En una entrega anterior explicamos por qué las políticas de consolidación presupuestaria distan mucho de ser progresistas y son irrelevantes para los fines públicos. No nos engañemos, Nadia Calviño no es Robin Hood. Su plan para conseguir el equilibrio de las cuentas del Estado podrá satisfacer a sus antiguos y dogmáticos jefes de Bruselas, pero, quizás sin saberlo, llevará al endeudamiento y al desempleo a muchas familias.
Nuestra crítica no pretende negar la necesidad de mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal sino cuestionar los objetivos de maquillaje contable tan caros a la ortodoxia neoliberal. La subida de impuestos pretendida por el Gobierno se adorna de motivos de equidad fiscal y de la necesidad de extraer dinero de los contribuyentes para financiar gastos sociales. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. La propuesta del Gobierno de Sánchez satisface los fines pretendidos de forma meramente marginal. Por ejemplo, el cacareado impuesto del 0,2% sobre las transacciones financieras, que grava la compra de acciones de grandes empresas españolas y con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, tiene un tipo tan ridículamente bajo que difícilmente resolverá nada.
Si se pretende desincentivar la especulación financiera sería mejor prohibir directamente algunas transacciones como, por ejemplo, la especulación con derivados financieros sobre materias primas energéticas y alimentos, y/o limitar las actuaciones de los “prop trading” de los bancos sistémicos. Pero si lo que se quiere de verdad es beneficiar a los grupos sociales más vulnerables, habría que sustituir las políticas de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo por políticas fiscales que destinaran recursos públicos a las clases más desfavorecidas, vía, por ejemplo, la propuesta de trabajo garantizado.
La regresividad fiscal de España
Proponemos otra política fiscal. Pero para ello explicaremos antes cuáles son las finalidades de los impuestos. La principal función de los tributos es generar una demanda de la moneda emitida por el estado. La moneda es aquello que el estado exige en pago de impuestos y que previamente ha entregado a cambio de los recursos que ha obtenido del sector privado. En este sentido la moneda debe considerarse como un crédito fiscal. Pero los impuestos tienen otros objetivos cruciales para los fines públicos. Por un lado, asegurar un reparto más equitativo de la renta y la riqueza, en una sociedad capitalista que tiende inexorablemente a la concentración de las mismas en pocas manos. Reducir la riqueza de las grandes fortunas, vía impuestos, aporta además una ventaja sutil de defensa de la democracia: evitar que dichas élites utilicen su poder de compra para practicar cohecho, influir en la legislación y en las políticas públicas en pro de sus intereses. Por otro lado, los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública, el medio ambiente o que generan otro tipo costes para la sociedad. Se trata de conseguir una reasignación de recursos del sector privado hacia otros usos más beneficiosos para la sociedad. Los impuestos especiales sobre las labores del tabaco, o sobre el alcohol, o los impuestos sobre los combustibles que emiten gases de efecto invernadero son ejemplos de este tipo de impuestos. Finalmente, otro objetivo vital de los tributos es el de informar a la sociedad, mediante los precios públicos, del coste de determinadas actuaciones del estado.
Los impuestos son muy útiles para desincentivar determinadas actividades que pueden ser nocivas para la salud pública
La política impositiva aplicada en nuestro país ha tendido a favorecer a una clase mimada, especialmente rentista. Y ello tiene sus consecuencias. Si analizamos la equidad de nuestro sistema fiscal, comprobamos que ha fracasado de forma estrepitosa. El coeficiente Gini mide el grado de desigualdad en el reparto de las rentas. Se puede calcular un índice antes y después de impuestos para medir en qué grado éstos contribuyen a mejorar el reparto de las rentas. Según datos publicados por Eurostat nuestro sistema fiscal es, bajo esta perspectiva, de los más ineficientes. España se encuentra entre las naciones más avanzadas que menos consiguen reducir la desigualdad después de impuestos encontrándose más cerca de países como Turquía, México, o Estados Unidos que de los escandinavos.
Con los dos partidos mayoritarios, el camino hacia la regresividad ha sido imparable. Por eso, los pretextos redistributivos en nuestro país tienen una escasa credibilidad a la luz de los antecedentes. Si en 1978 el tipo impositivo más alto cuadruplicaba el más bajo, esta relación no llegaba a dos veces tras la última reforma del ministro Solbes. Actualmente, tras la reforma de Montoro de 2011, el tipo máximo del IRPF es del 52% para las rentas del trabajo y del 27% para las rentas del ahorro. Esta reforma del Gobierno Rajoy trató de cuadrar el círculo de complacer a defraudadores políticamente cercanos, con ventajas y amnistías fiscales, con los objetivos de consolidación fiscal exigidos por Bruselas.
Una alternativa fiscal
¿Cuál sería una política fiscal progresista? Desde nuestro punto de vista aquélla que, en primer lugar, se fijara en redistribuir la carga fiscal y no en maximizarla. Encontraríamos más convincente una política que bajase drásticamente los impuestos que recaen sobre las clases populares. Por ejemplo el IVA, un tributo muy regresivo, tiene una tasa del 21% que debería reducirse. En cambio otros impuestos que son claves en conseguir una mejor distribución de la renta como los de patrimonio y sucesiones deberían experimentar incrementos sustanciales a partir de un umbral razonable que previamente deje exenta a la mayoría de la población.
Las propuestas fiscales del nuevo gobierno deberían ser mucho más ambiciosas. No dejan de ser meros parches o remiendos a las políticas neoliberales, cuyo efecto real sobre la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente los trabajadores, es muy limitado. La razón es muy sencilla, no implican un cambio del modelo productivo actual. Cambiar el modelo productivo patrio exige un enfoque estructural de reforma que cambie la balanza de poder y nos lleve de una vez por todas a la eliminación de la pobreza institucionalizada.
Primero, se debe desincentivar a los buscadores de renta. La solución ya fue ideada hace más de 100 años por un economista de San Francisco, Henry George. Se trata de establecer un impuesto sobre el valor de la tierra. Lo hemos comentado y analizado hasta la saciedad.
Una reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, proporcionando un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo y a las pequeñas y medianas empresas
Segundo, es necesario introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, apoyando e impulsando el proyecto de Directiva Accis. Hay que recuperar ya, y con carácter de mínimos, la capacidad recaudatoria de un tributo que se ha visto afectada por las maniobras de los grupos multinacionales encaminadas a situar artificialmente sus beneficios en países de baja tributación. Las multinacionales deben pagar sus impuestos en los países donde obtienen los beneficios, siendo necesarias además una serie de actuaciones inspectoras y modificaciones legales que impidan la planificación fiscal agresiva en las operaciones interiores de los grupos empresariales. Para evitar estas maniobras, siguiendo las propuestas del economista Gabriel Zucman, autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones”, es necesario que los impuestos se establezcan sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material. De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.
Tercero, no hay que eliminar el Impuesto de Sucesiones, solo establecer un mínimo exento del que se beneficie la mayoría de la población, pero no a los más acaudalados. Como detallaban ciertos multimillonarios estadounidenses en un manifiesto contra la pretensión de George W. Bush de eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos, "Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito".
Bajo esta reforma tributaria radical aumentaría la actividad productiva, y habría un margen amplio para bajar los impuestos al factor trabajo, a las pequeñas y medianas empresas, y, sobre todo, permitiría reducir de manera ostensible ese impuesto tan injusto que se ceba especialmente con los más débiles, el IVA. Todo lo demás, meros parches y tiempo perdido.
(*) Este artículo ha sido escrito en colaboración con Stuart Medina
