El martes 29 de octubre de 2024 a todos nos quedará el recuerdo por la mayor catástrofe natural de la historia reciente en España. Es cierto que la Comunidad Valenciana ha sido la que ha registrado un mayor número de daños materiales, damnificados, desaparecidos y víctimas mortales, si bien no podemos perder de vista que otras Comunidades también se han visto seriamente afectadas.
Personalmente, como valenciano, pude acudir a socorrer a familiares y amigos en los primeros días del trágico suceso, y me encontré con un escenario propio de una zona de guerra. Sin suministros básicos y con todo un vecindario y marea solidaria de personas que se organizaban de manera rudimentaria sin muchos recursos. La zona cero era algo dificil de describir, el propio apocalipsis. Cadáveres entre los escombros y vehículos convertidos en amasijos de hierro. Familias que han perdido todo y vandalismo en los comercios para la supervivencia y pillaje. Un descontrol y ausencia de toda apariencia de Estado. El caos.
La tónica general durante este dramático suceso ha sido la indignación de la ciudadanía ante la tardía desinformación en la prevención de la seguridad de las personas en los momentos previos a la catástrofe. Las alarmas y avisos masivos a la población se produjeron cuando el desastre ya se había consumado. La emergencia hidrológica no fue prevista ni transmitida debidamente por parte de los organismos competentes a la ciudadanía. En su momento habrá que dirimir en sede judicial las posibles negligencias de todos los actores que debieron velar por la seguridad ciudadana y protección civil en una emergencia de tal calado. Más alla de una circunstancia descomunal e imprevisible como fue la tragedia natural ocurrida, lo que también ha sorprendido a la población es la ausencia de las Fuerzas Armadas en los primeros días en las zonas más afectadas.
También hay cierto estupor y malestar en la ciudadanía en la descoordinaciónentre las Administraciones Central y Autonómica en los avisos previos a la ecatombe y en los días posteriores, con un sin fin de acusaciones cruzadas en la correcta gestión de la crisis. Para el Gobierno central vivimos en un país descentralizado y debió ser la Generalitat Valenciana la que solicitara el Nivel de Emergencias 3 y la consideración de Emergencia Nacional y la asunción de la gestión por parte del ministro del Interior y del de Presidencia. Por otro lado, la Generalitat Valenciana no ha solicitado dicho auxilio y continúa al frente de la gestión acusando a la Confederación Hidrográfica de la ausencia de avisos. En mitad de todo ello, los ciudadanos han tenido que vivir en la penuria durante los días posteriores a la tragedia.
El Gobierno español no requería ningún tipo de auxilio por parte de la Generalitat Valenciana para intervenir. Es más, tiene la competencia el Ministro del Interior para poder enviar a las Fuerzas Armadas a la zona catastrófica
En este contexto, olvidan ambas Administraciones que la competencia para la gestión de tales eventos catastróficos es de carácter concurrente y solidaria. Tal es así que el Tribunal Constitucional en varias sentencias (SSTC 123/1984, 133/1990) ya vino a definir en su jurisprudencia que en modo alguno se entiende que el Gobierno Central invade competencias autonómicas al tomar decisiones que únicamente le competen a Presidencia, como era ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas según se dispone en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
En un contexto de calamidad y de la mayor penuria vivida en nuestro país desde la Guerra Civil, el Presidente del Gobierno tenía la obligación e imperativo legal de ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas que estaban dispuestas y listas para actuar en una situación de gravedad absoluta que afecta a toda la nación. Pues debe recordarse que la DANA ha afectado a diversos territorios del país y no únicamente a una comunidad autónoma. Es decir, el Gobierno español no requería ningún tipo de auxilio por parte de la Generalitat Valenciana para intervenir. Es más, tiene la competencia el Ministro del Interior para poder enviar a las Fuerzas Armadas a la zona catastrófica según se desprende del propio articulo 34 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Igualmente recae en este Ministro la posibilidad de establecer el Nivel de Alarma 3 y asumir la gestión de la crisis, sin que ello suponga una intervención de las competencias autonómicas de modo distinto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
Irregularidades jurídicas
Hay que tener en cuenta que hay determinadas medidas de restricción de la movilidad y restricción de Derechos fundamentales que únicamente pueden llevarse en este caso mediante la declaración de un estado de alarma, cuya competencia únicamente recae en el Gobierno de España. A mi entender, la Orden 4/2024 de 1 de noviembre, emitida por la Generalitat Valenciana que restringe el derecho de circulación por determinadas vías de acceso a las zonas de la catástrofe, es totalmente contraria a Derecho ya que carece de cobertura jurídica. Al igual que prohibir a la ciudadanía desplazarse por determinados municipios con una afección a derechos fundamentales. Con todo ello no me refiero a que no sea necesario y procedente. Me refiero a que vivimos en un Estado de Derecho y, por ello, los organismos públicos deben respetar la cobertura jurídica que debe conllevar la aplicación de tales medidas. Tratándose de una emergencia nacional, que ha afectado a varias Comunidades Autónomas, el Gobierno Central debió dar coberura legal para poder aplicar este tipo de medidas tal y como en su día sucedió con la pandemia cuando ya quedó demostrado que tanto el Gobierno Central como CCAA cometieron un sinfín de irregularidades jurídicas.
Por todo ello, considero que la situación requirió declarar la emergencia nacional y una intervención inmediata de las Fuerzas Armadas el mismo día que se produjo la tragedia, más allá de los 500 miembros de la UME, cuando hubo más de 40 localidades afectadas, y más de 200.000 personas, en diversas Comunidades Autónomas. No puedo llegar a imaginar que la inactividad del Gobierno Central se ha debido a una ineptitud, o para perjudicar la hegemonía de un partido político en una Comunidad Autónoma. Pero si el Gobierno Central queria no pecar de invasor de competencias en este caso ante una catastrófica situación, ya hemos visto cómo el TC ha dejado evidenciado que la competencia en la gestión es de carácter solidaria, es decir, puede llevarse a cabo indistintamente por cualquier Administración Pública sin afectar lo más mínimo al régimen competencial entre ellas. Toda vez que existe un régimen concurrente de competencias y en definitiva se trataba de socorrer a los Administrados de una situación de calamidad.
El Gobierno pudo perfectamente declarer el estado de alarma al amparo de la Ley 4/1981, de 1 de junio, y el mismo día, mediante un Consejo de Ministros extraordinario, adoptar medidas como la intervención de las Fuerzas Armadas, sin que ello supusiera una invasión de competencias autonómicas
La frase del presidente "si quieren, ayuda que la pidan" no tiene cabida en nuestro sistema nacional de gestión de emergencias. El presidente del Gobierno tenía el mandato legal de ordenar el despliegue de todas las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del Ministro del Interior y del Delegado de Gobierno en la respectiva Comunidad, con independencia del Nivel de Alerta o el Auxilio del Gobierno Autonómico. La emergencia nacional está precisamente diseñada para supuestos como el acontecido, y el Gobierno pudo perfectamente declarer el estado de alarma al amparo de la Ley 4/1981, de 1 de junio, y el mismo día, mediante un Consejo de Ministros extraordinario, adoptar medidas como la intervención de las Fuerzas Armadas, sin que ello supusiera una invasión de competencias autonómicas. Ya se hizo así en el estado de alarma del Covid aunque en ese caso la figura no fue la correcta ya que realmente se anularon los derechos fundamentales y era propio de un estado de excepción.
La situación no es baladí y debe llevar a una reflexión e investigación judicial en la toma de decisiones que han retrasado y agravado la calamidad de decenas de miles de ciudadanos. Tanto la negligencia en la falta de avisos previos a la tragedia como la nefasta gestión posterior de las Administraciones Públicas debe llevar a una profunda revisión del sistema de emergencias, estableciendo protocolos concretos de actuación en tales casos y no dejando en manos de la improvisación la asunción de medidas y la intervención de las Fuerzas Armadas como mayor herramienta de un Estado ante calamidades de esta naturaleza.
Toda la comunidad política debe reflexionar sobre el hartazgo de la ciudadanía, pues gota a gota están acabando con la paciencia de toda la sociedad. Y es que acontecimientos como el ocurrido a buen seguro se van a dirimir en los tribunales y van a exigirse responsabilidades de todo tipo. Nadie es invencible ni perdurable en el tiempo, y el tiempo siempre pondrá a cada uno en su lugar. La política debe estar al servicio del ciudadano, no ser una franquicia comercial para intereses propios. La ciudadanía tiene voz propia y la solidaridad vence a los intereses partidarios. Es hora de estar unidos todos a la vez para reconstruir y fortalecernos como sociedad. Es el momento de las personas. Es el momento de hacer un mundo mejor
