El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado los recursos planteados por Vox a las decisiones de las Subdelegaciones del Gobierno de prohibir manifestaciones en forma de caravana de vehículos el próximo 23 de mayo y ha reconocido el derecho de este partido a llevar a cabo estas protestas.
El TSJCyL entiende que el derecho fundamental de manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, no está suspendido por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, y que la situación de salud pública alegada por la Administración en el momento actual no justifica esa prohibición.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal autonómico con sede en Valladolid, al estimar los recursos interpuestos por Vox, ha declarado nulas las resoluciones de las Subdelegaciones del Gobierno en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora que prohibían estas manifestaciones, ha informado este jueves fuentes del TSJCyL.
#COVID19 El #TSJ de #CyL estima los recursos de @vox_es y declara nulas las resoluciones de las Subdelegaciones del #Gobierno que prohibían las #manifestaciones convocadas el 23 de mayo mediante caravanas de vehículos. El Tribunal reconoce el #derecho del partido a manifestarse.
— TSJ Castilla y León (@TSJCyL) May 21, 2020
Vox ha convocado protestas en forma de caravana, con vehículos cerrados particulares y motocicletas o bicicletas, para el próximo día 23 de mayo en cada una de estas ciudades.
Sobre la situación actual de salud pública, el TSJCyL ha tenido en cuenta para admitir las manifestaciones la escasa duración de las protestas previstas, de 12 a 12.30 horas.
Además, la Sala señala que en otras ciudades españolas no se han prohibido otras manifestaciones convocadas también para el día 23 de mayo por dicho partido político y que la Junta de Castilla y León ya ha propuesto que todas las capitales de provincia de esta comunidad pasen a la fase 1 de las desescalada.
También ha indicado que los participantes en esas manifestaciones deben adoptar las correspondientes garantías de seguridad sanitarias y, entre ellas, el uso de mascarillas, obligatorio ya en los lugares públicos.
