Con el paso del tiempo ha dejado de ser un motivo de preocupación para convertirse en poco más que un chiste recurrente: ministros de los llamados países “frugales” hablan sobre el reparto de fondos europeos (fondos estructurales). Están representados Dinamarca, Suecia, Austria, Países Bajos y Finlandia. La discusión parece atascarse, y uno de los presentes pregunta: “¿Pero de qué país estamos hablando?” “De España”, le responden. “Ah, ok -reacciona el que había preguntado-. A España podemos darle lo que pida, que no se lo va a gastar”.
En mayor o menor medida justificada, esa es nuestra fama. Estamos a la cola de Europa, junto a Italia, en ejecución de las ayudas históricas. De los fondos adjudicados en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de la UE, España solo ejecutó el 40,1%. Son datos del Banco de España. No es de ahora. No es solo este Gobierno el incompetente. Lo fue el de Zapatero; lo fue el de Mariano Rajoy. No se trata únicamente de ineptitud de los responsables políticos, pero sí, y sobre todo, de la prolongada falta de voluntad y ausencia de coraje para cambiar un modelo de gestión que se ha demostrado ineficaz, casi siempre basado en procedimientos que anteponían el control político a la eficiencia y descargaban la responsabilidad final del éxito o el fracaso en una Administración anticuada, envejecida y desbordada.
El actual modelo de gestión, basado en procedimientos que anteponen el control político a la eficiencia y descargan la responsabilidad del éxito en una Administración envejecida y desbordada, se está demostrando altamente ineficaz
Con el instrumento diseñado por la Unión Europea para paliar los efectos del Covid 19, los fondos Next Generation (NGEU), España tenía, y aún tiene, una oportunidad única para cambiar el paso, para, a través de un meditado y consensuado proyecto de modernización, afrontar una verdadera apuesta reformista y poner fin a una dinámica que nos ha convertido en el país europeo que más se ha empobrecido en los últimos años, con un descenso de 1.000 euros del PIB por habitante. Jamás tuvo un Gobierno tan formidable respaldo financiero y tanto plazo para abordar con relativa comodidad las siempre postergadas reformas estructurales: 140.000 millones de euros y tres años sin reglas fiscales. Y sin embargo, se abre paso, a golpe de evidencia, la hipótesis de que, de nuevo, vamos a dejar pasar esta oportunidad.
“Actualmente, la inversión ejecutada directamente por el Ministerio de Transportes o sus entidades vinculadas [ADIF, AENA, Enaire, Renfe…] no alcanza los 500 millones de un total de 7.600 millones de inversión directa contemplada en el Plan. Considerando solo los últimos 12 meses, el ritmo de ejecución es de menos de 40 millones de euros al mes, un ritmo insuficiente”. El entrecomillado no es de FEDEA, no es del Círculo de Empresarios, ni de ninguna entidad privada, sino de un documento interno de propio Ministerio de Transportes (finales de octubre). Otro ejemplo: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Datos de ejecución de los fondos hasta el 30 de septiembre: los pagos realizados ascienden a 6.347 millones de euros, un 22% del total del presupuesto para 2022.
‘España va bien’
Titulares: “La herramienta de control de los fondos, CoFFEE, sigue sin funcionar más de un año y medio después”; “Aviso de los ‘hombres de negro’: los fondos no están llegando a la economía”; “Bruselas vuelve a avisar: sin pensiones sostenibles se recortarán los fondos”; “Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, muy crítica con el atasco de los fondos europeos, enviará a España en febrero una ‘misión’ de eurodiputados para entrevistarse con altos cargos y empresas”. ¿Catastrofismo? La consigna ya no cuela. Pedro Sánchez ha pedido tiempo. ¿Para qué? ¿Dónde está el plan que siente las bases para actualizar el modelo productivo, reducir nuestra desproporcionada dependencia del sector servicios y mejorar nuestros paupérrimos índices de productividad? ¿Dónde el que aproveche las masivas jubilaciones de empleados públicos para diseñar una Administración realmente moderna y eficaz, alejada del enmarañado caos burocrático actual? (De aquí a 2030 se jubilará entre el 35 y el 50% de funcionarios, dependiendo de la administración a la que pertenezcan).
A Sánchez se le acaba el crédito, y la sola propaganda ya no será suficiente para ocultar que Europa no está para rotondas, que Bruselas, para nutrir el fondo de reconstrucción de Ucrania, medita reducir las ayudas a los incumplidores
Pedro Sánchez ha pedido tiempo, y puede que se lo concedan. Pero de nada servirá si no se modifica radicalmente el modelo de gestión, que prima el control político y el calendario electoral. ¿Mucho pedir? Probablemente. Mucho pedir y mucho que corregir: exceso de burocracia, falta de transparencia, sin impacto significativo en la creación de empleo, exceso de propaganda (el cumplimiento de los hitos -el papel lo aguanta todo- no es la ejecución)… Sánchez ha pedido tiempo, pero ¿para qué? ¿Para rectificar o para él? Frugales y no frugales desconfían. La credibilidad de España pierde enteros. Ya hay un informe oficial en los despachos de Bruselas y Frankfurt que enmienda seriamente los presupuestos de 2023; ya ha calado en las capitales europeas la denuncia de una ingeniería contable demasiado original, made in Spain, utilizada para el cálculo del paro y la inflación (Fijos discontinuos que no cuentan como parados y precio de la luz que solo mide el de la tarifa regulada; sin contar el impacto “legal” en la reducción del IPC de las subvenciones a gasolina y gas.).
“España va bien”, proclamó allá por 1997 José María Aznar tras privatizar las empresas estratégicas más importantes del país. “España va bien”, exclama hoy Pedro Sánchez
“España va bien”, proclamó allá por 1997 José María Aznar tras privatizar las empresas estratégicas más importantes del país. “España va bien”, exclama hoy Pedro Sánchez esperando que de tanto repetirlo acabemos por creérnoslo y así llegar sano y salvo a la presidencia española de la UE y a las elecciones generales de 2023. No le será fácil, porque, de no mediar una rectificación en toda regla, la sola propaganda ya no será suficiente para ocultar que Europa no está para rotondas, que Bruselas, para nutrir el fondo de reconstrucción de Ucrania, medita reducir las ayudas a los países incumplidores. Y será entonces, al aproximarnos al punto de no retorno, cuando aparezca el espectro de la que puede acabar siendo la decisión más perversa: retrasar lo inevitable, y que sean otros los que, superada la barrera el 23, asuman el fracaso total o parcial de la gestión de los fondos, que ya no será el fracaso de Sánchez, sino el fracaso negligente de todo un país.
La postdata/ los interinos y el ‘efecto llamada’
“Canarias saca más plazas docentes por concurso de méritos que Andalucía o Madrid”. Así titulaba Canarias 7 la noticia en la que informaba de la convocatoria de “estabilización” para maestros y profesores en aquella comunidad autónoma. 5.113 plazas (frente a las 1.408 de Madrid), de las cuales 3.948 se otorgarán por concurso de méritos, sin necesidad de hacer examen alguno, y 1.165 mediante oposición.
El periódico también se hacía eco de la inquietud existente en el Gobierno Canarias, porque al tratarse de la mayor oferta de estabilización en una comunidad sin lengua cooficial podría producirse un “efecto llamada”. Nos faltaba esto por escuchar. En un concurso en el que la igualdad está garantizada, en el que no hay filtros excluyentes, el miedo de las autoridades es que aspiren al puesto nacionales de otros territorios, quizá mejor preparados, pero también, y esa es la cuestión de fondo, libres de compromisos políticos o simplemente sociales. País.
