Todo el lamentable proceso relacionado con la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados ha tenido, sin embargo, un aspecto positivo, y es que ha resumido todos los males de la política española: ineptitud, sectarismo, malas prácticas parlamentarias y políticas y ausencia de visión de Estado, de modo que no tenemos necesidad de compilar datos de aquí y de allá para dibujar y describir el panorama que nos asola. Basta con observar cómo se inició este proceso, cómo se desarrolló y cómo ha llegado a término.
Una de las promesas electorales de los dos partidos que forman el Gobierno de España, tanto del PSOE como de Podemos, fue la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, promesa electoral que, como tantas otras, se ha terminado demostrando que era otra gran mentira. Y no solo porque a esta reforma finalmente aprobada ni siquiera podemos llegar a llamarla “reformita” si la comparamos con la que nos prometieron que aprobarían, sino porque, desde hace un tiempo, ambos partidos fueron preparando el terreno para que los ciudadanos que les votaron precisamente para que cumplieran su principal reclamo electoral, aceptaran pulpo como animal de compañía, es decir, reformita en lugar de, no ya derogación, sino ni siquiera reforma. La reforma laboral de Rajoy “no es técnicamente derogable” fue la expresión de la vicepresidenta Yolanda Díaz para avisar a los ingenuos, y aquí paz y después gloria, como si no hubieran podido llegar en la reforma mucho más allá de donde han llegado (más acá es harto imposible).
Porque, finalmente, no es que no hayan derogado nada porque políticamente no han querido sino que ni siquiera han corregido algunas de las cuestiones esenciales por las que clamaron al cielo: ni recuperación total de la prioridad de los convenios colectivos sectoriales respecto a los de empresa (salvo en materia salarial), ni revisión de las modificaciones sustanciales de los contratos, ni corrección de las indemnizaciones por despido, ni recuperación de los salarios de tramitación, ni recuperación de la obligatoriedad de la autorización administrativa de la autoridad laboral a los ERE, entre otras. Si estos son de izquierdas, que baje Dios y lo vea. Incluidos los sindicatos, por cierto, que no sabemos ya ni a quiénes representan.
Solo la posición de un Ciudadanos ha impedido que el Gobierno volviera a convertir la aprobación de una ley en un mercado persa
Pero si el resultado ha sido lamentable, con las ya habituales promesas electorales incumplidas, el proceso no lo ha sido menos, y ha terminado convirtiéndose en un resumen de todos los males que afectan a la política española. PSOE y Podemos buscaron inicialmente los apoyos para reformar el mercado laboral español en aquellos que no creen, no ya en el mercado, sino ni siquiera en España, y solo la posición de un Ciudadanos favorable a apoyar sin cambios el acuerdo firmado entre Patronal y Sindicatos, ha impedido que el Gobierno volviera a convertir la aprobación de una ley en un mercado persa y en un nuevo paso hacia la desmembración del Estado, aunque tal cosa perjudicara principalmente… a los trabajadores.
Además, uno de los argumentos esgrimidos por quienes nos desgobiernan no es que esta reforma fuera la que realmente necesita España sino que el acuerdo había sido firmado por Patronal y Sindicatos y que, por lo tanto, así debía aprobarse, sin tocar ni una coma, como si los partidos políticos y el Congreso de los Diputados, representante de la soberanía nacional, no tuvieran otra función que validar lo que hayan firmado quienes, siendo relevantes, no son representantes de los ciudadanos. Y así estuvieron insistiendo durante semanas, insultando la inteligencia de quienes creemos en la política y en los órganos de representación de la democracia.
Si es habitual que el Gobierno de España ceda sin el más mínimo escrúpulo ante nacionalistas e independentistas en cuestiones que nada tienen que ver con el objeto de la ley de la que en cada momento se trate, en esta ocasión pretendió obrar y obró del mismo modo con UPN, quien se sumó al carro de las reivindicaciones impropias y la mala praxis política. Y así, en lugar de tratar de mejorar el texto de la ley, se negoció una cuestión que nada tenía que ver con ella: a cambio del voto positivo de los regionalistas a la reforma laboral, los socialistas debían votar contra la reprobación de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, de UPN. A pesar del pacto entre partidos, los dos representantes de UPN en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, lejos de aceptar las directrices de su partido, se rebelaron contra ellas para, en un gesto que en principio les honraba, anteponer sus ideas políticas al inconstitucional mandato imperativo, decisión que supuestamente provocaría la no convalidación de la reforma laboral aprobada semanas antes por real decreto ley. Sin embargo, porque todo hay que decirlo, erraron en las formas, ya que, en lugar de explicar honestamente cuál sería su voto, dejaron que sus adversarios dieran por bueno el acuerdo con UPN. Y es que decir o hacer creer que vas a votar una cosa y en el último momento hacer la contraria no es una buena práctica política sino, por decirlo más claramente, juego sucio.
Que Podemos prefiriera negociar los votos de Bildu antes que aceptar los votos sin contrapartidas de un partido democrático, eleva la actitud de los morados a la categoría de moralmente miserable
Pero hubo más cosas que nos avergüenzan. Podemos rechazó durante semanas el voto favorable de Ciudadanos, en un ejercicio de sectarismo político ciertamente sorprendente. Si los partidos políticos, especialmente los del gobierno, suelen desear aprobar sus iniciativas con el mayor apoyo posible, Podemos rechazó durante semanas el de Ciudadanos, dispuesto a aprobar sin modificación alguna la literalidad de lo presentado por el Gobierno. Si este comportamiento ya es de por sí insólito, que Podemos prefiriera negociar los votos de Bildu antes que aceptar los votos sin contrapartidas de un partido democrático, eleva la actitud de los morados a la categoría de moralmente miserable.
Sea como fuera, la reforma laboral fue finalmente aprobada. Y así fue porque un diputado del PP que votaba telemáticamente se equivocó al emitir su voto, último capítulo de un serial de miserias y errores que conforman este vodevil histórico. Y aquello a pesar de que Alberto Casero acudió al Congreso de los Diputados cuando comprobó su error para tratar de corregirlo. Más allá de que errar es de humanos, tal hecho no hace sino alejar a los ciudadanos de los políticos, vistos por gran parte de la sociedad como personas poco fiables que no cumplen con sus obligaciones... laborales. No terminó ahí la cosa y, como viene siendo habitual en los tiempos actuales, tuvo como lamentable colofón una campaña de burla, mofa y menosprecio en las redes sociales hacia el diputado popular, protagonizada por indeseables.
Así que, a la espera de lo que el TC dictamine, la reforma laboral salió adelante, sí. Pero no hay mucho que celebrar y menos tan vivamente como hemos visto en algunos, porque los grandes males de la política española siguen desgraciadamente presentes. Y lo contaminan todo.
