No sé si se le escapó a Pedro Sánchez en su entrevista del lunes por la noche en TVE, pero eso de que los Presupuestos Generales del Estado para 2020 se van a aprobar, no en los próximos cuatro meses como esperaba todo el mundo, sino "antes de que finalice el verano", pinta muy mal para España; justo cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de someter a este país a la mayor rebaja de expectativa de crecimiento de los países desarrollados.
Llevamos dos años tirando con las cuentas que dejó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2018, lo cual, al margen de políticamente impresentable por ser un Presupuesto del PP, es que resulta letal. Letal la falta de inversión pública que conlleva ese nuevo retraso para un Estado que va a crecer al 1,6% del PIB, cuatro décimas menos ¡ojo! de lo que el consenso de los expertos (2%) siempre fijó como umbral a partir del cual nuestra economía comienza a crear empleo, aunque ahora no está tan claro.
Tengo la sensación de que ni el mismo presidente del Gobierno se fía de que su socio clave en la legislatura, la impredecible Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), vaya a aprobar la ley clave para certificar que España ha vuelto a la normalidad. Intuye que, a poco que se complique la situación política en Cataluña -y la entrevista concedida por Oriol Junqueras a El País este sábado ha aumentado la preocupación en ese sentido-, ya no sea operativo presentar el presupuesto 2020.
Sánchez ha aprobado la subida de pensiones y el sueldo de los funcionarios para dar sensación de que España vuelve a la normalidad, pero el prometido Presupuesto seguirá en el aire buena parte de 2020
De hecho, ese "a finales del verano" de Sánchez supone situarse, siquiera mentalmente, en agosto. Pero el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos está obligado por ley a presentar ante las Cortes a 30 de septiembre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado... de 2021; so pena de solapar unas cuentas con otras y acabar de liar más la situación del país.
Medidas populares
Así que no desechemos una nueva prórroga de las cuentas de Montoro. Sí, como lo leen. Lo más importante para el Gobierno y su máximo responsable, subir por decreto las pensiones un 0,9% -con promesa de indexación al alza en abril si el alza de la inflación es mayor-, e incrementar el sueldo de los funcionarios un 2%, ya lo han hecho vía decreto en los dos primeros Consejos de Ministros.
Son medidas populares, cierto, pero también necesarias porque aumentarán el poder adquisitivo de los 2,5 millones de empleados públicos y un poco el de los jubilados; aún así, resultan manifiestamente insuficientes en una España que con el 41,7% de gasto público en 2018, solo por detrás de Francia (56%), Italia (48%) y Alemania (44%), se sitúa a la cabeza de los países de la OCDE con una economía más 'estatalizada'.
El parón en las infraestructuras que ha vivido este país por falta de Presupuesto, por el déficit de financiación de las comunidades autónomas -acaba de tocarles la lotería con las devoluciones a cuenta-, pasando por la caída en el gasto sanitario, educación y dependencia, además de la brutal caída en la investigación pública, acabarán pasándonos factura... Al tiempo.
