"Hasta ahora, universidades como la Universidad de Barcelona o la Universidad Politécnica de Cataluña eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno (sic). Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas (sic) de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión; las universidades deben ser y son pilares democráticos y deben poder ejercer como tales".

Quien así se expresaba en el Pleno del Congreso del pasado 21 de diciembre era Marta Rosique, representante de Esquerra Republicana en la Cámara. Lo hacía para felicitarse, durante el debate sobre la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de las más de 150 enmiendas que su grupo parlamentario había introducido en el proyecto de ley. De creerla, gracias a esas enmiendas, la nueva ley permitirá que las universidades se pronuncien libremente sobre temas políticos y sociales de actualidad, liberándolas del corsé antidemocrático con que las aherrojaban los jueces hasta ahora, reforzando con ello su inestimable papel como ‘pilares democráticos’, cualquiera que sea el significado de esa expresión.

Lo difícil es creerla, claro. Basta observar que durante su intervención la diputada atribuye el mérito por tales mejoras de la ley no solo al grupo parlamentario de ERC, sino a un ‘Govern de la República’ completamente inventado, que únicamente existe en la fértil imaginación de los independentistas. Luego decimos que si los hechos alternativos, pero aquí los desvaríos sobre republiquetas de Barataria se escuchan en la tribuna del Congreso, por boca de los aliados del gobierno, sin que ello suscite la menor incomodidad en la mayoría gubernamental.

Sucesivas resoluciones de los tribunales en Cataluña han anulado en los últimos años las declaraciones políticas acordadas por los órganos de gobierno de las universidades catalanes

De las enmiendas presentadas, Rosique se refería a una en concreto que ha levantado una especial polémica, aunque fácilmente podría haber pasado desapercibida ante la opinión pública, pues concierne a las funciones de los claustros universitarios. Los de ERC proponen modificar el artículo 45.2 del proyecto de ley añadiendo que entre las funciones del claustro figurará la de ‘analizar, debatir y posicionarse sobre temáticas (sic) de especial trascendencia social, cultural, jurídica, económica o política’. No es casualidad que los de EH Bildu hayan presentado una enmienda prácticamente idéntica, con el mismo gusto pomposo por los archisílabos.

La intención de la enmienda es transparente. Como Rosique señala, sucesivas resoluciones de los tribunales en Cataluña han anulado en los últimos años las declaraciones políticas acordadas por los órganos de gobierno de las universidades catalanes, siempre a favor de las tesis independentistas, como cuando suscribieron en otoño de 2019 aquel manifiesto conjunto contra la sentencia del procés, en el que condenaban la actuación del Tribunal Supremo y exigían la liberación de ‘los presos políticos’. Por resumir, en dichas resoluciones los jueces han explicado reiteradamente que no es misión de las universidades realizar pronunciamientos políticos, especialmente en asuntos que dividen a la sociedad y a la propia comunidad universitaria; por ello han dado la razón a los profesores y estudiantes que solicitaban amparo por estimar que tales pronunciamientos vulneraban sus derechos a la libertad ideológica y de expresión.

La jugada es similar a los cambios introducidos por los independentistas en la legislación autonómica para eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre el 25% de castellano

Parece claro que ahora el propósito es revertir tal situación con el nuevo proyecto de ley, impidiendo que los tribunales puedan anular tales declaraciones de los órganos universitarios u ofrecer amparo judicial a los universitarios disconformes. Como se ve, la jugada es similar a los cambios introducidos por los independentistas en la legislación autonómica para eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre el 25% de castellano en la escuela catalana; si allí se hizo en el Parlament, ahora pretenden repetirlo en el Congreso, en ambos casos con el concurso imprescindible de socialistas y los de Podemos como compañeros de viaje. Pues hay que recordarlo: sin los votos socialistas estas cosas no saldrían adelante.

En respuesta, más de un millar de profesores de las universidades españolas hemos firmado una carta abierta dirigida a los senadores y diputados para solicitar que supriman la mencionada enmienda, pues no es función de los órganos de gobierno universitarios la de ‘definir y promover una determinada línea ideológica o establecer un pensamiento oficial de la Universidad’, sino garantizar que la institución sea un espacio abierto al libre debate entre sus miembros, algo completamente distinto. Y para ello los firmantes solicitan que se incorpore a la nueva ley ‘una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación’.

La carta está avalada por una amplia relación de académicos prestigiosos y ha sido promovida por Universitaris per la Convivència, un grupo de profesores encabezados por Ricardo García Manrique, Jorge Calero, Isabel Fernández Alonso, Chantal Moll o Rafael Arenas, a los que habría que rendir justo homenaje, pues vienen desarrollando una labor impagable en defensa de la neutralidad ideológica de las universidades. A sus denuncias debemos las sentencias judiciales por las que han sido condenadas la Universidad de Barcelona o la Politécnica de Cataluña.

Esa retórica supuestamente democrática no es más que el disfraz con el que se esconde la pretensión de convertir la universidad en una institución beligerante al servicio de proyectos políticos

Hay que entender que este no es un detalle menor de la ley, ni un asunto exclusivo de los universitarios, sino que afecta al sentido de la autonomía universitaria y al papel de la institución en una sociedad pluralista como la nuestra. Sin embargo, los defensores de la neutralidad ideológica de las universidades encuentran el terreno de discusión embarrado por las tergiversaciones habituales acerca lo que significa el principio de neutralidad, pues parecería que buscan una universidad apolítica y alejada de los problemas reales de la sociedad. Sus adversarios, por el contrario, se valen de la retórica de una universidad democrática, comprometida con la sociedad, o enarbolan la bandera de la libertad de expresión, como si ésta pudiera atribuirse a las instituciones en lugar de a las personas. Pero las cosas son justo al revés.

Por eso conviene explicar una vez más las razones de la neutralidad. Porque esa retórica supuestamente democrática no es más que el disfraz con el que se esconde la pretensión de convertir la universidad en una institución beligerante al servicio de proyectos políticos o causas ideológicas, como el independentismo, ajenos a su misión. Es lo que sucede cuando se utilizan los cargos o los órganos académicos para identificar a la institución con una opción política de parte, comprometiendo su imagen pública y a toda la comunidad universitaria en tal sentido; es tanto como imponer una línea ideológica oficial sobre asuntos ajenos a la docencia y la investigación, sin consideración por la diversidad de opiniones y la libertad ideológica de sus miembros.

A eso nos oponemos quienes defendemos la neutralidad ideológica de las universidades. Esta es perfectamente compatible con que la universidad sea un espacio de libre discusión donde se debata sin cortapisas acerca de todas las cuestiones científicas o sociales controvertidas, o donde los universitarios aboguen por las opciones ideológicas que prefieren. Simplemente no han de hacerlo en nombre de la universidad o utilizar los órganos de gobierno universitario para ello. Por una razón fácil de entender: como instituciones públicas que son, las universidades son de todos, por tanto no pueden ser usadas por algunos para ponerlas al servicio de sus fines particulares o partidistas.

Lo que está en juego no es solo el respeto por la institución como tal, que excluye servirse de ella para fines espurios o partidistas, sino también los derechos de sus miembros y los intereses generales a los que sirve, pues nadie puede apropiarse de lo que es de todos sin grave quebranto de ambas cosas. Que quienes se presentan como grandes valedores de lo público menosprecien un requisito tan elemental debería ponernos sobre aviso, si no estuviéramos curados de espanto.

Sería conveniente por eso que la nueva ley de universidades recoja expresamente la exigencia de neutralidad, en lugar de facilitar el uso partidista de los claustros. En cualquier caso habrá que seguir explicando que el deber de neutralidad se deriva de principios y valores constitucionales esenciales, como el mandato de que las instituciones públicas tienen que ‘servir con objetividad los intereses generales’, puesto que pone coto a la arbitrariedad en el uso de las instituciones, salvaguardando así derechos fundamentales como la libertad ideológica y protegiendo a las minorías. No deja de ser un castigo de Sísifo al que nos condena la actualidad española, forzándonos a repetir una y otra vez los mismos argumentos.

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