El mundo de hoy no tiene nada que ver con el de hace cuatro décadas. Esta afirmación es obvia. Pero lo son también para comprender que, en un mundo tan diferente, los problemas también lo son y, por ello, lo deben ser las soluciones, particularmente las que buscan ayudar a aquellos que más lo necesitan.
Concretamente, los cambios profundos en la tecnología, en los modelos económicos y en las relaciones laborales y comerciales han trastocado la estructura, no solo económica, sino además la social derivada de ella. La desigualdad y la precariedad que la origina es un elemento crítico de este cambio que debe ser abordado de la forma más eficiente y activa posible.
Para ello, y derivado de la acción pasada, las políticas sociales disponen de una caja de herramientas que nos puede facilitar la lucha contra los costes sociales del actual modelo económico. Tanto las más tradicionales políticas redistributivas como las cada vez más atendidas predistributivas, son fundamentales para reducir la desigualdad de oportunidades, de acceso a bienes básicos o, simplemente, para asegurar una mínima cobertura para una vida digna.
No es raro, de este modo, que en una familia con necesidades especiales puedan confluir derechos y, por ello, acceso a un disperso conjunto de ayudas con objetivos diferenciados
Dentro de todas ellas, las políticas de último recurso -aquellas que tratan de ayudar a las familias que prácticamente no pueden garantizarse un nivel mínimo de bienestar- suelen aparecer de forma disgregada y dispersa. Así, junto a las tradicionales políticas de activación laboral, donde además de las transferencias y subsidios a desempleados pueden encontrarse otras de inserción laboral como las formativas, se solapan otras ayudas que suelen ser solicitadas para cuestiones determinadas por las familias. No es raro, de este modo, que en una familia con necesidades especiales puedan confluir derechos y, por ello, acceso a un disperso conjunto de ayudas con objetivos diferenciados.
Así, según la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa, en 2018, el 22% de los desempleados que recibían atención a través de los servicios públicos de empleo en nuestro país también obtenían, a través de sus familias, atención de los sistemas de servicios sociales.
Una cuestión importante a tener en cuenta es que, en las últimas décadas, la descentralización de competencias y la acción política de las administraciones ha diversificado en mayor medida las opciones de servicios que muchas familias reciben tanto por la situación laboral de sus miembros como por su situación de vulnerabilidad. Así, este aumento ha venido de la mano de la ampliación, hay que decir muy condicionado al necesario ajuste fiscal demandado durante esta década, de la tipología en las ayudas ofrecidas. Desde rentas mínimas o garantizadas (recordemos los debates sobre el necesario ajuste entre el Ingreso Mínimo Vital y otras rentas mínimas de diversas CCAA), hasta ayudas al alquiler, pasando por becas comedor y subsidios de desempleo, hoy existe una diversidad de acciones que tratan de limar las grandes deficiencias a las que se enfrentan no pocas familias. En segundo lugar, dicha diversidad no solo ha crecido en número sino que, además, y como he avanzado, por la ampliación de las administraciones que las ofrecen. Hoy, una familia con necesidades determinadas puede solicitar ayudas diferentes hasta al menos tres administraciones con hasta ahora poca coordinación entre ellas. Incluso dentro de una misma administración, como pueden ser las comunidades autónomas, la acción social y de empleo suelen encontrarse en diferentes consejerías con escasa o nula conexión entre ellas. Salvo en cuatro comunidades (Pais Vasco, Cantabria, Cataluña y Navarra), en 2020 las competencias en políticas sociales y de empleo estaban separadas.
Diseño disgregado o atomizado
No cabe duda de que esta disgregación puede suponer una serie de costes fáciles de comprender. En primer lugar, es evidente que algunas ayudas puedan solaparse. No necesariamente significa esto que las ayudas tengan similar objetivo explícito, sino que su propósito último pueda recaer sobre un mismo punto, como pueda ser aliviar el estrés financiero de la familia. En segundo lugar, es posible que desde el punto de vista micro y macroeconómico tales ayudas no tengan sentido en su diseño disgregado o atomizado, y que muy posiblemente una integración de las mismas, o al menos una complementariedad entre ellas, sea positivo.
Si de algo se ha beneficiado la ciencia económica y las demás ciencias sociales en estos años recientes, y en lo que ha avanzado, ha sido gracias a dos cuestiones. Por un lado, el mejor entendimiento a la hora de diseñar experimentos o lograr analizar cuasi-experimentos, lo que ha permitido aislar las relaciones causales entre un tratamiento y su efecto, algo fundamental para comprender las consecuencias de las políticas sociales y la consecución de los logros esperados de ellas. Por otro lado, la disponibilidad de información que facilita llevar a cabo los estudios pertinentes. Este avance permite hoy, por lo tanto, disponer del conocimiento necesario para no solo un mejor diseño de estas políticas sino de una adecuada estructura administrativa que la lleve a cabo.
Dirigen una especial atención a Navarra y su proyecto piloto ERSISI que es quizás el intento más decidido por definir un proceso de integración de dichas políticas
Precisamente, el análisis de la integración de las ayudas, desde el punto de vista de su administración, es lo que cuentan Miguel Laparra y Laureano Martínez en este interesante documento. En él, los autores nos explican los procesos de reformas de los sistemas de protección en Europa; mencionan la recomendación en este sentido del Consejo Europeo; describen los intentos de algunas CCAA para integrar sus políticas en España; señalan la buena voluntad, aunque con posiblemente escaso recorrido, de la administración central por coordinar; y, por último, dirigen una especial atención a Navarra y su proyecto piloto ERSISI que es quizás el intento más decidido por definir un proceso de integración de dichas políticas.
Así, destacan Laparra y Martínez las buenas sensaciones que se trasmiten desde la experiencia navarra. Una integración con el objetivo final de sostener la economía familiar con la intención clara de una activación laboral. Representa pues, esta opción regional, lo que quizás debería ser el futuro a seguir en la integración y eficiencia de los servicios públicos sociales y de empleo nacionales. No cabe duda que, en un sistema moderno de política social, la coordinación y complementariedad entre las herramientas y sus administraciones no solo es posible, sino también deseable.
