Aún retumba en los oídos de aquellos que tenemos cierta edad el ruido de la bullanguera campaña del "¿Nuclear? No, gracias" que, montada por la izquierda y la ultraizquierda, inundó las calles y plazas españolas al final de los años setenta. Y desde poco después sufrimos España y los españoles las negativas consecuencias provocadas por la cesión de Felipe González ante la ruidosa bulla: una electricidad más cara que nuestros vecinos; la dependencia energética más alta entre los países de la Unión Europea; y un rejón anual para nuestra balanza de pagos (aproximadamente, 25.000 millones de euros por año). Más reciente está en la retina de todos nosotros la zapatiesta que la izquierda y la ultraizquierda le montaron al gobierno de Mariano Rajoy, acusándole por su torpeza para impedir que a las familias españolas se les disparara el coste de la luz.
Ahora que la izquierda y la ultraizquierda copan el gobierno de la nación y el precio de la luz está día sí y día también, batiendo su récord histórico, resulta que los nuevos culpables son la Unión Europea por su deficiente regulación y las empresas eléctricas por estar haciendo su agosto obteniendo ingentes beneficios.
Es más que posible que ambas cosas sean ciertas. Posiblemente, la regulación de la tarifa eléctrica es manifiestamente mejorable. Y también es factible que las cuentas de resultados de las compañías del sector eléctrico se estén viendo positivamente afectadas por la actual coyuntura. Pero ni una ni otra circunstancia tapan -no deben taparlo- la incapacidad permanente de los gobiernos españoles -por supuesto, también el actual- para resolver un problema que es estructural.
La escalada de los precios eléctricos está llenando las arcas de la Agencia Tributaria que recauda más y más tanto en el IVA como en el Impuesto Especial sobre la Electricidad
Y, en todo caso, lo que no pueden tapar es una cuestión evidente: quien está haciendo su agosto con el encarecimiento de la luz es el Gobierno. En efecto, por mucho que diga la izquierda o grite la ultraizquierda, la escalada de los precios eléctricos está llenando las arcas de la Agencia Tributaria que recauda más y más tanto en el IVA como en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Según cálculos aproximados, la sobre recaudación obtenida desde primeros de año gira en torno a los 1.500 millones de euros.
Por ello, fue inaceptable la resistencia gubernamental a bajar el IVA, cosa que hizo tarde y mal (lo bajó al tipo reducido: 10% y solo en determinados supuestos, cuando debió hacerlo al hiper reducido: 4% y en todos los casos). Como inaceptable fue que nos mintiera la ministra de Hacienda, afirmando que el retraso en el descenso limitado del tipo se debió a dificultades impuestas por la Unión Europea, afirmación que ésta desmintió como hizo también con la similar mentira realizada por la misma ministra en el caso de las mascarillas.
Las empresas públicas de Cádiz y Barcelona
También es difícil de aceptar que, entretanto, se mantenga inalterado el reseñado Impuesto Especial, circunstancia que al tiempo que nos encarece a los españoles el consumo de electricidad, aumenta los recursos obtenidos por el Gobierno de la izquierda y la ultraizquierda.
La explicación técnica es bien sencilla. Al girarse los impuestos sobre el precio previo, el aumento de éste hace aumentar la base imponible y, mediante la aplicación de los tipos, aumenta también la cuota tributaria que pagamos. Conforme más suba el precio de la luz, más impuestos recauda el Gobierno. Ésta es la primera parte del negocio de la luz. Lo demás son zarandajas, salvo la propuesta de crear empresas públicas en el sector como las constituidas por los ayuntamientos de Barcelona y Cádiz que, siendo inocuas para bajar el precio pagado por barceloneses y gaditanos, solo sirven para poner un amigable sueldo a varios amigos de los alcaldes y alcaldesas. Es la otra parte del negocio de la luz.
