Cinco años después tengo pocas dudas de que lo ocurrido en Cataluña el uno de octubre de 2017 fue lo que fue: un atentado de los independentistas contra el “derecho a decidir” que venimos ejercitando desde hace más de cuatro décadas. Intentaron, sin éxito, un proceso destituyente del orden constitucional aprobado por todos los españoles y, por encima de todos, los catalanes, que ratificaron el 6 de diciembre de 1978, con un 90,5% de síes, la Carta Magna que puso fin al enfrentamiento atroz de la Guerra Civil y a cuatro décadas de dictadura franquista.

Aquella fue una historia de éxito… pero español, por eso el nacionalismo/independentismo -tanto monta para el caso que nos ocupa- decidió reescribir la historia a martillazos. Arrancó en el mes de septiembre de 2012 con aquel Artur Mas El Astuto en plena huida hacia adelante debido a los escándalos que asolaban a la extinta CIU. Sin tener lo más mínimo en cuenta que estábamos en ruina económica, a punto de ser rescatados por la Unión Europea, el entonces presidente de la Generalitat trató de chantajear a Mariano Rajoy en La Moncloa con su ”o pacto fiscal o referéndum”.

La respuesta de Rajoy fue la única posible y Mas se la tomó tan mal que dos años después cumplió su amenaza y el nueve de noviembre de 2014 convocaría un primer referéndum ilegal de escasa repercusión internacional. Por eso, años después, ya con Carles Puigdemont a los mandos de la nave el procès pasó a operar a cámara lenta. Para hacer mucho ruido fuera de nuestras fronteras y, sobre todo, hacer(nos) a los españoles más digerible el potaje; algo así como la rana a la que meten en agua fría hasta que acaba cociéndose y muriendo... Acuérdese, lector, de la pretendida ley habilitante aprobada un mes antes del referéndum ilegal del 1-O de 2017 por un Parlament en rebeldía contra el Tribunal Constitucional.

Ver a cualquier autoridad subvertir el orden del que emana su legitimidad es lo más parecido a un intento de sedición, rebelión o golpe, pongan el nombre que más les guste; aunque el 1-O le acompañaran 2,7 millones votando en el fraude de ley

A cualquier observador imparcial ver a una autoridad intentando subvertir el orden del que emana su legitimidad le parece lo más parecido a un intento de sedición, rebelión o golpe… pongan el nombre que más les guste; aunque le acompañarán 2,7 millones de catalanes que decidieron votar, primero, contra quien no lo hizo -los otros cuatro millones que respetaron la ley-, y luego contra el resto hasta 47 millones de españoles; y aunque, reconozcámoslo, las imágenes de los policías apaleando votantes no son de las que España puede sentirse más orgullosa.

Por eso, precisamente, cuesta creer que el PSOE, un partido que se juega buena parte de su futuro cercano en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo en Zamora, Murcia o Canarias, por ejemplo, vaya a jugárselo a la carta de la sedición. O mejor dicho, a una sedición a la carta para aliviar penalmente el futuro del odiado fuera de Cataluña Carles Puigdemont. Digan lo que digan y presionen lo que presionen Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y su líder, Oriol Junqueras.

¿De verdad piensa Pedro Sánchez que la reforma del delito de sedición en el Código Penal, y el enconado y polarizado debate político que va a traer consigo en la calle, es la mejor aportación a la campaña de sus candidatos Óscar Puente a la Alcaldía de Valladolid, Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha; Guillermo Fernández Vara en Extremadura, o Javier Lamban en Aragón, por citar solo algunos? ¿En serio va a dejar que el PP y Alberto Núñez Feijóo le cuelguen el sambenito de que quiere excarcelar a Puigdemont para seguir ”como sea” en La Moncloa? ¿A menos de un año de elecciones generales?

Imagínense lo que tiene que estar pasando por la cabeza de Lamban, Page o Vara, si tienen que ir a las urnas explicando a sus paisanos que Puigdemont no solo ha chuleado a la Justicia durante cinco años sino que ahora el Gobierno quiere ponerle alfombra roja

Sinceramente, no acabo de verlo, pero lo cierto es que escuchando la subasta de penas en los medios afines al independentismo y ¡ojo! leyendo informaciones que salen, seguro, de algún despacho de La Moncloa -se habla de rebajar los actuales 15 años de cárcel a seis- solo cabe concluir que el único objetivo es beneficiar penalmente, cuando vuelvan a España, al huido ex president, a sus consejeros, y a Marta Rovira, de ERC, que anda también fugada por Suiza.

Imposible de digerir para unos barones y alcaldes socialistas a los que ya no les llegaba la camisa al cuerpo antes de toda esta zarabanda de la sedición y el revival de Puigdemont en los informativos de esta semana; el partido viene de un verano duro, después de ver cómo el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla se hacía con mayoría absoluta en el que hasta ahora había sido su feudo durante cuarenta años, Andalucía.

Imagínense, por un momento, lo que tiene que estar pasando por la cabeza de un Lamban, un Page o un Vara, si finalmente tienen que explicar a sus paisanos que Puigdemont no solo ha estado chuleando a la Justicia española durante estos cinco años de huida en Waterloo (Bélgica) sino que ahora el Gobierno, su gobierno, el de su partido, el PSOE se propone modificar el Código Penal para ponerle alfombra roja si vuelve… no me gustaría estar en su pellejo. Un consejo: compren palomitas.

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