En un artículo verdaderamente antológico publicado el domingo 30 de junio en Vozpópuli, Jesús Cacho afirmaba: “Ningún pequeño empresario español quiere ‘hacerse mayor’. Superar los 50 trabajadores en plantilla supone hacer frente a cargas normativas muy superiores a las que soportan sus colegas europeos, entre ellas mantener a tres liberados sindicales dispuestos a hacer la vida imposible al patrón. La lluvia de nuevas imposiciones haría interminable el relato, aunque valga la pena citar los llamados ‘planes de sostenibilidad’ que la burocracia de Bruselas ha ido introduciendo como obligatorios, (…) los planes de igualdad, del registro salarial, del registro horario, del canal de denuncias, del protocolo de altas temperaturas, del de acoso sexual, del de desconexión digital… Además del “divertimento Trans” arriba descrito.”
En mi calidad de presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, puedo dar fe de que Jesús Cacho no exagera. Es más, se queda corto, pues a todo lo expuesto podríamos añadir muchas otras normativas de obligado cumplimiento, que van desde las que se derivan de la protección de datos a las que atañen a la lucha contra el blanqueo de capitales, pasando por nuevas imposiciones en materia fiscal, de higiene y seguridad, sobre consumo, medio ambiente y otras muchas cuestiones. Aunque el objetivo que persigue todo este interminable rosario de disposiciones sea loable, tiene efectos indirectos nocivos, que es lo que permite a Cacho extraer la siguiente conclusión: “Consecuencia de ello es que el empresario, sobre todo el pequeño, se ve obligado a perder buena parte de su tiempo tratando con abogados, más que a atender y mejorar su negocio.”
Todas estas normas, mal que bien, pueden ser en teoría cumplidas por parte del empresario a base de esfuerzo, dinero y pérdida de productividad. El problema es cuando, agotada la nómina de las leyes cumplibles, pueden aparecen otras que, lisa y llanamente, son de muy difícil o imposible ejecución por las empresas, sobre todo por las pymes.
El problema es cuando, agotada la nómina de las leyes cumplibles, pueden aparecen otras que, lisa y llanamente, son de muy difícil o imposible ejecución por las empresas, sobre todo por las pymes
Veamos el caso más reciente, y para mí más grave: el Parlamento Europeo aprobó el pasado 24 de abril, la Directiva sobre Diligencia Debida en las Cadenas de Suministro que establece un marco legal que exige a las empresas vigilar que sus proveedores (y los proveedores de éstos) no incumplan derechos humanos y medioambientales en sus operaciones ordinarias. Es cierto que esta directiva aun no está en vigor en España, pues tiene que trasponerse a la legislación española, lo que no sabemos cuándo sucederá, pero sí, que se hará.
Esta Directiva, a diferencia de normas anteriores, introduce requisitos vinculantes para lograr su ejecución preceptiva y establece que sean los Estados miembros los responsables de supervisar el cumplimiento de esta nueva norma. Además, les otorga la capacidad de imponer multas en caso de incumplimiento por parte de las compañías, que podrán alcanzar el 5% de la facturación mundial neta de la empresa. La Directiva también otorga a organizaciones de la sociedad civil (léase sindicatos, ONG’s y otras) el derecho de emprender acciones legales contra empresas europeas, caso de que éstas no lleven a cabo procedimientos adecuados de diligencia debida con sus proveedores.
Las empresas tendrán la responsabilidad de asegurar que tanto ellas como sus proveedores y los proveedores de éstos cumplan con la nueva legislación, independientemente del país donde estén ubicadas. Esto incluye todas las fases de la “cadena de suministro” relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios. La nueva norma exige que las compañías integren sistemas de debida diligencia en sus estrategias empresariales, con la obligación de identificar y prevenir posibles impactos negativos en derechos humanos y medioambientales derivados de sus operaciones, las de sus filiales y las de sus cadenas de actividades. Cuando no es posible reducir, mitigar o poner fin a impactos adversos, se contempla el que la compañía suspenda temporalmente o ponga fin a la relación comercial con sus proveedores, tanto dentro como fuera de la UE.
Aunque el ámbito de aplicación de la Directiva afecta a las compañías europeas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios neto a escala mundial superior a 450 millones de euros, las pymes también se verán afectadas. Esto sucederá si son proveedoras de grandes empresas europeas, las cuales tendrán la obligación de exigir a sus proveedores pymes europeos que realicen un 'due dilligence' de los proveedores extranjeros de éstas.
Una Directiva de cadena de suministro de este tipo empeorará aún más la pérdida de competitividad internacional que viene sufriendo la UE desde hace muchos años
Lo más rechazable es, sin duda, el alcance de la responsabilidad civil prevista, pues resulta simplemente impracticable exigir que las empresas de la UE sean responsables de los incumplimientos que ocurran en sus cadenas de suministro a escala global. Una empresa europea puede tener un proveedor extranjero, que a su vez puede tener varios proveedores en terceros países. La empresa europea, según la directiva, estaría obligada a verificar la totalidad de su cadena de suministro.
Todo esto podría derivar en una gran cantidad de efectos económicos globales indeseables. Puede provocar que empresas de países emergentes trasladen su producción a países desarrollados debido a las dificultades para cumplir con la Directiva en sus regiones. Esto les empobrecería, reduciendo su nivel de desarrollo, y aumentando las desigualdades mundiales. Tampoco es descartable que se produzcan represalias o penalizaciones por parte de los países en los que las empresas europeas deben supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas.
En suma, situar a las empresas europeas en una óptica de sospecha generalizada va a resultar contraproducente en la realidad, y una Directiva de cadena de suministro de este tipo empeorará aún más la pérdida de competitividad internacional que viene sufriendo la UE desde hace muchos años.
Antonio Bonet es presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles
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velociraptor
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La ue ha perdido en norte, no responde a los problemas reales d la gente y plantea un sin fin de cuestiones inabarcables. Cada vez se vive peor en la ue, con temas muy graves como la delincuencia o la inmigración, y los burócratas mareando a la gente, sin hacer su trabajo. Cuesta abajo, sin frenos, y luego les extraña q la gente esté horrorizada d todos estos incapaces, y del auge d la extrema derecha, cansada d los mismos caza sueldos d Bruselas. Eso si luego para hacer coaliciones ingobernables, como lo d España si. Todo por comer marisco d primera, a consta d subir impuestos al ciudadano
Tony010
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La élite empresarial europea ha abrazado el wokismo y el fanatismo climático con un ardor que solo hace falta estar suscrito al blog de McKinsey para disfrutar de todo su esplendor. Miles de millones “sostenibles” caen por doquier. Begoña Gómez o una de las Big Four te los hará llegar sin problemas. Populares y socialistas se empeñan con denuedo en seguir pariendo leyes “morales” en Estrasburgo a cual más surrealista. Europa presume ser una “potencia regulatoria” mundial como dice la Von Der Leyen, la mayor representación del mal en la Tierra, por su inutilidad y su inopia, aupada clamorosamente por la mayoría de los europeos en las anteriores elecciones y llevada a hombros por el empresariado europeo como su mejor trofeo woke-climático. Sr. Bonet, no nos haga descojonarnos todavía más, es todo muy loable.