Aunque las Elecciones Generales fuesen cuando tocan, en 2020 (“veinte-veinte”, como dice el portavoz, Méndez de Vigo), el tiempo para poder culminar una reforma del sistema electoral de España se antoja escaso. Por razonables que puedan ser las pretensiones de mejorar la proporcionalidad en la distribución de escaños, estamos ante un cambio en las reglas de juego más básicas, establecidas en la propia Constitución.
Así que, tanto la subcomisión Parlamentaria del Congreso como la reunión que mañana van a mantener Ciudadanos y Podemos a la búsqueda de un sistema que no penalice a su electorado, son pasos interesantes ambos y, sin duda, convenientes para traer a la palestra pública un asunto que habrá que modificar, pero no sería razonable pensar que la cosa vaya a avanzar con rapidez.
Un cambio complicado
Al menos sus promotores parecen ser conscientes de que perderían el tiempo del todo si tratasen de modificar la Carta Magna, que es donde se establecen las circunscripciones electorales provinciales. Por esa ruta saben que caminarían solos y que no llegarían a ninguna parte, así que, inteligentemente, se conforman con un cambio en el sistema D´Hont, sancionado en la LOREG y su sustitución por otro modelo de reparto de escaños más proporcional y más conveniente a sus intereses.
Unos intereses consolidados
Intereses que chocan con los que, naturalmente, se han ido creando a lo largo de cuatro décadas en los grandes partidos, y no solo en ellos. PP y PSOE resultan beneficiados del sistema actual y tienen poco o ningún interés en modificarlo, pero también pueden apelar, no sin razones, a la conveniencia de que los ciudadanos de zonas poco pobladas no sufran en su representación política aún más abandono del mucho que ya padecen en otros aspectos. Es una posición que, sin duda, tendrá defensores y no solo desde el bipartidismo.
Lo que aquí es blanco allí es negro
Hay que tener en cuenta otro aspecto; que la desigualdad territorial/poblacional en la elección de parlamentarios también se extiende a las cámaras de las comunidades autónomas y que, de aprobarse el cambio para las Cortes, tendría poca justificación que no se extendiera a todo el país. Ahora se habla mucho de Cataluña, pero mi País Vasco es un ejemplo palmario. Cada territorio (que así se llama a las provincias) elige el mismo número de parlamentarios (25), pese a las grandes diferencias de población entre Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Pero, al contrario que en Cataluña, hacer el Parlamento Vasco más proporcional, reforzaría el peso del electorado más nacionalista y ahí es cuando callan muchos de los que aquí hablan tanto de proporcionalidad pura. Parecido a lo que pasa con el Concierto Económico Vasco, que genera tanta polémica, y con el Navarro, igualico que aquel, pero que -oiga- no genera ninguna.
Necesidad de acuerdo
No puede ser que cuando los independentistas catalanes tratan de cambiar las reglas permanentes que afectan a todos aprovechando una fortaleza parlamentaria puntual se diga que tal cosa es completamente intolerable y abusiva y, sin embargo, se presente como lo más normal del mundo modificar las normas electorales en cuanto se alcanzase un acuerdo de mayoría entre los nuevos partidos y el PSOE.
El acuerdo para modificar una norma tan básica debe ser con ambos: PSOE y PP. Marginar a uno de los dos, singularmente al PP, no es una opción. Posiblemente sea difícil y tedioso lograr un consenso de todos, pero resulta ineludible si no queremos tener la ley electoral permanentemente en discusión.
Una legislatura cogida con alfileres
Por si fuera poco, estamos en una legislatura con un Gobierno en minoría, apoyado por su principal competidor y con necesidad de otras ayudas adicionales. Tenemos un incendio político de primerísimo orden en Cataluña, con consecuencias también en política nacional. Comenzado el año, aún no sabemos si habrá o no presupuestos para 2018 o si iremos a una prórroga. El horizonte electoral “veinte-veinte”, escaso para sacar adelante un cambio electoral de calado, aún puede que se acorte.
De modo que es lógico, y será útil, que en las Cortes se discuta y revise un sistema electoral que ha ido alejándose de la estructura territorial, política y demográfica de España, pero para impulsar de verdad un cambio tan serio hará falta no solo paciencia y consenso sino también una legislatura más sólida, tranquila y previsible que la que padecemos.
