El Tribunal Supremo ha lanzado el órdago definitivo al Gobierno al rechazar de forma contundente que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y algunos otros condenados en su día por sedición en el proceso separatista de Cataluña de 2017 puedan ser amnistiados. Al menos, por el delito de malversación del dinero público con el que financiaron aquella declaración unilateral de independencia. Se trata de dos resoluciones, una de la Sala del Supremo, que condenó a los trece líderes separatistas, y una segunda, del magistrado Pablo Llarena, que mantiene abierto así el proceso penal contra Carles Puigdemont. Por lo tanto, también sigue vigente su orden de detención internacional.

Estas resoluciones son argumentos jurídicos, sí, pero con innegables e inciertas consecuencias políticas. De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez, que había negado siempre la constitucionalidad de la amnistía, aunque en los últimos meses la ha alabado asumiendo un retorcimiento de la legalidad a cambio de siete votos de Junts, ya sabe que la interpretación del Tribunal Supremo convierte su ley en papel mojado. En chatarra jurídica. Sánchez diseñó una ley para satisfacer a Puigdemont a cambio del respaldo de Junts, y ahora el panorama político se torna imprevisible. La promesa política del Ejecutivo se ha convertido en un impedimento jurídico que invita a dejar en el aire la legislatura. Si Junts y ERC no han logrado su objetivo, y llegan a interpretar que la incapacidad del Gobierno para ‘controlar’ al Tribunal Supremo, como hace con la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya no es reversible, la legislatura puede quedar herida de muerte. Si a ello se le añade el tono de la reacción de los socios de gobierno con el PSOE por haber pactado la renovación del Poder Judicial con el PP, la alianza gubernamental queda agrietada. Y la fiabilidad de Sánchez para ellos, también.

Atrás queda el discurso inventado por Pedro Sánchez sobre la amnistía como un factor de concordia y paz social para Cataluña. “El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por ‘quedarse con las cosas del otro’, sino por ‘quitarle a otro las cosas’”, argumenta con aplastante lógica el Supremo. No es una cuestión de pacificación, sino de estricta interpretación del derecho. Y la idea es sencilla: “El que se apodera de bienes ajenos -en este caso patrimonio público- comete un delito, aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna, o a cualquier causa altruista”, continúa el alto Tribunal. A partir de ahí, a Carles Puigdemont solo le ha quedado el recurso de insinuar que los jueces del Supremo son una mafia. “Toga nostra”, la ha denominado.

Para bloquear la aplicación de la amnistía, al menos con la malversación -con la desobediencia eleva una cuestión de inconstitucionalidad al TC, y con el terrorismo aún no ha habido pronunciamiento-, el Supremo tenía varias opciones. Es relevante que no eleve la denominada ‘cuestión prejudicial’ a Europa. Significa que el Supremo percibe en la ley de amnistía una redacción tan grosera e insuficiente, tan contraria a las propias exigencias de la Unión Europea con el dinero público y la imposibilidad de amnistiar por ello, que no es preciso por el momento que el Tribunal de Luxemburgo interprete nada. Sencillamente, el Supremo no ha tenido dudas. No necesita que Europa aclare el alcance de la malversación. Así, es notorio que el Supremo se afianza en la teoría de que existe un enriquecimiento ilícito en la financiación de un referéndum ilegal, aunque el dinero desviado a ese fin no fuera al bolsillo de nadie.

En cierto modo, el Gobierno daba por descontado que de un modo u otro el Supremo iba a paralizar la amnistía. En La Moncloa no rige la ingenuidad. Sumar se ha apresurado a afirmar que la legislatura no peligra, lo cual hace sospechar que en Sumar sí se han planteado justo lo contrario. Que Moncloa tuviese asumido que durante unos meses, por vía del Supremo o de Europa, la amnistía iba a ser paralizada, es tan evidente como que Puigdemont también lo intuyó siempre. Por eso nunca ha regresado a España. Ni siquiera en campaña electoral, como su equipo filtró el pasado mes de mayo. De momento, Puigdemont seguirá en Francia y abre la incógnita de si tratará de someterse a una investidura en Cataluña a finales de agosto. Porque si cruza la frontera y entra en España, será inmediatamente detenido. Y si no lo hace, someterse a una investidura desde Francia abre demasiados interrogantes jurídicos sobre esa posibilidad. Más aún cuando el Tribunal Constitucional ha rechazado la validez del voto telemático de huidos de la justicia, aunque se desdijese a sí mismo en apenas una semana para beneficiar a Puigdemont. Hoy el panorama se le complica sobremanera al líder de Junts.

La enésima duda que se abre ahora es de qué modo tratará el Gobierno, a través del férreo control que ejerce sobre la mayoría del TC, de anular el criterio del Supremo. El TC está prefabricando estas semanas una nueva doctrina sobre la malversación de caudales públicos para cancelar algunas de las penas de los condenados por el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Si al hilo de estas resoluciones -todo un indulto encubierto- el TC incorporase un criterio novedoso sobre la malversación, el conflicto con el Supremo estaría garantizado con una ‘guerra’ de togas. De igual modo, el TC tendrá que pronunciarse sobre la amnistía una vez que debe aclarar hasta qué punto es aplicable o no para el delito de desobediencia. Por tanto, el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido forzosamente tendrá que pronunciarse sobre la ley de amnistía, y dada la trayectoria de sus magistrados afines al PSOE, no es demasiado difícil pronosticar que el TC asumirá las tesis gubernamentales aunque haya que recurrir al ‘constructivismo jurídico’. O a una interpretación alternativa del derecho.

De momento, quien aspira a seguir liderando ERC desde el próximo noviembre, Oriol Junqueras, seguirá inhabilitado. Es la única pena que le queda vigente desde que fue parcialmente indultado por el Gobierno, y excarcelado. En el caso de Puigdemont… hasta la situación política en Francia podría dejarle de ser propicia y protectora si en los comicios del próximo domingo gana la derecha radical y el partido de Marine Le Pen consigue formar gobierno. Ya son varios los dirigentes de la alianza derechista gala que han dicho públicamente que Puigdemont es un delincuente, y sería expulsado de Francia y entregado a la justicia española. Las posibilidades de que en breve inicie el camino de regreso a Bélgica aumentan con los días.

A Sánchez no le ha salido la jugada política del modo que ideó. Junts y ERC quedan en la tesitura de determinar si el Gobierno sigue siendo fiable para ellos o no. Más aún, bajo el caótico escenario que a priori se plantea en Cataluña para agosto, donde ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont tienen garantizada la presidencia de la Generalitat. De momento, queda en la atmósfera esta sólida argumentación del Supremo: “Es especialmente difícil conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para los malversadores con la voluntad del legislador español de dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad, por el simple hecho de haber sido cometidos por unos concretos responsables políticos y en una determinada franja histórica”. No es solo un criterio jurídico. Es una enmienda a la totalidad al sanchismo, que no pretendía que los amnistiados pidieran perdón al Estado por sus delitos, sino que fuese el Estado quien pidiera perdón al separatismo por una represión injusta. La amnistía es una ‘ley del sí es sí’ corregida y aumentada. Preveía una cosa y consigue la contraria. Y como fondo, ya se intuye un choque institucional masivo.

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