Parece que el viernes pasado se alcanzó un acuerdo entre los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, MJ Montero y Yolanda Díaz, vicepresidentas primera y segunda del Gobierno de Sánchez, para que ningún perceptor del SMI tenga que tributar en el IRPF correspondiente a 2025 que tocará declarar el año que viene, de acuerdo a lo trascendido en los medios.

Vaya por delante que yo ya me manifesté respecto a que en la polémica entre las dos vices la razón asistía básicamente a la ministra de Trabajo, aunque ella no supiera por qué. Lo digo así porque el principal motivo para que el aumento del SMI no tribute en el IRPF trae su causa en una cuestión monetaria dado que de los 700 euros en los que se ha aumentado, dos terceras partes no suponen más que la estricta actualización de su montante a la inflación habida en 2024. Siendo así, hacer tributar a los perceptores del SMI por el aumento en cuestión supondría que, hablando en términos reales -no monetarios- se les haría tributar por unos ingresos que antes no tributaban. Ergo, que en los citados términos reales se les estaría subiendo el IRPF.

Esta deducción supondrá, de hecho, dejar sin tributar los 700 euros en los que ha crecido el SMI. Si finalmente se hace así, estaremos ante una nueva chapuza en el IRPF. Y ¡ojo!, también ante una nueva injusticia

Se ha publicado que la solución pactada para acabar con el conflicto entre las dos primeras autoridades del Gobierno de Sánchez, después de él mismo, consiste en establecer una deducción en el IRPF de 2025 para aquellos perceptores del SMI que pudieran verse afectados por someter el aumento a tributación. Con ella se buscaría contrarrestar o dejar materialmente sin efecto la subida tributaria que inicialmente se les provocase. Para una mejor explicación conviene centrar cuantitativamente la cuestión. Con el aumento del SMI, éste ha quedado establecido para 2025 en 16.576 euros, 14 pagas de 1.184 euros, en tanto que el mínimo exento del IRPF para aquellos contribuyentes que no tengan hijos, ni estando casados su cónyuge no tenga ingresos superiores a 1.500 euros, se mantiene en 15.876 euros. Como de los 2,4 millones de perceptores del SMI son aproximadamente un 20% aquellos en los que concurren las condiciones citadas, serían del orden de medio millón los que deberán tributar en el IRPF por los 700 euros de diferencia que hay entre el nuevo SMI -16.576 euros- y el importe de su mínimo exento individual en el IRPF -15.876 euros-.

A partir de las cifras expuestas, la solución que parece haber finalizado la disputa entre MJ Montero y Yolanda Díaz consiste en crear una deducción en el IRPF-2025 para ese medio millón de perceptores del SMI, y solo para ellos, de aproximadamente 135 euros, si bien el importe debería variar según la Comunidad Autónoma de residencia debido a las diferentes tarifas autonómicas del impuesto. Esta deducción supondrá, de hecho, dejar sin tributar los 700 euros en los que ha crecido el SMI. Si finalmente se hace así, estaremos ante una nueva chapuza en el IRPF. Y ¡ojo!, también ante una nueva injusticia.

Es una chapuza, sí, porque carece de sentido jurídico, económico y tributario establecer una deducción solo temporal o prevista para solo un periodo impositivo -2.025- con el fin de atender a una circunstancia que no lo es. En efecto, si como parece por su conducta en el caso, el Ministerio de Hacienda se propone que de aquí en adelante el mínimo exento del IRPF sea inferior al SMI, es evidente que el problema que ha encendido ahora la sensibilidad de Yolanda Díaz se va a reproducir año tras año. Aplicar una solución ahora y dejar abierta la cuestión para después es una actitud que solo casa con el peculiar modo aplicado por MJ Montero para gestionar las competencias de su Ministerio. Pero la chapuza que se proyecta supone también una clara injusticia. Para percibirla, basta con comparar los efectos de esa posible solución para los diferentes grupos de contribuyentes del IRPF.

Considerando solo a los destinatarios de las pensiones de jubilación que paga la Seguridad Social, serán 3,5 millones los pensionistas -aquellos cuya pensión supera los 16.576 euros- que van a pagar en el IRPF-2025 los 135 euros que no pagarán los perceptores del SMI

Empecemos por los pensionistas. Ninguno de ellos va a ser exonerado de tributar por los 700 euros de su pensión que estén comprendidos entre 15.876 y 16.576 euros por lo que sufrirán una injusticia comparativa frente al medio millón de perceptores del SMI afectados. Considerando solo a los destinatarios de las pensiones de jubilación que paga la Seguridad Social, serán 3,5 millones los pensionistas -aquellos cuya pensión supera los 16.576 euros- que van a pagar en el IRPF-2025 los 135 euros que no pagarán los perceptores del SMI. Y a esos 3,5 millones de euros deben sumarse los que percibiendo una pensión de viudedad, de orfandad, o de incapacidad -1,9 millones de pensionistas entre los tres grupos- superen en la cuantía de su pensión los 16.576 euros. También todos aquellos pensionistas del sistema de Clases Pasivas -0,7 millones- con pensión superior a la reseñada cifra. De manera que, estimando más que prudentemente, habrá cerca de 4 millones de pensionistas que serán comparativamente maltratados por ser excluidos del derecho a la deducción que se establezca solo para medio millón de perceptores del SMI.

Sigamos con los autonomos cuyo número en España asciende a 3,3 millones. Según diversas publicaciones al menos el 25% de ellos obtienen ingresos superiores a 16.576 euros lo que supone que como poco hay 825.000 autónomos que serán perjudicados, comparativamente hablando, con el 20% de perceptores del SMI que tendrán derecho a la nueva deducción. De modo que, considerando exclusivamente a pensionistas y a autónomos, casi 5 millones de contribuyentes españoles serán agraviados por no tener derecho a la futura deducción de 135 euros que se establecerá exclusivamente para medio millón de perceptores del SMI.

Y, en realidad, serán todos los contribuyentes del IRPF cuyos ingresos superen los 16.576 euros los que resulten comparativamente agraviados frente al medio millón de perceptores del SMI para los que se creará una deducción ex profesa en el impuesto. Éstos tendrán excluidos de tributación 700 euros y el resto de los contribuyentes, no. Para ellos se establecerá una deducción en la cuota de 135 euros y para los demás, no. La injusticia es manifiesta.

Quede claro que está lejos de mi intención pretender o propugnar que en el IRPF se someta a tributación el aumento del SMI. Ya expuse que no debe ser así pues, en gran medida, el incremento es solo una actualización monetaria para adecuar su importe en función del ritmo de la depreciación de la moneda. Pero la injusticia comparativa provocada al resto de los contribuyentes pone de relieve lo inadecuado de la medida. Injusticia que debiera resolverse sustituyendo la chapuza pactada entre MJ Montero y Yolanda Díaz por la elevación del mínimo exento con carácter general pues la inflación afecta a todos, no a unos pocos. No lo va a hacer así el Ministerio de Hacienda pues ya sabemos que sus actuales dirigentes no tienen otro objetivo que recaudar más sí o sí sin atender a razones de justicia, de legalidad, legitimidad o de ética. Ellos solo quieren aumentar la recaudación como sea, justa o injustamente, legal o ilegalmente, legítima o ilegítimamente, con ética o sin ella. En definitiva, recaudar más por lo civil o por lo criminal.

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