Si la dinámica de la política española ya era la proliferación de partidos de ámbito autonómico y provincial, los acuerdos de investidura van a multiplicarla. Si algo se deduce con

Los seis consejeros de la CNMC nombrados por el PP no quieren que la economía colaborativa (Uber, Airbnb, Blablacar...) se desarrolle en España y se han enfrentado al presidente del regulador, que apuesta por una mayor competencia en estos sectores de actividad. El informe ha ido de nuevo a consulta pública y sólo en 15 días ha recibido más de 1.100 alegaciones.

Seis de los diez miembros del regulador pedirán hoy la cabeza de Antonio Maudes, directivo de la máxima confianza del presidente, al considerar que ha entorpecido el funcionamiento de la CNMC. José María Marín Quemada no le dejará caer, lo que agravará un conflicto interno que amenaza con bloquear la institución hasta que se forme el nuevo Gobierno. Será el último episodio de una guerra en la que no han faltado acusaciones sobre la falta de independencia de algunos de sus consejeros y suspicacias sobre su supuesto trato de favor hacia los ‘lobbies’ energético u hotelero.

El 80% de las multas que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2005 se han cobrado en 2015, tras un largo recorrido en los tribunales que ha obligado a pronunciarse a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Estas instancias judiciales han enmendado al regulador en diversas ocasiones y han rebajado el importe las sanciones e incuso las han anulado. De hecho, de las 10 mayores sanciones hasta 2014, 7 de ellas han sido eliminadas total o parcialmente por la justicia.