a cerrar. Poseía todos los rasgos de un preciso disparo de francotirador, cruel pero certero. Por el contrario, las subidas indiscriminadas del salario mínimo nacional se asemejan más a un tiro con trabuco cargado de perdigones: la mayor parte impactará sobre empresas pequeñas pero la variabilidad por sector, región u otros criterios impide prever cuales serán exactamente las bajas. Por no hablar de los efectos sobre el empleo.
Sin embargo, resulta mucho más sencillo identificar a los grandes beneficiados de esta decisión: grandes empresas, sindicatos y gobierno. Precisamente aquéllos que estaban sentados en tan sospechosa reunión.
