Las medidas adoptadas y propuestas en el mercado de trabajo desde el inicio de esta legislatura reflejan nítidamente los intereses y la ideología del sindicalismo. A la luz de los hechos, no resulta exagerado calificar a la ministra del ramo como la sindicalista mayor del reino.
Es bien sabido que los intereses de los sindicatos no siempre coinciden con los del conjunto de trabajadores. Los sindicatos velan ardientemente por los intereses de sus afiliados, que mayoritariamente trabajan en grandes y medianas empresas, suelen tener empleos indefinidos y salarios cercanos o superiores al medio, así como despidos, cuando se producen, mayores y más favorables que los de la mayoría de trabajadores. Frecuentemente, la defensa de estos intereses sindicales, aunque se envuelve con la retórica del interés general de la clase trabajadora e incluso del conjunto del país, se hace a costa de las posibilidades de empleo de los trabajadores menos cualificados.
En cualquier caso, una medida que ocasiona pérdidas de empleo, aunque no fueran cuantiosas, debería ser inaceptable para quienes verdaderamente se preocupen por los intereses de los trabajadores
Consideremos a título de ejemplo el caso de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), que se presentan por la ministra y por los sindicatos, valga la redundancia, como una medida para aumentar la renta y la capacidad de compra de todos los trabajadores con salarios inferiores a dicho mínimo. Entre estos trabajadores, el discurso de la ministra y los sindicatos incluye a los que con esta medida supuestamente encontrarán el mismo empleo que hubieran conseguido en ausencia de la misma. Sin embargo, para muchos jóvenes y trabajadores poco cualificados, estas subidas del SMI les hacen perder el empleo que tenían o el que hubieran tenido sin estas subidas. Según los estudios más rigurosos, estas pérdidas de empleo son sustanciales. Obviamente, las estimaciones realizadas por sindicatos y expertos del ministerio de trabajo, conjuntos estos que se solapan, son más bajas. En cualquier caso, una medida que ocasiona pérdidas de empleo, aunque no fueran cuantiosas, debería ser inaceptable para quienes verdaderamente se preocupen por los intereses de los trabajadores. Además, cuando como ha sido el caso, las subidas del SMI han sido cuantiosas, las ganancias de renta anual de muchos trabajadores que mantienen o consiguen empleo al mayor SMI se evaporan o se ven mermadas por reducciones involuntarias de su jornada laboral.
Acuerdos de empresa
Otro ejemplo lo constituyen los salarios mínimos establecidos en la mayoría de los convenios sectoriales y provinciales, una de las causas, ciertamente no la única, de la obscenamente elevada tasa de paro estructural de nuestro país. Estos mínimos superan con creces la productividad de una parte no desdeñable de la población activa que se ve abocada al paro o a la economía sumergida. La prioridad de los convenios de empresa abre la posibilidad de descolgarse de estos convenios a las empresas cuya productividad es inferior a la de las que negocian los convenios sectoriales o provinciales y por tanto no pueden pagar los salarios y demás condiciones laborales negociadas en esos convenios. Sobre todo, esta posibilidad de descuelgue ejerce una disciplina en los negociadores de convenios para que no acuerden condiciones, entre otras los salarios mínimos sectoriales o provinciales, excesivamente alejadas de las que puedan afrontar buena parte de las empresas del sector. Por eso, la prioridad de los acuerdos de empresa es un objetivo a batir por los sindicatos y, junto con el restablecimiento de la ultraactividad, constituye la punta de lanza de la contrarreforma laboral que quiere llevar a cabo la representante de los sindicatos en el Gobierno.
Este pensamiento es una variante de la falacia, tan cara a los sindicatos, según la cual el nivel de empleo es una cantidad inalterable a las variaciones salariales
¿Por qué, a pesar de las innegables consecuencias negativas sobre el empleo de las subidas del SMI y demás medidas anteriormente señaladas, la ministra y los sindicatos apoyan estas subidas? Esencialmente, porque piensan que así protegen los salarios y el empleo de los afiliados de la competencia de parados y no afiliados que podrían aceptar emplearse con menores salarios. Este pensamiento es tan dañino como erróneo porque la mayoría del empleo adicional que se crearía manteniendo e incluso bajando el SMI no se haría a costa del empleo existente. Este pensamiento es una variante de la falacia, tan cara a los sindicatos, según la cual el nivel de empleo es una cantidad inalterable a las variaciones salariales y sólo modificable por los avances o retrocesos del ritmo de avance de la actividad económica. Evidentemente, cuando la economía crece, el empleo crece aunque se haya subido el SMI y con independencia de los mínimos establecidos en los convenios. Pero cuando estos niveles superan ampliamente la productividad de una parte significativa de la población activa, se creará menos empleo en la fase expansiva y se destruirá más en la fase contractiva de la economía de lo que ocurriría con niveles más equilibrados de ambas variables.
Por eso la tasa media anual de paro juvenil durante los últimos 40 años se sitúa cerca del 30%, el doble de la tasa de paro total media anual en dicho periodo, a pesar de que el crecimiento medio anual del PIB en estos años ha sido superior al de muchos países de la Eurozona (cuyas tasas medias anuales de paro juvenil o total son menos que la mitad de las nuestras). En fin, el avance tendencial del empleo depende tanto del crecimiento del PIB como de la proporción entre los salarios y la productividad. Por eso es un error aportar la creación de empleo durante la fase expansiva de la economía, como hace la ministra y demás sindicalistas, como prueba de los efectos inocuos del SMI sobre el empleo de los trabajadores más vulnerables.
